¿Inocente o culpable?

Fernando Falcó, presidente del Real Automóvil Club de España (RACE) considera que la nueva ley de Tráfico y Seguridad Vial es "positiva" en la medida en que pueda lograr disminuir el riesgo de accidentes. No obstante, algunos aspectos de estas normas son calificados por Falcó como "excesivos". Para el presidente del RACE, el conductor no debe estar obligado a identificarse ante la Guardia Civil de Tráfico, ya que esto en su opinión significa una "autodenuncia".Esta asociación, que representa a unos dos millones de usuarios, estudia interponer recursos ante la propia Administración y el Defensor del Pueblo para impugnar algunas de las disposiciones que contiene.

Fernando Falcó está en desacuerdo con la elevada cuantía de las futuras multas, de las que dice: "No corresponden a la economía de los españoles". Además, el RACE señala que una sanción de 50.000 pesetas puede pasar a ser de 100.000 tan sólo por la descripción que del hecho haga el agente denunciante. Se es ima que como la ley contempla la presunción de veracidad de los agentes, sería de desear, tal y como establece la propia ley, que éstos aporten todas las pruebas posibles de los hechos para una mayor garantía jurídica de los administrados.

Las posibles penas de cárcel -de seis meses y un día a seis años- a los conductores que sobrepasen la tasa de alcoholemia permitida (0,8 por mil y 0,5 para los que trasporten materias peligrosas), deberían especificarse en la ley, según el artículo 25 de la Constitución, afirma Falcó.

El RACE considera que existe una red viaria "insuficiente" para albergar el tráfico actual y "deficiente" en algunos tramos, lo que es causa "directa" e "indirecta" de los siniestros por el cansancio de los conductores y las retenciones que se producen. Desde esta asociación se pide un mayor "rigor" a la hora de analizar las causas de los accidentes mortales.

La Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), que exporta más de 500.000 vehículos al año -la mitad de la producción-, precisa que algunos de los reglamentos que desarrollará la ley pueden afectar de forma negativa a los fabricantes de automóviles, al incluir exigencias que no existen en otros países de la CE.