Desde la indiginación

EL ÚNICO responsable del asesinato del funcionario de prisiones Ángel Mota es ETA, y las circunstancias en que se produjo -cuando la víctima se encontraba con su hijo de seis meses en una calle de San Sebastián- hacen sumamente que alguna medida de seguridad pudiera haberlo evitado. Eligiendo el lugar y la hora, ETA mata siempre a personas indefensas. Esta evidencia ni debe llevar a la resignación ante la aparente inevitabilidad de los actos criminales ni es contradictoria con la imperiosa exigencia de que quienes se han convertido en objetivo específico de la acción terrorista de ETA estén protegidos en su trabajo con las máximas medidas de seguridad posibles. De esta actitud dieron ayer ejemplo los jueces y el personal de la Audiencia de San Sebastián manifestando su solidaridad con los funcionarios de prisiones y su repulsa ante el nuevo crimen de ETA.La huelga protagonizada ayer, desde la indignación, por los funcionarios de prisiones es comprensible. No sólo por que expresa de una forma pública su dolor y solidaridad ante el alevoso asesinato de un compañero; también, porque constituye una seria llamada a la Administración penitenciaria para que asuma su cuota de responsabilidad en la protección de sus trabajadores, tanto en el interior de las prisiones como fuera de ellas. A raíz del asesinato en agosto pasado de la madre de un funcionario mediante el envío de un paquete bomba dirigido a su hijo, la Administración penitenciaria y los sindicatos de prisiones acordaron la adopción de una serÍle de medidas de protección. Pues bien, las más significativas, que afectan a la seguridad electrónica, a la vigilancia exterior de las cárceles y a las garantías en el traslado de los funcionarios entre su domicilio y el centro de trabajo, siguen sin cumplirse seis meses después. Según el ministerio, porque su financiación no ha sido posible por el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Un discutible motivo si se tiene en cuenta la gravedad de la amenaza terrorista que pretende quebrar la política de dispersión de los 500 presos de ETA recluidos en las cárceles españolas.

Los sindicatos de prisiones tienen la razón al exigir el cumplimiento inmediato de las medidas de seguridad acordadas hace seis meses. Pero algunos de ellos -y es el caso concreto de la Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios (CSIF) y de la Unión de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (UFIP)- actúan con ligereza cuando mezclan estas legítimas reivindicaciones sindicales con cuestionamientos públicos de la política antiterrorista del Gobierno. Tal opinión equivale a caer en la provocación deliberadamente planteada por ETA con el objetivo de inducir a los funcionarios de prisiones a oponerse a la actual política de dispersión de los terroristas presos y neutralizar la participación que les corresponde en su aplicación.