El rey de todos los católicos belgas
LA ACTITUD del rey Balduino de Bélgica al decidir una dimisión de 36 horas para evitar tener que sancionar la ley sobre la despenalización del aborto es del todo cuestionable. La monarquía tiene su razón de ser y su justificación histórica en el servicio a la voluntad de todo un pueblo. Al pedir la declaración de "incapacidad para reinar" que prevé el artículo 82 de la Constitución -aplicado una única vez, cuando el padre del actual monarca estuvo preso de las fuerzas alemanas de ocupación durante la II Guerra Mundial-, Balduino lo ha hecho pervirtiendo el objetivo perseguido por aquélla: defender al símbolo del país, y no los sentimientos personales de quien lo encarna.Todo en Bélgica, desde la frágil estructura del Estado hasta las cláusulas de conciencia aplicables al rey o a los ciudadanos, es fruto de complicados compromisos que se mantienen mientras no se abuse de ellos. Negarse a sancionar una ley que cuenta con el apoyo mayoritario de la ciudadanía rompe necesaríamente la trama de relaciones entre el soberano y su pueblo y plantea un grave interrogante: ¿puede un rey, que está en desacuerdo con sus súbditos seguirlos representando y arbitrando?
Los poderes de la monarquía belga son muy limitados. Los dos fundamentales son la sanción de las leyes y la consulta para la formación de Gobierno. La renuncia temporal de Balduino no sólo ha erosionado estas dos prerrogativas que son símbolo del arbitraje real, sino que ha estimulado las lógicas voces prorrepublicanas de quienes aseguran que se es jefe del Estado en las duras y en las maduras. Si el rey de los belgas las perdiera como consecuencia de sus escrúpulos, pondría en peligro la existencia misma de la corona. Arriesgaría aún más: la desintegración de Bélgica en varios miniestados siguiendo una línea de rencillas lingüísticas cada vez más exacerbadas.
El rey Balduino es ya el único que parece capaz de impedir que Bélgica salte hecha pedazos. Por tanto, su responsabilidad hoy va mucho más lejos que el cargo de conciencia que le produce sancionar una ley por la que se autoriza a una mujer a prescindir de su embarazo cuando sabe que arriesga gravemente la propia vida.
