La CEOE se opone a que los jornaleros del campo tengan contratos laborales

La CEOE se opone a que se establezcan contratos laborales para los jornaleros y a la constitución de los consejos comarcales de empleo rural en Andalucía, Extremadura y otras zonas deprimidas, dos puntos en los que el Gobierno y los sindicatos alcanzaron ayer un principio de acuerdo para combatir el fraude y evitar la compra de peonadas.

Los representantes de la confederación empresarial José Bohorquez y Julio Sánchez Fierro argumentan que en este sector es muy difícil habilitar contratos laborales y sobre todo crear burocracia ya que las zonas rurales y las empresas agrarias normalmente están distantes de las oficinas de empleo. Así lo pusieron de manifiesto en la reunión mantenida ayer con el secretario general de Empleo, Álvaro Espina.Posteriormente mantuvieron otro encuentro el Gobierno y los sindicatos, quienes estiman que no es fácil determinar el modelo de contrato y por ello han decidido que un grupo de trabajo estudie un documento no sujeto a trámites burocráticos que reconozca una relación contractual y el derecho del trabajador a percibir a cambio un salario.

También desarrollaron en ese encuentro el otro compromiso logrado consistente en crear consejos comarcales de empleo, en el que estén representados la Administración, los empresarios y los sindicatos; 63 de los cuales se distribuirán en las 10 provincias de Andalucía y Extremadura y otros 27 en zonas deprimidas de las dos Castillas, Valencia, Murcia, Canarias y Valencia. Las competencias de esos organismos aún no se han terminado de concretar pero su objetivo es controlar el fraude, promover iniciativas de empleo y vigilar la aplicación de las Inversiones.

La CEOE tampoco está de acuerdo con la creación de esos consejos de empleo, aunque ayer no planteó un no rotundo. En su opinión, la puesta en marcha de la participación institucional no debe hacerse a través de fórmulas que frenen el empleo en el sector agrario, y se ha reservado para próximas reuniones una respuesta definitiva.

No al salario social

Más avanzado está el proceso negociador entre el Gobierno y los sindicatos, que anoche estuvieron a punto de cerrar un acuerdo sobre el subsidio agrario, según el ministro de Trabajo, Manuel Chaves, aunque UGT y CC OO aseguran que hay discrepancias, relacionadas fundamentalmente con la cuantía del subsidio agrario, y que han quedado pendientes para la reunión fijada para el lunes.El consenso en cambio no parece posible para la implantación del salario social, al que se opone el Ejecutivo por cuestiones ideológicas. Las dos centrales reclaman al Gobierno que se limite a impulsar este sistema de protección en las comunidades autónomas que aún no lo han hecho. Hasta ahora se ha empezado a aplicar en Euskadi, Cantabria y Navarra y negociado o en fase de discusión en Madrid, Valencia, Andalucía, Cataluña, Aragón y Asturias; la mayoría de esas comunidades están gobernadas por socialistas.

La ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, no cree en ese sistema que califica de "monetarista" y asegura que la protección social está suficientemente cubierta con las tres redes de protección existente: las pensiones no contributivas, la cobertura del desempleo y la red básica de servicios sociales.