_
_
_
_
Tribuna:
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Informar no es controlar

Reflexiona el presidente de la patronal en su artículo sobre los recientes acuerdos sociales alcanzados entre el Gobierno y las centrales sindicales, al tiempo que propone al secretario de Estado de Empleo, Álvaro Espina, "retirar todas mis críticas, e incluso le ofrezco mi aplauso y mi apoyo, así como el de las organizaciones empresariales, a cambio solamente de una cosa: de que se nos devuelva el derecho a negociar lo firmado y a modificarlo en aquello en lo que nos parece inaceptable. ¿Está dispuesto el señor Espina a aceptar el ofrecimiento?".

El secretario de Estado de Empleo, Álvaro Espina, me dedicaba el pasado día 23 de febrero un artículo en este mismo periódico bajo el título La guerra de los contratos no tendrá lugar. Y digo que me lo dedicaba porque estaba lleno de alusiones personales hacia mí, y en lugar de dedicarse a explicar el acuerdo polémico, del cual no facilitaba ni una sola frase entrecomillada, se ocupaba de descalificarme en lo personal y en lo profesional y en remarcar mi supuesta soledad en este asunto. Me gustaría contestar al señor Espina, no en sus opiniones, en las cuales, desde luego, es libre de pensar lo que quiera, pero sí en los datos que maneja y en las afirmaciones que hace.Y quiero empezar diciendo que estoy de acuerdo con el título de su artículo: La guerra de los contratos no tendrá lugar, porque esperamos que el acuerdo firmado entre Gobierno y sindicatos no encuentre nunca plasmación en una norma de derecho positivo. Si así sucediera, los empresarios recurrirían por todos los medios lícitos a su alcance contra el mismo, y de estas consecuencias solamente serán responsables los que lo han negociado y firmado a espaldas de los empresarios y sus representantes.

Derecho a negociar

Cuando el señor Espina me da consejos en su artículo sobre cómo podría mejorarse el clima de diálogo olvida el más evidente: ese clima se mejora dialogando, derecho que ha sido clamorosamente hurtado a los empresarios en la negociación de este acuerdo, dejándonos solamente el que hemos tenido que utilizar, el derecho al pataleo y el de hacer todo lo posible para que la opinión pública se entere de lo queen realidad pone el acuerdo, en su literalidad y no en las interpretaciones libres que los responsables que lo han perpetrado ahora quieren avanzar.

Yo ofrezco al señor Espina retirar todas mis críticas, e incluso le ofrezco mi aplauso y apoyo, así como el de las organizaciones empresariales, a cambio solamente de una cosa: de que se nos devuelva el derecho a negociar lo firmado y a modificarlo en aquello en lo que nos parece inaceptable. ¿Está dispuesto el señor Espina a aceptar el ofrecimiento?

Como secretario general, primero, y, luego, como presidente de la CEOE, me duele la mano de llevar 12 años firmando todo tipo de acuerdos, pactos y convenios con todos los sindicatos y todos los gobiernos de la transición. La CEOE es, con mucha diferencia, el interlocutor social que ha hecho siempre gala de mayor tendencia al compromiso y al entendimiento. Sobran, pues, las admoniciones que me hace y las recomendaciones de mesura, un talante más abierto y mayor tolerancia", proviniendo como provienen del mismo funcionario que nos ha negado el derecho a ejercer ese talante en una mesa de negociación.

Consulta empresarial

¿"Nadie ha entrado en el juego del presidente de la patronal"? Vuelvo a hacerle una oferta al señor Espina: la de que pregunte una por una a las más de 200 organizaciones empresariales, tanto sectoriales como territoriales, que componen la CEOE. Empezando por las pyme, siguiendo por la banca y acabando con aquéllas, como la construcción, con la que podemos discrepar en otros asuntos, pero que en éste del acuerdo se han manifestado meridianamente en contra de lo firmado, tanto del contenido como de la vergonzosa forma en que se ha obtenido.

El señor Espina quiere darle lecciones de diálogo a la persona que más acuerdos lleva firmados en los últimos 12 años, lecciones de conocimiento de lo que piensan los empresarios al que preside su organización cúpula y, para acabar, lecciones de economía de mercado al más comprometido defensor de este sistema.

Me enternece ver cómo el señor Espina, socialista de carné en un mundo en el que le han preparado al socialismo y al comunismo un entierro de tercera, se preocupa del mercado y de los efectos beneficiosos que sobre el mismo tiene la transparencia informativa. Eso es cierto, por más que el uso del argumento me parezca tan ejercicio de cinismo como si yo argumentara con citas de Marx, Pablo Iglesias o cualquier otro padre del socialismo que el señor Espina profesa.

