El transporte de Madrid

LA HUELGA con que los trabajadores de la Plataforma Sindical de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) vienen dejando sin autobuses públicos a los madrileños desde hace 19 días -sobre todo, a los que viven en los barrios periféricos y carecen de la alternativa del servicio del metro, es decir, a los económicamente menos favorecidos- no es sólo un asunto estrictamente sindical en cuanto cuestiona el actual modelo de relaciones laborales dominado por las centrales mayoritarias. También plantea en toda su crudeza un problema social que los poderes públicos y las propias organizaciones sindicales no pueden dejar de solucionar cuanto antes: la necesidad de evitar el abandono de los ciudadanos en los supuestos de huelga en los servicios públicos.La primera cuestión atañe exclusivamente a los sindicatos, que deberán analizar cómo una agrupación de trabajadores no representada en el cómite de empresa logra alzarse con el santo y la limosna, desborda a las centrales representativas e impone en la práctica la voluntad de quienes la apoyan. Sin duda, en el estallido de este conflicto tiene su parte de culpa una gestión de la EMT que durante años ha ido erosionando el nivel salarial de los trabajadores, y de la que no se puede responsabilizar al actual alcalde, sino a las anteriores administraciones locales.

La solución se puede vislumbrar con la votación en el referéndum convocado por las centrales sindicales, con propuestas negociadas y que en gran medida coinciden con los motivos del conflicto, entre otros la recuperación progresiva del poder adquisitivo de los asalariados de la EMT. El emplazamiento a una consulta paralela de la Plataforma Sindical no sirve sino para aumentar la confusión. Es legítimo pedir a los trabajadores de la EMT que se pronuncien con todas las garantías -es decir, con votación secreta y no a mano alzada- sobre un conflicto que afecta a los madrileños desde hace casi tres semanas. Pero mientras éste se resuelve -y es sospechoso el maximalismo con que quienes promueven la huelga obstruyen una salida razonable- queda pendiente la prestación de los servicios públicos esenciales, de los que los ciudadanos llevan privados casi tres semanas, al no existir ni servicios mínimos.

Una cuestión de la cual no pueden abdicar los poderes públicos mientras se llega a un pacto definitivo sobre la autorregulación de la huelga, contenido en la Propuesta Sindical Prioritaria, de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, seguramente con el objetivo de evitar una ley de huelga restrictiva.