Juego peligroso

EL TRIBUNAL de Cuentas parece que ha decidido arrojar la toalla en la tarea de fiscalizar la actividad económico-financiera de los partidos políticos, labor que la Constitución le encomienda. En su primer informe remitido a las Cortes sobre las subvenciones estatales percibidas por las formaciones en el año 1987, el mencionado tribunal confiesa paladinamente que su trabajo verificador del uso y destino de tales fondos públicos ha sido meramente formal. No ha comprobado la situación financiera de cada partido, no ha indagado el grado de cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de financiación, ha pasado por alto si se ha cumplido o no la ley en cuanto a la prohibición de comprometer más del 25% de las subvenciones estatales en la amortización anual de créditos y ha asumido sin rechistar la falta de transparencia de los partidos en cuanto a su financiación privada. Es decir, el Tribunal de Cuentas se ha limitado a dar por buena la documentación contable que han tenido a bien remitirle.Las trabas puestas por los partidos políticos a todo intento de clarificación de sus cuentas han podido resultar un obstáculo insuperable para la labor del tribunal, pero de ningún modo ello justifica que el órgano constitucionalmente encargado de la fiscalización se rinda ante tales trabas, claudicando de los objetivos señalados en la ley de Financiación de Partidos Políticos, de julio de 1987. El informe remitido a las Cortes sólo tiene de tal el nombre, y haría falta mucho candor para atribuirle un serio significado de control. De hecho, su verdadero alcance es el de una especie de amnistía en toda regla respecto de la conducta financiera de los partidos políticos en el ejercicio de 1987. Un trato, en definitiva, privilegiado que vulnera el principio de igualdad en la actuación de la Administración pública respecto de las obligaciones económico-fiscales de los ciudadanos.

En su última comparecencia ante los medios, informativos, el presidente del Gobierno señaló la financiación de los partidos políticos como uno de los campos donde debería actuarse con el máximo rigor. Pero en este como en otros terrenos, lo que se necesita es cumplir con las leyes existentes más que idear nuevas normas, y sobre todo establecer unas pautas de comportamiento basadas en la transparencia y en la responsabilidad. La legislación actual -combinación de la ley de Financiación de Partidos, de la Electoral y de la de Presupuestos- presenta dos agujeros notables: la facultad, teóricamente ilimitada, de los partidos políticos de atribuirse las subvenciones estatales que consideren oportunas y el pago de tales subvenciones -excepto las electorales- al margen de que hayan justificado o no el uso de las anteriores. Si no se acaba con estas imperfecciones legales que pueden propiciar el abuso o la sospecha, si persiste la resistencia de los partidos políticos al control de sus dineros públicos y el Tribunal de Cuentas se lava las manos en su labor de fiscalización, se está alimentando de hecho el descrédito de instituciones básicas del régimen democrático y alimentando, de paso, el estómago de la caverna.