Pero desde la economía de mercado, todo lo que tiene de bueno la información lo tiene de malo el control y el intervencionismo. Todo lo que de saludable tiene el principio de igualdad de oportunidades y de libertad de acceso, lo tiene de perjudicial el uso arbitrario de funciones inspectoras o sancionadoras conferidas a delegados de organizaciones privadas, voluntarias y políticas, como son en España las centrales sindicales.

Una cosa es informar y otra controlar. Con este acuerdo no se desarrolla el derecho de las centrales a estar informadas de la contratación, como establece el Estatuto de los Trabajadores, sino que se les regalan funciones parainspectoras, controladoras y sancionadoras, bien a los delegados sindicales, bien a una comisión que es "tripartita", pero que, curiosamente, puede tomar decisiones con el simple apoyo de la parte sindical representada (es, para que se hagan una idea, como si un grupo minoritario en el Congreso pudiera aprobar las leyes en nombre de la totalidad).

El señor Espina dice, por otra parte, que la entrega de "copia básica" de los contratos a los sindicatos (aunque los propios trabajadores afectados se negasen) -"no otorga facultades de autorización de los contratos". Lo acordado, según esta versión, es el "uso de un documento de notificación, con el consiguiente acuse de recibo".

¿Pues por qué no lo han puesto así en el acuerdo? Porque el acuerdo dice textualmente que la copia deberá incluir "todos los datos básicos para comprobar la adecuación del contenido del contrato a la legislación vigente". Esta función comprobadora va implícita en lo firmado, y está más clara si tenemos en cuenta que el sindicato (o los sindicatos, porque en casi todas las ocasiones habrán de recibir copia varias organizaciones distintas) debe devolver la copia entregada, debidamente firmada, para que se adjunte a la documentación que se lleve al Inem. El empresario tiene un plazo marcado de 10 días para dar la copia a los sindicatos. Éstos no tienen plazo para devolverla firmada.

Para acabar de arreglarlo, las centrales han puesto en sus plataformas reivindicativas (por ejemplo, el convenio de banca) la obligación de las empresas de entregarles copia íntegra, de todos los contratos, para su visado. Acerca de esto último, el señor Espina les reprende amablemente en su artículo, más que nada porque, a pesar de la campaña diversiva emprendida, hace que se les vean las verdaderas intenciones.

¿Por qué el señor Espina sigue hablando de que el acuerdo afecta solamente a la "contratación temporal y a la subcontratación realizada por la empresa"? Porque el acuerdo dice que se deberá entregar a los sindicatos y delegados "copia básica" de "todos los contratos que deban celebrarse por escrito". Evidentemente, deben celebrarse por escrito los temporales, porque están acogidos a subvenciones y desgravaciones. Pero también deben celebrarse por escrito todos aquéllos, cuando así se solicite en cualquier momento por cualquiera de las partes, empresario o trabajador. La polémica me parece estúpida. Es casi como el cuento de la buena pipa, porque está claro que si se quisiera controlar solamente los contratos temporales, o los bonificados de alguna manera, bastaría con ponerlo así, textualmente, en el acuerdo.

Carta Social Europea

El señor Espina informa sobre la posición de la CEOE acerca del proyecto de Carta Social Europea. Y aquí aprovecho para hacerle otra oferta: ¿sustituiría el señor Espina el acuerdo firmado por lo que dice la Carta Social Europea en materia de información a los sindicatos? A pesar de nuestras prevenciones sobre la carta, que es más o menos otorgar a toda Europa las coberturas sociales de la RFA, con niveles de renta que al menos en el caso de España están muy lejos de lo real, en este punto asumiríamos gustosos la Carta Social. Por último, no es preciso que la misión empresarial española que visite el Reino Unido nos diga la "información efectiva con que cuentan los sindicatos británicos", ni "sobre su intervención en la contratación laboral". Ya la conocemos, y también sabemos sus efectos: desastrosos.

Me parece que era B. Shaw el que afirmaba que "dos mudanzas equivalen a un incendio", por lo que se pierde y se estropea. Pues bien, el ejemplo británico nos dice que 30 años de control sindical sobre la economía equivalen a una inundación, y 40 años de socialismo real, léase Rumanía, a un terremoto: hay que enviarles alimentos, medicinas y mantas. En esto estoy de acuerdo con el señor Espina, no son éstos los vientos que corren por el mundo, ni es momento para sovietizar ninguna política. Por eso el acuerdo me parece todavía un error mayor.

José María Cuevas es presidente de la CEOE.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_