Aportaciones vascas a la necesaria reforma fiscal

Poco tiene que ver la España de hoy con la que recibió -en unos casos, con temor; en otros, con expectación y esperanza- la reforma fiscal que avaló el entonces ministro económico, Francisco Fernández Ordóñez. Una docena de años después, el Estado se ha configurado como un mosaico de autonomías apoyado en ¡una Constitución y unos estatutos que definen un conglomerado de tres administraciones tributarias (la general, la vasca y la navarra) sin fronteras fiscales, un ejemplo a escala de la realidad en que se convertirá Europa a partir de 1993.La primera obligación de cualquier institución pública debe ser respetar y cumplir a rajatabla la legalidad en curso. A nadie le debe temblar el pulso, por tanto, a la hora de aplicar esa realidad y legalidad tributaria que hoy vive España. Por eso, los vascos, en prueba de ese afán de colaboración que consagra nuestro concierto económico con Madrid, ofrecemos algunos apuntes de lo que debe ser esa reforma fiscal improrrogable para nuestra sociedad.

Tres rasgos definen hoy el comportamiento y situación de las haciendas públicas: el intenso crecimiento del gasto público en los últimos años, el incremento de la imposición y recaudación y la generalización del déficit publico. En España se ha priorizado la política monetaria frente a la fiscal. Sin embargo, y aunque desde 1985 esta política se ha aplicado en un contexto económico favorable, es innegable que hoy ha agotado sus posibilidades, sobre todo después de la entrada de la peseta en el Sistema Monetario Europeo.

Por otro lado, la política de rentas aplicada hasta ahora con carácter complementario y subordinado a lo monetario comienza a producir un repunte de la espiral precios-salarios. Salpicando de gotas de humor este negro panorama podría decirse que lo que Chaves nos aumenta en la nómina con la mano izquierda, nos lo quita Rubio con la derecha en forma de intereses.

Las declaraciones del ministro del ramo en el sentido de que se persigue reducir el déficit público mediante emisiones de deuda sin monetarizarla, y continuando, a la vez, con una política monetaria restrictiva, puede provocar la expulsión del sector privado de la economía, a la vez que medra el sector público.

El cuadro que se presenta no es sencillo. Eso hace necesario desplazar el discurso ideológico hacia el redescubrimiento de la política fiscal para utilizar gastos, ingresos y deuda pública corno instrumentos de estabilización económica. Y es que en economías abiertas, con tipos de cambio fijos y gran movilidad de capital, la política monetaria no es suficiente para alcanzar el pleno empleo y el equilibrio exterior.

La necesidad de reformar la estructura impositiva actual, especialmente la directa, es obvia. Ahora bien, no debe caerse en la tentación de modificar un solo impuesto, sino enfrentar el concepto de financiación global impositiva. Por expresarlo en romas paladino: en toda reforma fiscal, la cuestión es delimitar cuantos recursos privados hay que trasladar al sector público para que éste lleve a cabo su actividad respetando los principios generales de equidad, o, lo que es lo mismo, gravar igual a los iguales y más o menos a los que demuestren mayor o menor capacidad económica. La reforma no puede olvidar ni las nuevas orientaciones de la teoría impositiva ni el proceso de armonización fiscal europea. Es preciso recordar que la internacionalización de la economía obliga a adaptarse a una realidad que en el caso de la tributación de rentas de capital con libre circulación es preocupante.

Por otro lado, es evidente que, en un Estado autonómico, los ingresos tributarios tienen que limitar el poder estatal, descentralizando el sector público para fomentar la competencia entre administraciones y facilitar así a los ciudadanos el voto con los pies. Si las comunidades autónomas dispusieran de autonomía en ingresos y gastos podrían ajustar los servicios públicos a las necesidades ciudadanas.

En este contexto, en el que la imposición directa es, en sustancia, la protagonista de una reforma fiscal que acabe con el parcheo que actualmente padecemos, la Hacienda vasca propone, a modo de reflexión, algunas líneas maestras.

A la hora de abordar una reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) es preciso insistir, como primera premisa, en la necesaria mejora de la gestión y de los sistemas informáticos y en la simplificación de las obligaciones fiscales. Ello no hará sino dotar al sistema de mayor transparencia.

Para la Hacienda vasca es evidente que hay que simplificar y reducir tipos impositivos, con reducción de tipos marginales que puedan ser un desestímulo al trabajo y al ahorro. Además es necesario reducir el número de tramos de tarifa. No podemos soportar los actuales 17 mientras, por ejemplo, en el Reino Unido sólo hay tres.

El nuevo IRPF debe neutralizar el efecto tributario de la inflación, resolver la acumulación de las rentas vía splitting, ampliar la base imponible reduciendo especificidades y aplicar la reducción de beneficios fiscales a la bajada de tipos.

Doble imposición

Además, el impuesto tiene que tratar de forma adecuada las rentas de capital como método para fomentar el ahorro popular, eximiendo los rendimientos de capital mobiliario de pequeña cuantía, y debe gravar las plusvalías a corto plazo, las especulativas, y favorecer las de largo plazo y las derivadas de rentas de vivienda habitual. Seria interesante asimismo cambiar la tributación de los no residentes e integrar IRPF e impuesto sobre sociedades en cuanto a la eliminación de la doble imposición por dividendos.

El impuesto sobre sociedades, el otro pilar de la imposición directa, también debe experimentar cambios sustanciales. Además de corregir la doble imposición sobre dividendos tiene que armonizarse con las tendencias europeas a la hora de determinar la base imponible, haciendo especial incidencia en el acercamiento de las cotizaciones sociales de nuestras empresas a las firmas europeas, inferiores en un 40% a las españolas.

La reforma no puede olvidar la regulación de balances (la inflación es ignorada desde la última revisión de 1983), tiene que aplicar la normativa europea sobre fusiones y grupos, fomentar la exportación mediante incentivos, incluir un estatuto fiscal para las cooperativas, y mantener, por ahora, los estímulos a la creación de empleo.

En cuanto al impuesto sobre el patrimonio, es hora de definir si pretendemos un impuesto censal y recaudatorio, y sobre todo es fundamental establecer un criterio de valoración que sirva de guía para el resto de los impuestos que conforman nuestro sistema.

Sobre la imposición indirecta, por fin, la reforma también debe introducir cambios. La tradicional crítica de que imposición indirecta e injusticia es lo mismo no se sostiene. El IVA puede ser un impuesto progresivo si se discrimina mediante diferentes tipos los bienes de consumo de alto standing. Por otra parte, el mercado único va a introducir problemas, y serios, en la gestión del IVA. En este aspecto, País Vasco y Administración central pueden ofrecer a Europa su propia experiencia, cimentada a partir de 1986 en una adaptación del concierto económico que determina perfectamente qué parte del impuesto corresponde a cada Administración. En la imposición indirecta, de cualquier forma, será preciso que la reforma fiscal española siga las propuestas de la Comisión Europea si quiere avanzar armonizando bases imponibles y tipos impositivos.

En resumen, y desde Euskadi, se propone una reforma que pivote en la imposición directa sobre IRPF y sociedades y una imposición indirecta que siga con fidelidad las directrices europeas.