Un Gobierno de media jornada

El Gobierno balear, formado por el Partido Popular y Unión Mallorquina, es el único de los 18 Gobiernos que existen en España donde los consejeros gobiernan y, a la vez, siguen llevando sus negocios privados, pese a que la remuneración por formar parte del Gobierno autonómico es de las más altas de España. En el último mes, uno de sus consejeros ha admitido que defendió los intereses de una urbanizadora, que, posteriormente, fueron reconocidos en el órgano ejecutivo balear. "Yo he actuado profesional y éticamente, sólo defendí los intereses de mi cliente", afirma Gilet.

El consejero adjunto a la Presidencia, Francesc Gilet, se enfrenta el jueves a una interpelación en el Parlamento. Al margen de sus responsabilidades de gobierno, es asesor jurídico de Inversiones del Este Sociedad Anónima. Con tal motivo pidió en el ayuntamiento de Felanitx la recalificación de unos terrenos de su cliente Inversiones del Este. El ayuntamiento, del Partido Popular, lo aprobó. Posteriormente lo tenía que aprobar el Gobierno balear, al que pertenece Gilet. Y lo hizo. Gilet señala: "En Felanitx intervine en defensa de los intereses de mi cliente, y en la reunión del Gobierno, me abstuve".Además, Gilet es acusado por la oposición de que la sociedad Cala Branca Tancada -de la que es secretario del Consejo de Administración- edificó en terrenos destinados a servicios, y que construyó más de lo permitido.

'Yo no soy Guerra'

"Yo no soy Guerra", dijo recordando supuestos paralelismos. "Mi estilo es otro. Pero si me meten el dedo en la boca, hablaré y diré todo. No voy a sufrir en mi carne la hipocresía socialista", comentó a este diario.

Gilet sigue con su despacho de abogado, aunque el artículo 24 del Estatuto del Colegio de Abogados de Baleares dice: "El ejercicio de la abogacía es absolutamente incompatible con los cargos del presidente del Gobierno, ministro, subsecretario, director general y asimilados de la Administración pública, Central y Autonómica".

El responsable del Turismo balear, Jaime Cladera, ha pasado de profesor de BUP a consejero. El ascenso provocó que el Parlamento formara una "comisión de investigación de las actividades públicas y privadas del consejero de Turismo Jaime Cladera". Las conclusiones ocupan tres páginas del boletín oficial del Parlamento. Esto es una selección: el consejero de Turismo posee algo más del 20% de la sociedad Mallorcotel SA, que presentó un proyecto para un hotel. Cladera resolvió personalmente en un tiempo récord de 13 días el expediente de autorización de las obras. Respecto al hotel Bonsai, promovido por un socio de Cladera, no hay informe escrito del Departamento sobre la adecuación técnica y jurídica del proyecto. Según el Colegio de Arquitectos, los metros indicados en el proyecto superaban la superficie del solar, incumpliendo el estándar de edificación.

Asimismo, el departamento de Cladera aprobó en dos días la autorización previa para construir 1.000 plazas del Club Europa. Esperaban turno otros 56 expedientes llegados con anterioridad. Tampoco se exigió acreditación de infraestructura.

Pío Tur ostenta la cartera de Transportes y Trabajo, cuando Baleares no tiene competencias ni en Transportes ni en Trabajo. Aparte de sus ocupaciones, toca el órgano en su despacho y, en Navidad, interpreta villancicos para su presidente, Cañellas.

La única mujer del Gobierno, María Antonia Munar, es la responsable de Educación y Cultura. A ella es aplicable también el artículo 24 de los estatutos del Colegio de Abogados. Munar tiene bufete abierto. El consejero de Economía y Hacienda, Alejandro Forcades, es el único de todas las autonomías que se negó a firmar el acuerdo de compensación interterritorial. Su argumento es que a la superficie de las islas hay que sumar el agua que las rodea; por tanto, dice, a más superficie corresponde más dinero.

Consejero de quita y pon

El hombre fuerte del Gobierno es Jerónimo Sáiz, responsable de Obras Públicas y Ordenación Territorial. En 1985, Sáiz ganó un concurso para la plaza de ingeniero del ayuntamiento de Calvià. El cargo tenía un defecto: la incompatibilidad de dos puestos de la Administración. Para sortear la ley, Sáiz y Cañellas idearon el siguiente plan: en el boletín oficial del 20 de noviembre de 1985 se publicaron tres decretos; en el primero, con fecha 8 de noviembre, Sáiz cesa como consejero de Obras Públicas, "por motivos personales". Por el segundo decreto, el consejero de Economía pasa a ocuparse también de la cartera del dimitido Sáiz "hasta la toma de posesión del titular". En el tercer decreto, con fecha 13 de noviembre, Sáiz recupera su cartera de consejero.

Los ratones de Boletín Oficial no entendían nada. ¿Qué era aquello? Pronto se descubrió: Sáiz dimite un viernes como consejero, a continuación toma posesión en Calvià del cargo de ingeniero municipal y, seguidamente, pide la excedencia; una vez concedida la excedencia municipal, el miércoles día 13 recupera su condición de consejero. El segundo aspirante a la plaza le demandó. Sáiz fue condenado por "fraude de ley". Con todo, Sáiz sigue encargado de las Obras Públicas y de la Ordenación del Territorio balear.

Otro misterio administrativo -que tuvo éxito- fue la causa de que el GOB (Grupo Ornitológico Balear) pidiera la dimisión de Sáiz. Ante la presión parlamentaria, el Gobierno aceptó publicar un decreto que suspendiera los planes de urbanización de los municipios hasta formar el catálogo de espacios naturales.

El boletín oficial publicó todos los municipios afectados, menos uno, Valldemosa y su urbanización Son Bauçá. A las protestas de la oposición, el Gobierrio respondió con un tranquilizador: "Es un error". Los días que pasaron hasta que se reparó el supuesto error fueron suficientes para que la urbanización quedara legalizada por silencio administrativo. El viernes, Sáiz dijo en el Parlamento: "No hay otra explicación que la del error".

Joan Simarro se dedica a la Función Pública; antes era responsable de Agricultura, como tal subvencionó la producción de forraje de una granja familiar que no lo producía. "Fue un error", dijo también en el Parlamento.

Al consejero de Sanidad, Gabriel Oliver, se le puede localizar en el Gobierno balear o en su consulta médica, que atiende personalmente. Son cosas de un Gobierno a media jornada.