Más de seis billones

EN EL momento de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado se concentra la atención de manera casi exclusiva en los ingresos y gastos del Estado en sentido estricto, relegándose a un segundo plano los presupuestos de la Seguridad Social, que, aunque sólo sea por su cuantía, merecen una atención prioritaria. Para el presente ejercicio está previsto que los gastos superen el listón de los seis billones de pesetas, de los que la mayor parte se dedicará a pensiónes. De hecho, una buena parte del coste de los acuerdos de la concertación social ha encontrado acomodo en el presupuesto de la Seguridad Social.En el presupuesto de este año se reflejan las tendencias que desde hace algún tiempo se manifiestan en este importante terreno; el gasto de pensiones aumentará su peso en el conjunto de las prestaciones económicas, mientras que la participación de la asistencia sanitaria en el total de los gastos se reducirá ligeramente. Esta evolución plantea el problema de la racionalización del gasto sanitario de manera que se haga compatible la universalización de la asistencia sanitaria con la limitación de los recursos disponibles. Es cierto que los colectivos que han sido incorporados al esquema de protección universal han visito mejorar su situación, pero de lo que se trata es de saber quién ha pagado el precio: la estabilidad relativa del gasto sanitario refleja unas prioridades ajenas a la sanidad en el conjunto general de la política presupuestaria.

En cuanto a los ingresos, es interesante reseñar que por primera vez desde la llegada de la democracia descenderá la participación del Estado en la financiación de la Seguridad Social. Las transferencias del Estado cubrirán este año un 28,8% de los gastos en vez del 30,1 % del pasado año. Esta evolución plantea un problema importante en cuanto al futuro de los ingresos de la Seguridad Social, ya que la idea inicial de aumentar progresivamente la financiación del Estado se debió a los imperativos de la lucha contra el desempleo: cuanto mayor sea la parte de la Seguridad Social financiada mediante aportaciones del Estado, menor será la carga sobre los traba adores y las empresas, y mayor, por consiguiente, la competitividad de los productos españoles. Es posible, sin embargo, que la explicación de la caída de la participación del Estado haya que buscarla en otro fenómeno: el aumento del empleo ha tenido como consecuencia un crecimiento importante de los ingresos sin necesidad de modificar las tarifas de las cotizaciones, lo que ha permitido un cierto desahogo en la elaboración de las cuentas y la firma de un compromiso con los empresarios para no aumentar las cotizaciones en los próximos cuatro años.

Estos problemas merecen una discusión a fondo en las Cortes. Desgraciadamente, la presentación de los datos este año tiende a oscurecer los problemas, ya que la comparación sistemática de los datos iniciales previstos para 1990 con los procedentes de la liquidación del año pasado no son demasiado significativos. La comparación de los presupuestos iniciales refleja unas tasas de crecimiento, tanto de los ingresos como de los gastos, bastante alejadas de las que se han presentado. La cuestión reside en saber si este año los gastos se ajustarán a lo presupuestado o si, por el contrario y como ha sucedido hasta ahora, los datos finales tendrán poco que ver con la presentación inicial.

Queda por último el problema de la evolución futura de la Seguridad Social. Las proyecciones demográficas y la previsible evolución del empleo permiten pensar que en los próximos años la situación será bastante menos favorable que la de 1990. Es algo que conviene también meditar, porque las reformas estructurales son más fáciles de llevar a cabo en una situación de cierta holgura que cuando se realizan bajo el influjo de las fuertes tensiones políticas. En este sentido, el reproche que puede hacerse a los presupuestos para 1990 es la falta de un impulso renovador que permita afrontar mejor los problemas que, con seguridad, van a presentarse en los próximos años.