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Adolfo Guerra elude su comparecencia ante una juez de instrucción en Sevilla

Adolfo Guerra González, hermano del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, no acudió ayer a declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Rosalía Fernández Alaya, quien lo había citado en relación con una querella presentada por el concejal sevillano del Partido Andalucista (PA) José Antonio Huertado por un presunto delito de injurias. Por otro lado, el diputado del PA Alejandro Rojas Marcos solicitó la comparecencita parlamentaria del delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Garrido, para que informe sobre las actividades de Juan Guerra.

Rosalía Fernández Alaya afirmó ayer que Adolfo Guerra 1'tenía perfecto conocimiento de la citación para el día de hoy y de la hora". Según la juez de instrucción, "el único problema que ha existido es el de la citación personal, porque no pudo ser localizado y se le envió un telegrama al domicilio que teníamos suyo en Gines (Sevilla)".No obstante, Rosalía Fernández indicó que después de acordarse la citación, el abogado y el procurador de Adolfo Guerra se personaron en el juzgado y estaban perfectamente informados de la misma. La juez volverá a citar a Adolfo Guerra la próxima semana y en caso de que no compareciese será ordenada "su localización y presentación" ante el juzgado. La citación podría fijarse para el próximo martes día 27.

La querella presentada por José Antonio Hurtado tuvo su origen en una citación efectuada a Adolfo Guerra por la Comisión de Investigación de Tráfico de Influencias del Ayuntamiento de Sevilla, que fue contestada por el hermano del vicepresidente del Gobierno con los calificativos de "imbéciles y caricatos" para los integrantes de la comisión.

Por su parte, Alejandro Rojas Marcos, diputado y concejal del PA, solicitó ayer la comparecencia de Alfonso Garrido ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados.

En opinión de Rojas Marcos, Alfonso Garrido es la persona que puede aclarar las actividades de Juan Guerra en el despacho de la Delegación del Gobierno durante el período comprendido entre mayo de 1983 y enero de 1988, fechas en las que no se llevó al corriente el libro de registro de visitas a las citadas dependencias. Rojas Marcos indicó: "Tenemos que buscar responsabilidades políticas".

En esta semana está previsto que Juan Guerra sea llamado a declarar por el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, Alfredo Flores. Flores prevé terminar la primera fase del expediente abierto en un plazo máximo de 10 o 12 días y anuncio que inmediatamente se abrirá una segunda fase.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de marzo de 1990

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