Las prisas del poder
El articulista expone su perplejidad ante las prisas exhibidas por el Consejo de Universidades para la evaluación de la actividad investigadora de los profesores, al tiempo que critica los aspectos oscuros del procedimiento puesto en marcha.
En los anales de nuestra legislación resulta difícil encontrar antecedentes al ritmo vertiginoso con que se ha implantado en las últimas semanas la normativa sobre evaluación de la actividad investigadora de los profesores universitarios. El plazo para presentar por los interesados -en sentido estricto, ya que hay aumento de retribución en juego- las solicitudes de evaluación, se cierra el 28 de febrero. Pues bien, tras una prolongada discusión en el Consejo de Universidades del pasado día 20, el último télex ministerial, aclaratorio sobre el significado de la norma y las formas de su aplicación, fue emitido todavía el 22 de febrero por la Secretaría de Estado de Universidades, y llegará a los funcionarios de la enseñanza universitaria el lunes día 26, dos días antes del cierre de plazo. La compleja orden ministerial reguladora del tema vio la luz en el Boletín Oficial del Estado del día 6 y se distribuyó por las universidades en los días centrales del mes de febrero.La primera cuestión que surge ante cualquier observador es el porqué de tanto apresuramiento. Los historiadores sabemos que el reloj dista de ser un instrumento neutro a la hora de regular los procedimientos. Otro tanto ocurre con el calendario. Desde los tiempos franquistas, las medidas que pudieran haber sido objeto de oposición por los colectivos afectados tienden a regularse mediante disposiciones publicadas durante el verano. Así sucedió con el propio real decreto sobre Régimen Retributivo del Profesorado Universitario, promulgado el 28 de agosto último. Las prisas actuales pueden responder a una motivación similar: por no sufrir un daño irreparable en los intereses de cada cual habrá que atender al requerimiento ministerial de presentarse a la evaluación, a galope tendido y sin saber muy bien cómo, antes de ese control cerrado a las doce de la noche del 28 de febrero (aunque ahora mismo se ofrezcan unos días más para completar documentación). Toda respuesta colectiva o sectorial queda de este modo soslayada en nombre del sálvese quien pueda. Los que encuentren oscuras las cosas, y bien oscuras están, corren el riesgo de no ser evaluados y, por consiguiente, de verse sin el plus de investigación. Los ejemplos del pasado cantan.
Sin embargo resulta difícil explicar esa prisa desde una perspectiva estrictamente científica. No es cosa simple la implantación de un nexo entre actividad investigadora y retribución, más aun cuando en este caso puede verse envuelta la valoración de la actividad investigadora correspondiente a toda la carrera profesional de un universitario. Y los antecedentes sobre el funcionamiento de la comisión asesora en la asignación de becas a proyectos de investigación distan de ofrecer un panorama tranquilizante.
Práctica secreta
Los receptores de ayudas están satisfechos quizá en buena proporción, pero en los rechazados y rebajados domina la impresión de que el secreto en la calificación de los proyectos, así como la continuidad en centros de decisión de las mismas personas durante años, han asegurado cualquier cosa menos un comportamiento objetivo: eso sí, siempre con arreglo a la ley; lo esencial, como en la censura de los Estados absolutistas del Antiguo Régimen, es a quién se encomienda la valoración secreta (y no susceptible de recurso) del proyecto. Dime quién te valora y te diré qué te da. No es un precedente que haga ver con optimismo la próxima etapa evaluadora, de entidad muy superior.
Porque en este caso no entra en juego sólo una diferenciación salarial, lo que de por sí es ya importante, y debiera sugerir unos mecanismos de control algo más rigurosos que unas comisiones de asesores de designación y actuación secretas. Para empezar habría que saber cómo el ministerio ha llegado a fijar su comisión de sabios y por qué caminos ésta (con o sin el concurso de aquél) ha conformado las ejecutivas de los inevitables asesores. El poder en la democracia ha de surgir de abajo arriba y no a la inversa, y sobre todo debe establecer mecanismos de control y recurso públicos, en este caso inexistentes. Porque el resultado de la actuación de esos comités de jueces / asesores es más grave de lo que parece. Se trata de una auténtica clasificación de la colectividad docente, aunque, cómo no, se garantice el secreto, la norma de la casa, a los suspendidos ("la Comisión Nacional comunicará a cada solicitante, mediante notificación personal y directa el resultado positivo o negativo de su evaluación en cada uno de los tramos solicitados; finalizado el proceso de evaluación únicamente se publicará la identidad del profesorado que haya obtenido evaluación positiva..."). Pero, obviamente, tras este procedimiento, resulta inevitable que surja una divisoria, por ejemplo, entre titulares de cara a concursos, o entre otras categorías en el campo estricto de la estimación pública, según hayan sido aprobados o suspendidos en esta alocada evaluación voluntaria. De ahí el mensaje subliminal de toda la orden: si no quieres ser rechazado, no te ofrezcas como blanco de evaluación. La absurda división temporal de la trayectoria investigadora por tramos de seis años (¿...?), que cada uno puede ofrecer a examen, en vez de la valoración global, responde a ese mismo factor de riesgo.
Todo es posible
Lógicamente, los criterios tampoco son claros. De nuevo partimos de la noche, donde todo es posible. Se valorarán las investigaciones, no sólo por su calidad, sino por "la creatividad, la originalidad, la aportación al conocimiento y la capacidad de estimulación en el entorno próximo o lejano" (sic). Bellas palabras, científicamente vacías, pero que sin duda favorecen la discrecionafidad en el acto de evaluar. Lo mismo que la tierra de nadie entre la valoración positiva y la negativa con criterios complementarios (perdón, básicos complementarios, B2) tan evanescentes como "informes, estudios o dictámenes por encargo", útiles quizá para favorecer a los evaluadores ya utilizados desde el Ministerio, ya que se les sitúa por encima de los premios a la labor investigadora o a la pertenencia a comités de publicaciones científicas. Sobre todo es estupenda la posibilidad de no alcanzar la evaluación positiva con una valoración superior al 50% por falta de criterios complementarios aceptados. La persona del evaluador (no controlado) deviene así el auténtico protagonista del proceso.
Y para cerrar el círculo, la clasificación de campos científicos a que se adecuarán las comisiones. La de Ciencias Sociales es una magnífica muestra de la racionalidad que inspira todo el procedimiento: al lado de Antropología, Ciencia Política o Historia del Pensamiento encontramos Educación Física y Deportiva, Expresión Corporal y Didáctica de la Expresión Plástica. No dejará de ser humillante para un politólogo o un historiador verse suspendido en la estimación de su trayectoria investigadora con la firma al pie de un experto en gimnasia. Y recíprocamente. Aquí sólo cabe la pregunta: ¿desde qué supuestos cabe elaborar un campo científico como el citado? Claro que así la comisión será una suma de asesores individuales, responsable cada uno de sus cosas y respetuoso con lo que no entiende. Al final de la tecnocracia habremos redescubierto el feudalismo. ¿No valía la pena abordar problemas tan serios con un espíritu pluralista y democrático y un rigor algo superiores?
es catedrático de Historia del Pensamiento Político y Social en la universidad Complutense.
