El Gobierno da por cerrada la polémica

El Gobierno "considera cerrada" la polémica en torno a las actividades de Juan Guerra, según manifestó ayer la portavoz gubernamental, Rosa Conde. Ésta aseguró en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que "es deseo del Gobierno ir más allá de donde vaya la propuesta más exigente" sobre la tipificación como delito del tráfico de influencias. "Nuestra ética está a prueba de toda exigencia", sentenció Rosa Conde.El Consejo de Ministros comenzó a estudiar las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios de la oposición para incluir en el Código Penal la figura delictiva del tráfico de influencias, así como otras propuestas realizadas durante el escándalo Juan Guerra para evitar que comportamientos semejantes se repitan en el futuro y queden impunes.

Interrogada acerca de si es habitual que el Gobierno desconozca la identidad de los propietarios de las empresas a las que concede subvenciones -como es la tesis defendida por el Ejecutivo en relación con unas ayudas a una constructora vinculada a Juan Guerra-, Rosa Conde empezó por recordar que en 1988 el Gobierno concedió 900 subvenciones, y que si en cada caso se llevara a cabo una investigación, "se paralizaría la acción del Gobierno".

La portavoz del Gobierno afirmó que el Ejecutivo "está preocupado" por informaciones publicadas en medios de comunicación que "son inciertas, sin fundamento o directamente contrarias a la verdad", y expresó el propósito de atajar este problema "bien mediante la regulación que hagan los propios profesionales del periodismo o una legislación que ampare el derecho de los ciudadanos y de los propios profesionales" a ser informados e informar con veracidad.

Reglas del juego

Conde apeló a que "en todos los países existen reglas de juego, explícitas o implícitas" a este respecto. "España es el único país que no tiene ni una legislación ni un código deontológico que se fijen los propios profesionales para poner un margen a la libertad de expresión; que sólo puede estar limitada por la responsabilidad de cada uno. Pero esa responsabilidad, subrayó, "debe de estar fijada en algo concreto".

La portavoz del Gobierno afirmó que "sólo hay dos caminos: o la regulación de los propios profesionales o una legislación que ampare el derecho de los ciudadanos y de los profesionales" de la información.

El Gobierno acordó, asimismo, remitir al fiscal general del Estado, por si considerara que existen indicios de delito, las informaciones publicadas el pasado día 31 de enero por un periódico de Madrid acerca de que dos miembros del Gobierno conocían que Juan Guerra se encontraba detrás de una empresa a la que se concedió el 1 de agosto de 1985 una subvención de 145 millones de pesetas.