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Tribuna:TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Sobre la política española o las fortalezas asediadas

"Soy diputado y miembro del partido que ejerce la máxima responsabilidad de Gobierno, el PSOE, y en la parte que me toca no me siento satisfecho conmigo mismo" señala el articulista. "En algo hemos fallado cuando después de haber ganado limpiamente unas elecciones y de poder ofrecer un balance más que satisfactorio de la acción de gobierno desde 1982 y un testimonio de honestidad pública incuestionable, nos hemos dejado convertir en una fortaleza asediada".

La política española anda revuelta, pero dudo que sea muy estimulante para la mayoría de los ciudadanos. O mucho me equivoco o las formas y el tono de las polémicas y los temas en que éstas se han centrado tienen poco que ver con sus problemas más urgentes y con los cambios que se están produciendo en el mundo. Yo no digo que discutir sobre la libertad de expresión o sobre el tráfico de influencias no sea importante. Lo que digo es que hasta ahora no hemos sabido abordar estos temas en su auténtica dimensión y nos hemos quedado anclados en la superficie y en la crispación artificial.La libertad de expresión es ciertamente un derecho fundamental reconocido y amparado por nuestra Constitución y un derecho constitutivo de la esencia misma del Estado de derecho. Pero la libertad de expresión no es un derecho que se ejerce en el vacío, sino en una sociedad tributaria de una determinada cultura histórica y en la que conviven intereses, fuerzas, opiniones y poderes muy diversos. Detrás del ejercicio concreto del derecho a la libertad de expresión hay personas, empresas que pugnan por beneficios, luchas por las cuotas del mercado de la publicidad, intereses políticos y económicos, poderes públicos, instancias administrativas e instituciones judiciales. Ningún análisis de la libertad de expresión puede separarla de estos elementos que la hacen posible, pero que también la condicionan.

Más todavía, la libertad de expresión como derecho no es unilateral, no va sólo en un sentido. No es sólo la facultad que tienen los profesionales de la información de informar, opinar y criticar libremente, sino también el derecho de todos los ciudadanos de hacer exactamente lo mismo y, por consiguiente, de opinar libremente sobre la tarea de los profesionales de la información. No hay, pues, un único depositario legítimo e incontestable de este derecho.

Es lógico, pues, que el ejercicio de la libertad de expresión genere conflictos. Por eso es necesario que ese ejercicio esté protegido, no sólo por los principios generales de la cultura y de la ética dominantes -en los que se inserta en todo caso la llamada autorregulación-, sino también por instancias arbitrales que pueclan dirimir los conflictos. Y todos los ciudadanos, sean dirigentes políticos o trabajadores no cualificados, dirigentes de empresa o empleados, profesionales de la información o lectores, tienen el mismo derecho de recurrir a estas instancias arbitrales. Todo esto es obvio y no debería requerir mayor explicación. Creo además que la libertad de expresión goza en nuestro país de buena salud, y dudo de que nadie pueda afirmar seriamente lo contrario. Pero también creo que hay que recordar estas cosas, porque tenemos que acostumbramos al conflicto y a la búsqueda serena de soluciones, en vez de utilizar un derecho tan importante como un arma arrojadiza contra el adversario.

Recomendación

Algo parecido hay que decir de otro de los grandes temas del momento: el tráfico de influencias. Éste es un país que apenas ha conocido períodos de democracia estable y en el que la política ha consistido tradicionalmente en el dominio de unas oligarquías cerradas que no tenían más sistema de relación con los ciudadanos que el clientelismo, el enchufismo y la influencia, y en el que la cultura dominante se ha basado en instituciones como la recomendación y la tertulia. Y esto no desaparece en cuatro días, porque, en definitiva, los años que llevamos de democracia son eso, cuatro días en nuestra historia contemporánea. Pero a la vez, nuestra sociedad ha empezado a cambiar tumultuosamente en los últimos años, han surgido nuevas posibilidades de enriquecimiento rápido y se han producido grandes modificaciones en los valores colectivos. Así, por ejemplo, ¿qué es nuestro sistema económico sino un enorme entramado de intereses en el que el concepto de influencia tiene un papel decisivo? ¿Cómo separar el concepto de influencia de los criterios que presiden la selección del personal dirigente en todos los tipos de entidades, desde las económicas hasta las culturales y deportivas? No es extraño, pues, que se puedan producir mezclas entre lo que subsiste de viejo y lo peor de lo nuevo y que acechen siempre tentaciones de utilizar el poder político para hacer negocios o de hacerlos acercándose desde fuera al poder.

