El ex conseller de Obras Públicas de Valencia declara por un delito de cohecho
"He venido a colaborar con la Justicia y creo que se han podido esclarecer una serie de cuestiones que considero importantes". Éstas fueron las palabras textuales del ex conseller de Obras Públicas de la Generalitat valenciana, Rafael Blasco, tras declarar ayer por espacio de más de cinco horas ante Juan Climent, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.Rafael Blasco, uno de los seis implicados en la querella presentada por la Fiscalía, por los supuestos delitos de cohecho, maquinación para alterar el precio de las cosas y violación de secreto en la Consejería de Obras Públicas, entró en la sala de plenos del Tribunal Superior pocos minutos después de las 10 de la mañana. Ante una gran expectación, Blasco se limitó a decir que no era el momento oportuno para hacer declaraciones.
Tras cinco horas ininterrumpidas de declaración, Blasco salió de la sala sobre las 15,15 horas. El que fuera conseller de la Generalitat hasta su destitución por el presidente del Gobierno autónomo, Joan Lerma, el pasado día 28 de diciembre, no quiso responder si iba a participar en la próxima reunión del comité na cional del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), que secelebrará el próximo sábado, día 17. El abogado de Blasco, Javier Boix, por su parte, se limitó ayer a señalar que la declaración de su patrocinado había sido positiva y le había reafirmado en su inocencia.
El fiscal jefe de la Audiencia de Valencia, Enrique Beltrán, presentó el pasado día 18 de enero una querella al Tribunal Superior en la que están implicados, además de Rafael Blasco, el ex gerente del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVV), Juan José Esturi; el promotor francés Jacques Lacroix; el aparejador Juan Manuel Chuliá; y los funcionarios del departamento de Urbanismo Imaculada Sancho y José Antonio de Juan Carrasco. El motivo de la querella parecen ser las irregularidades cometidas en el consejo de administración del IVV, dependiente de la Generalitat, en la adjudicación de unos terrenos de titularidad pública destinados a uso terciario en el polígono industrial de Ademuz (Paterna).
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