128 diputados del Congreso perciben ingresos al margen de su actividad parlamentaria

Un tercio de los actuales diputados tiene otros ingresos al margen de los que reciben del Congreso, en virtud de sus actividades privadas en el ejercicio de profesiones liberales o de sus vinculaciones con el mundo de la empresa, por ser propietarios, por participar en consejos de administración o por asesorar. Esta situación se desprende de la declaración escrita de los diputados en el libro del Registro de Intereses, constituido en el Congreso tras las elecciones del pasado 29 de octubre. En dicho registro, 199 declaran sólo el sueldo del Congreso, mientras que 128 reconocen otros ingresos.

Las declaraciones de los diputados en el Registro de Intereses del Congreso están fechadas hasta el 20 de febrero, y se espera que en los próximos días queden completadas con las de los diputados de Murcia, Pontevedra y Melilla y a falta de los diputados electos de Herri Batasuna, que no han adquirido la condición de parlamentarios por no haber cumplido el requisito de acatamiento a la Constitución. Las declaraciones corresponden a 327 diputados, de los que 199 aseguran percibir exclusivamente el sueldo de parlamentario, mientras que 128, pertenecientes a todos los grupos, declaran otras actividades remuneradas.El presidente del Gobierno, Felipe González; el vicepresidente, Alfonso Guerra, y los ministros que a la vez son diputados, en la casilla de actividades se limitan a poner su puesto en el organigrama. Las situaciones laborales que se precisan en estas declaraciones serán abolidas si los socialistas mantienen su amenaza de "un diputado, un sueldo", todo ello a resultas del escándalo Juan Guerra.

La especificación escrita por los diputados sobre sus remuneraciones extraparlamentarias es generalmente parca, e incluso en algunos el pudor es extraordinario, ya que declaran no tener otro ingreso que el de parlamentario cuando su forma de vida denota un alto poder adquisitivo, según ponen de manifiesto algunos de sus propios compañeros de partido. Este grupo, que no pasa de la media docena, parece ampararse para no declarar otros ingresos en que sus empresas son familiares y probablemente su nombre ni siquiera figura, por lo que resulta imposible rebatirles. Por otra parte, están en pleno derecho, en sentido estricto, de obtener pingües beneficios por sus empresas, por la práctica de la medicina privada, por tener boyantes despachos de abogados o por asesorar a bancos o empresas. La ley les ampara.

La reacción de los socialistas ante el ataque por el caso del hermano del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, ha sido el contraataque, y se les ha ocurrido que nada mejor que el establecimiento de un férreo sistema de incompatibilidades por el que el diputado sólo pueda recibir el sueldo de parlamentario y la inhabilitación de toda actividad privada. Así estiman que aislarán a los parlamentarios de toda tentación mundana y sobre todo de las redes del tráfico de influencias. Nada hay más decoroso que la dedicación en exclusiva a la vida parlamentaria y la percepción también exclusiva de un solo sueldo, han proclamado el presidente del Gobierno, Felipe González, y el secretario de organización del PSOE, Txiki Benegas, lo que ha hecho fortuna entre los socialistas a la vista de la profusión con que repiten lo del decoro.

Todos los grupos parlamentarios se verán profundamente afectados si los cambios llegan a producirse, ya que de las 327 declaraciones que actualmente existen, 128 perciben otras remuneraciones, que, en la mayoría de los casos, constituyen el grueso de su patrimonio.

Despachos de abogados

Aunque 31 de los 165 socialistas registrados tienen otra forma de ganarse la vida al margen del Parlamento, no abundan los negocios privados, a diferencia de 63 diputados de los 99 del Partido Popular, entre los que hay muchos empresarios.

Los dirigentes socialistas aseguran que entre sus filas "los más afectados" serían José Federico de Carvajal y José María Mohedano por la potencia de sus despachos de abogados, y omiten a otros muchos que reconocen el "libre ejercicio de la abogacía".

Lo mismo ocurre con los diputados de Convergència i Unió y el CDS, cuyos líderes, Miquel Roca y Adolfo Suárez, respectivamente, declaran como otra actividad la de sus propios despachos de abogados. No así el futuro presidente del PP, José María Aznar, que nada tiene que declarar, y para nerviosismo de los suyos repite con frecuencia que su grupo no tiene miedo en afrontar estas incompatibilidades "caiga quien caiga".

Le imita el secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, que sólo reconoce un sueldo, o el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Iñaki Anasagasti, a quien no se conoce otra actividad que la política, o el líder del PA, Alejandro Rojas Marcos, que tampoco tiene nada que declarar. El presidente del Grupo Socialista, Eduardo Martín Toval, confiesa "colaboraciones" en Prensa.