Con esto no pretendo justificar nada ni relativizar casos recientes, entre los cuales el más aireado es el de Juan Guerra. Quiero decir únicamente que éste es un problema muy serio, pero que está presente en todas las sociedades y que no es fácil de resolver. A nosotros nos ha cogido, además, en una situación transitoria entre un pasado rechazable que todavía no hemos borrado totalmente, un presente que sólo dominamos en parte y un futuro que no vamos a decidir solos. Nuestras instituciones, nuestros partidos políticos y nuestros medios de comunicación, públicos y privados, reflejan esta situación, tanto en sus formas de organización como en su comportamiento. Por su formación y su composición son un reflejo de la sociedad actual, con sus luces y sus sombras, sus contradicciones y sus expectativas, sus honestidades y sus complacencias.

El problema no es, pues, que surjan problemas de tráfico de influencias, sino cómo nos enfrentamos con ellos cuando surgen y cómo luchamos para evitar que se produzcan. Y también si actuamos con serenidad y con ánimo de resolverlos o los utilizamos como armas arrojadizas en un combate sin cuartel. Cuando digo esto no estoy pensando en aquel artículo 6 de la Constitución de Cádiz, que obligaba a todos los españoles a "...ser justos y benéficos", aunque éste sigue siendo un magnífico ideal. Pienso que este país tiene enormes posibilidades por delante, pero que éstas se realicen o no depende en gran parte -aunque no únicamente- de lo que hagamos los que tenemos responsabilidades en la dirección de la política y la economía y en la formación de la opinión. Y más exactamente, de nuestra capacidad de generar nuevos valores de solidaridad y de ética colectiva.

La verdad es que hoy ninguno de nosotros puede sentirse satisfecho por la forma en que hemos abordado estos problemas. Yo soy diputado y miembro del partido que ejerce la máxima responsabilidad de Gobierno, el PSOE, y en la parte que me toca no me siento satisfecho conmigo mismo. En algo hemos fallado cuando después de haber ganado limpiamente unas elecciones y de poder ofrecer un balance más que satisfactorio de la acción de gobierno desde 1982 y un testimonio de honestidad pública difícilmente cuestionable, nos hemos dejado convertir en una especie de fortaleza asediada. Y en algo habrán fallado los demás cuando la escena política y la de los medios de comunicación se han convertido en un carrusel de fortalezas que todas se proclaman asediadas por enemigos exteriores.

Honestidad y transparencia

Un campo de fortalezas asediadas quiere decir un campo de fortalezas incomunicadas o, más exactamente, comunicadas sólo por el improperio y el golpe, a ser posible bajo. Y quiere decir enquistamiento, alejamiento respecto a una sociedad que está viva, que se mueve, que no quiere precisamente enquistarse y está pidiendo a gritos que el gobernante gobierne, que el informador informe, que el funcionario funcione, que el juez juzgue y que, en definitiva, cada uno cumpla con su papel lo mejor que pueda y sepa y, en todo caso, con honestidad, transparencia y decoro.

En fin, que como ciudadano y como militante político estoy inquieto y quiero dejar de estarlo. Deseo que nadie ponga en duda las cosas que considero más valiosas y por las que tanto hemos luchado, como la ética del colectivo en el que estoy integrado voluntariamente y que coincide, por consiguiente, con mi ética personal. Para ello estoy dispuesto a combatir con las armas que me da la democracia contra los que quieran destruir con malas artes este precioso patrimonio. Hay ataques que te remueven las tripas de indignación, pero en política éste es también un dato de una situación global ante la cual hay que saber reaccionar con la cabeza fría. Precisamente por ello, es imprescindible saber distinguir entre los que atacan por intereses sectarios o por intereses espurios, y los que critican por errores realmente cometidos. Y, sobre todo, es imprescindible explicar las cosas con toda sinceridad, reconociendo lo bueno y lo malo que se ha hecho, reivindicando el acierto y asumiendo el error, de modo que para la gran mayoría de los ciudadanos no quede lugar a dudas sobre nada ni nadie. Porque, en definitiva, éste es el veredicto que importa.

Jordi Solé Tura es presidente de la Comisión Constitucional del Congreso y diputado por el PSOE.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de marzo de 1990