El misterio de la financiación pivada

El informe del Tribunal de Cuentas despacha el problema de la financiación privada de los partidos en unas breves líneas, que se limitan a reflejar la ausencia de datos sobre esa cuestión. Reconoce que los partidos no dan cuenta de las aportaciones anónimas que reciben, con lo cual es imposible determinar si superan o no el importe máximo fijado por la ley, que es del 5% del total del dinero que cada grupo recibe del Estado. Tampoco declaran cantidad alguna de más de 10 millones procedente de una misma persona física o jurídica; ni se declaran aportaciones procedentes de empresas públicas o que tengan contratos con la Administración; ni de Gobiernos extranjeros.El Tribunal certifica que nadie ha declarado nada al respecto y, como consecuencia, no aprecia infracción alguna.

El Tribunal de Cuentas omite, también, toda referencia a vías de financiación pública de los partidos no contempladas en la ley vigente, pese a que los servicios de dicho organismo habían detectado algún caso de recursos obtenidos por partidos políticos a través de corporaciones locales, que es una vía no contemplada específicamente en la ley.

El Tribunal tiene capacidad para imponer multas de 10.000 a 150.000 pesetas a aquellos que se nieguen "a prestar colaboración" al Tribunal. La capacidad de imponer sanciones corresponde al pleno del Tribunal, previa audiencia del fiscal y de las partes afectadas. Además, el Tribunal puede poner en conocimiento de las Cortes la falta de colaboración observada; y proponer al Gobierno o autoridades de todo orden Ia imposición de sanciones". De estas tres posibilidades, el Tribunal sólo ha utilizado la comunicación de que algunos partidos no presentan cuentas. El informe carece de votos particulares. Está firmado por el presidente del Tribunal, Pascual Sala, quien lo ha remitido al del Congreso, Félix Pons.