El conflicto entre los talleres y la Mutua Madrileña se resuelve hoy con una subida media de tarifas del 24,5%
Representantes de la Mutua Madrileña Automovilista y de la Asociación de Concesionarios de Automóviles Intermarcas de Madrid (Acima) podrían hoy poner punto final al conflicto que desde hace algunas semanas les enfrenta, y que tiene su origen en las diferencias de criterio sobre el precio de la mano de obra en las reparaciones que deben cobrar en 1990. La oferta realizada por la aseguradora de proceder a un incremento medio ponderado de las tarifas del 24,5% -cuyo coste se estima en unos 3.500 millones de pesetas- parece que va a ser definitiva para suscribir el acuerdo.
La sede de la Unión de Consumidores de España (UCE), sita en la madrileña calle de Príncipe de Vergara, es el lugar escogido para aproximar posiciones y, en su caso, suscribir un acuerdo base que ponga fin a las hostilidades entre los concesionarios madrileños de automóviles y la compañía aseguradora.El acercamiento -propiciado tras la mediación de la UCE- ha sido posible después de que cada una de las partes en litigio haya renunciado a alguna de sus respectivas posiciones. Así, mientras que ACIMA se ha comprometido a retirar el llamado Documento base para la negociación con aseguradoras, de octubre de 1989, Mutua Madrileña ha hecho lo mismo con relación a su decisión de no asegurar vehículos de la marca Ford.
Mecanismo corrector
La oferta de un incremento medio de las tarifas del 24,5%, así como la fijación de un mecanismo corrector anual, basado en el índice de precios al consumo (IPC) general, han sido dos factores más que han distendido un clima progresivamente más enrarecido.
Pese a ese mecanismo corrector, ambas partes parecen dispuestas a someterse al arbitraje del Ministerio de Economía o de Industria, en el caso de que se produzcan divergencias, de tal forma que sea uno de esos dos ministerios el que establezca un índice referencial para el sector.
Otro de los principios que inspira el principio de acuerdo alcanzado entre concesionarios y Mutua Madrileña es el de libre competencia y el de libre mercado, de modo que, una vez desbloqueada la situación con ACIMA, los acuerdos habrán de lograrse de forma particular, sin perjuicio de que esa asociación haga uso de sus atribuciones, en el sentido de recomendar lo que estime más conveniente a sus entidades adheri das . De la misma forma, la aseguradora se reserva la facultad de recomendar a sus clientes la elección de los talleres que estime más oportunos. Otro de los aspectos en los que se ha logrado un avance es el que se refiere al compromiso de la Mutua de iniciar negociaciones con los fabricantes, al efecto de establecer un tarifario de tiempos. Una de las críticas formuladas por ACIMA es que el tarifario de tiempos que aplica la compañía de seguros es el suyo propio, y que si se compara éste con el de las marcas, se observa una diferencia de un 20% a un 30% a favor de la Mutua.
El conflicto entre los concesionarios y la aseguradora madrileña tiene su origen en las diferencias de criterio respecto al incremento a aplicar en 1990 en el precio de la mano de obra que cobran los talleres. La Mutua, según ACIMA, "ha venido imponiendo sus peritaciones de siniestros de los vehículos, exigiendo descuentos especiales y unas tarifas muy por debajo de las fijadas por los concesionarios de acuerdo con los baremos de reparación establecidos por los fabricantes".
La compañía de seguros, por su parte, ha negado estas acusaciones, insistiendo reiteradamente en que no existe nada que obligue a los talleres a trabajar con la Mutua, si no están de acuerdo con las tarifas.
La decisión de los concesionarios Ford de Madrid de no aceptar las peritaciones realizadas por la aseguradora y de cobrar directamente a los clientes, motivó que la Mutua Madrileña tomara la medida de suspender temporalmente la contratación de seguros de daños propios para los vehículos de la marca Ford.
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