El nuevo Senado

LOS CONSTITUYENTES atribuyeron a Senado la función básica de Cámara de segunda lectura y perfeccionamiento de las leyes elaboradas por el Congreso de los Diputados. Doce años después de su creación, tal función se ha demostrado en general irrelevante y el Senado es una Cámara que languidece. Hubo voces que se alzaron durante el debate constitucional reclamando un Senado al modo del Bundesrat alemán, de vocación territorial; ahora está ya claro para todos que uno de los defectos básicos del Estado de las autonomías es precisamente la ausencia de esta Cámara de representación territorial, en la que, como dice el lenguaje jurídico-político al uso, las comunidades autónomas puedan participar en la formación de la voluntad del Estado.La reforma del reglamento que ahora se inicia, apoyada por la mayoría de los grupos parlamentarlos, es un intento de insuflar un hálito de vida a una institución cuya desaparición nadie podría lamentar en demasía y también un intento de superar un problema constitucional en la consolidación del sistema autonómico. La pretensión de convertir el Senado en Cámara de representación territorial choca, sin embargo, contra la lógica del sistema electoral español, porque los senadores no representan a las 17 comunidades autónomas, sino a las 52 provincias. Este obstáculo sólo puede salvarse mediante una reforma de la Constitución. Las principales fuerzas políticas se han negado hasta ahora a emprender la vía de la reforma constitucional. Razones no les han faltado. En la memoria están las reticencias del Partido Popular (PP) al título VIII de la Constitución, aunque la estrategia centrista puesta en práctica por el PP en su congreso de Sevilla, unido a la nueva sensibilidad autonómica de Fraga al frente del Gobierno de Galicia, parece suponer una conversión de los populares al modelo constitucional de las autonomías. Y, aunque acotado a la cuestión del reconocimiento de los derechos históricos del País Vasco, todavía está pendiente la aceptación de la Constitución por el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

La pretensión de los socialistas en la reforma del reglamento del Senado es crear una gran comisión de autonomías, integrada por unas 70 u 80 personas, entre las que figurarían los senadores designados por los parlamentos autónomos y representantes de los respectivos Gobiernos, en la que se debatirían todos los proyectos de ley que afecten a las comunidades autónomas. En esta comisión se utilizarían ya los idiomas catalán, gallego y vascuence, además del castellano. La manifestación de pluralismo cultural y nacional de España tendría ahí una sonora y simbólica referencia en una de las instituciones centrales del Estado.

Para que esta reforma del Senado llegue a buen puerto se necesita la colaboración efectiva de todos los Ejecutivos autónomos y del propio Gobierno. Sólo podrá hablarse de éxito si los Gobiernos autonómos están efectivamente dispuestos a acudir a los debates en el Senado y a tomar allí compromisos políticos de envergadura. Si esta vía se demuestra eficaz, se podrá pensar en la reforma del Senado por la vía constitucional. Convergència i Unió, Izquierda Unida y el PNV ya han indicado que ésta es su voluntad. La reforma de la Constitución, sin embargo, sólo debería emprenderse si existe un consenso previo sobre su alcance, equivalente al que se produjo para la aprobación de la Carta Magna, y un acuerdo sobre el modelo autonómico español. No se puede iniciar un simple retoque reglamentarlo que cristalice en fórmulas que no respondan a este modelo. Cuando un partido propone, por ejemplo, que los senadores se agrupen por su origen territorial y no por su afinidad ideológica, confunde el modelo alemán (donde los Gobiernos autónomos están representados en el Senado) con el actual sistema español. Romper el modelo supone una modificación constitucional a la que no debe llegarse sin la previa conformidad de los grupos presentes en la Cámara y sin que alguien pretenda aprovecharla para fines distintos de los previstos.