Las compañías de seguros empiezan a limitar la suscripción de pólizas para coches usados

Las compañías de seguros que operan en el ramo de automóviles han empezado a limitar de forma drástica la suscripción de nuevas pólizas para vehículos de segunda mano. Los problemas económicos por los que atraviesan estas aseguradoras, como consecuencia de los cada vez más elevados índices de siniestralidad, las crecientes indemnizaciones judiciales y el progresivo aumento de los costes de las reparaciones, unidos al temor de que la entrada de nuevos clientes termine por deteriorar la calidad del servicio que prestan, han llevado a muchas compañías a replantear su estrategia de crecimiento, basada históricamente en este ramo.

Frente a las compañías que lisa y llanamente están negándose a asegurar cualquier coche de segunda mano a nombre de una persona que no sea cliente suyo, la mayor parte de las aseguradoras se ha decidido por plantear una política restrictiva, consistente en fijar condiciones que limitan la suscripción de nuevas pólizas.El criterio general transmitido por las empresas a los responsables de sus diferentes departamentos de producción, es muy sencillo: no se debe asegurar a todo riesgo ningún vehículo usado que posea una antigüedad superior a tres años. En cuanto a los seguros a terceros sobre este tipo de coches, el planteamiento que se sigue es no contratar sí el automóvil cuenta con más de 10 años y no ha pasado la inspección técnica de vehículos (ITV).'Limpiar' la cartera

La razón fundamental que se esgrime para justificar la existencia de esas limitaciones, es la necesidad que tienen la mayoría de las compañías aseguradoras de limpiar su cartera de los llamados clientes de alto riesgo, en un momento en que la tasa media de siniestralidad se encuentra entorno a un 86%. En otros términos, que de cada 100 pesetas que ingresan las compañías éstas deben pagar una media de 86 pesetas en concepto reparación de siniestros. A esa cifra deben sumarse, además, los gastos de gestión y las comisiones a los agentes.En el marco de esa política de limpieza de cartera, algunas compañías están haciendo valer las cláusulas que de manera prácticamente generalizada se contienen en los contratos de los seguros de automóviles y, en concreto, aquella que otorga una facultad discrecional a las compañías para poder anula. unilateralmente la póliza después de que se haya producido un siniestro.A falta de otros sistemas, como es, por ejemplo, el certificado de siniestros, exigido en otros países para formalizar la póliza de un coche usado en una compañía distinta a la original una vez que se conoce qué tipo de cliente es el posible tomador del seguro, en España ciertas compañías parten de la presunción de que cuando una persona quiere suscribir un seguro en una empresa diferente a la que se encontraba, es porque ésta no considera que el cliente sea merecedor de ser integrado en la compañía.

Para intentar clarificar esta situación, un total de 42 aseguradoras decidieron crear a finales del pasado año el Fichero Informativo de Automóviles (FIA), cuya puesta en marcha está tropezando con más dificultades de las que inicialmente se han previsto. El FIA pretende ser una base de datos nutrida con la información facilitada por cada una de las compañías partícipes. Esos datos girarían en torno al vehículo, contrastados con el nombre y fecha de nacimiento del asegurado, así como del conductor habitual.La información que recibiría el fichero giraría básicamente en torno a las pólizas anuladas y/o penalizadas por exceso de siniestralidad, así como los vehículos anulados.Fraude

El objetivo del FIA, según sus promotores, es doble. En primer término, "para administrar mejor la solidaridad confiada por los asegurados a sus respectivas compañías, por la vía de las primas de seguro que satisfacen, y así redistribuirla de forma más equitativa". Junto a ello, el segundo de los objetivos es favorecer una drástica reducción del fraude por simulación de robo del vehículo o de sus accesorios.

Con el mencionado fichero, en definitiva, lo que se pretende es tener localizados a los peores clientes de las aseguradoras, es decir, los que provocan mayor número de siniestros, con el consiguiente perjuicio para el resto del colectivo asegurado. Una vez localizados, se trataría de fijar el sistema en virtud del cual ese cliente pague lo que realmente le corresponde.