Una delegación de la UNO negocia en Honduras el desarme de la 'contra'

Cualquiera que tenga interés en adquirir un moderno equipo de radar de fabricación norteamericana, un sistema avanzado de visión nocturna o un simple fusil automático soviético kalashnikop puede encontrarlo hoy en alguna esquina de Tegucigalpa a precios de ganga. Son las armas que Estados Unidos entregó durante 10 años a la contra y que ésta pone ahora a la venta ante la inminencia de su desmovilización. Representantes de la Resistencia Nicaragüense (RN) y de la Unión Nacional Opositora (UNO) iniciaron ayer negociaciones en Honduras con vistas a poner fin al movimiento arma do antisandinista. La primera reunión concluyó sin acuerdo.

Las conversaciones, destinadas a encontrar un acuerdo sobre los mecanismos y los plazos exactos para el desarme de la contra fracasaron en la primera sesión. Mientras la UNO desea solucionar el problema antes de la toma de posesión de la nueva presidenta, Violeta Chamorro, el próximo 25 de abril, la RN insiste en que sólo entregará las armas cuando las nuevas autoridades hayan tomado posesión de sus cargos y hayan sido desplazados los jefes militares sandinistas."No queremos ser cazados como conejos al regresar a Nicaragua", dijo el portavoz de la contra en Honduras, Alejandro Acevedo. "Es ilógico pensar que vamos a entregar las armas a Humberto Ortega y a Tomás Borge, y es absurdo que las depositemos en un organismo internacional. Las vamos a entregar en Managua una vez que se instale el nuevo Gobierno y desaparezcan las causas que provocaron nuestra lucha", informó.

Garantías de seguridad

Una vez aceptada de hecho la necesidad de su desmovilización, la contra quiere ahora garantías de seguridad personal y de supervivencia económica para sus 10.000 combatientes y sus 40.000 familiares en Nicaragua. Su planteamiento de entregar las armas en Managua está, sin embargo, en contra de la tarea que llevan realizando desde hace meses los organismos internacionales y plantea, además, serios inconvenientes para el proyecto de transición pacífica. De acuerdo con las negociaciones que actualmente se desarrollan entre la UNO y el Frente Sandinista, el Ejército será reducido, dejará de estar al mando del general Humberto Ortega, pero no será desmantelado ni mucho menos puesto bajo mando de los oficiales de la contra.

Que en esas circunstancias la RN pretenda llegar con sus armas hasta Managua y entregarlas, más que en un acto de rendición, en una prueba de confraternización con las nuevas autoridades, sería sumamente peligroso para el futuro de Nicaragua.

El planteamiento de la UNO es que las armas sean entregadas antes del 25 de abril a un organismo internacional, probablemente a los observadores militares de la ONU en Centroamérica (ONUCA), al mando del general español Agustín Quesada. Este mismo organismo internacional se encargaría después de abrir un corredor dentro de Nicaragua a través del cual los contra que quisiesen podrían reubicarse con garantías de seguridad.

Comandante Rubén

La representación de la UNO en las conversaciones de Honduras estuvo encabezada por el diputado electo Jaime Cuadra, primo de Joaquín Cuadra, uno de los más altos responsables del Ejército Popular Sandinista. Por parte de la contra participaron el comandante Oscar Sabalbarro, alias Rubén, número dos de la RN, acompañado por los comandantes Renato y Emiliano. Actuaron como testigos dos representantes del cardenal Miguel Obando y Bravo: Roberto Rivas y Antonio Tijerino.

Antes de comenzar la reunión, los representantes de la UNO y del cardenal se reunieron con el canciller de Honduras, Mario Carías Zapata, el cual les explicó que su país es partidario de que la contra entregue las armas de forma ordenada a la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de los Acuerdos de Esquipulas 2 (CIAV).

El representante de la ONU en ese organismo, el español Francesc Vendrell, conversó la pasada semana con los dirigentes de la contra en sus campamentos de Yamales, al sur de Honduras, con el fin de ofrecerles garantías sobre su reubicación en Nicaragua. El Gobierno de Honduras está muy preocupado sobre la posibilidad de que, una vez entregadas las armas, los contra se desplieguen por el territorio hondureño y se conviertan en un problema de orden público para este país.

También dialogó estos días pasados con la RN un emisario especial del Departamento de Estado norteamericano, Harry Shlaudeman, que expuso, según fuentes diplomáticas en esta capital, una posición firme de su Gobierno a favor de la desmovilización, aunque no está clara cuál es la fórmula de desarme por la que se inclina Estados Unidos, tan interesado como la contra en la desarticulación del Ejército nicaragüense.