El Gobierno, CC OO y UGT logran un nuevo pacto que establece el control sindical de la contrataciones

El Gobierno y las centrales CC OO y UGT alcanzaron anoche un nuevo acuerdo por el que se establece el control sindical de la contratación. Los empresarios, cuando la norma entre en vigor, deben entregar a los representantes de los trabajadores una copia de los contratos en un plazo de 10 días y con los datos básicos para comprobar su legalidad. Su incumplimiento quedará recogido en la ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. El control será también posterior y los sindicalistas colaborarán con los inspectores de Trabajo, con la facultad de acompañarles en sus visitas a las empresas.

Los acuerdos alcanzados desarrollan el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores y establecen la obligación del empresario de entregar a los representantes legales de los trabajadores una copia de los nuevos contratos para que los firmen antes de su entrega en la oficina de empleo correspondiente. Igualmente se deben notificar las prórrogas de los contratos. La copia, que se concretará cuando se ponga en marcha el desarrollo normativo, no incluirá los datos que se considera pueden entrar en colisión con el derecho a la intimidad, tales como el domicilio, el salario o la jornada; pero sí debe contener la información necesaria para comprobar la legalidad de la relación laboral, la modalidad del contrato, la fecha del inicie, y su terminación.Ello afecta a todo los tipos de contrato, fijos y eventuales, que se formalicen por escrito. Los negociadores de UGT y CC OO subrayaron la importancia que ello tendrá para los 4,2 millones de contrataciones anuales acogidas al fomento del empleo, donde creen que hay un altísimo fraude.

El incumplimiento de esas obligaciones no afectará a la validez del contrato pero acarreará sanción y se considerará como una falta grave dentro de las tipificadas en la ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Ello puede conllevar la pérdida de las subvenciones recibidas, así como multas.

También el acuerdo afecta a los finiquitos (documento que recoge la liquidación de emolumentos al término de un contrato). En este caso, el trabajador podrá exigir la presencia de sus representantes legales para el cálculo de los haberes devengados. Y el empresario tendrá que entregar una copia, al mismo tiempo que comunica el preaviso con la denuncia del fin de la relación laboral, de forma que sirva para una eventual reclamación ante la jurisdicción laboral.

Comisiones tripartitas

Además se crearán unas comisiones provinciales de seguimiento de la contratación -recogidas en el programa electoral del PSOE-, de carácter tripartito y formadas por empresarios, Administración y sindicatos que tienen como misión promover actuaciones específicas para detectar el fraude, estudiar la evolución de la contratación y analizar los planes de inspección sobre el estado de la contratación en sectores concretos o a nivel provincial.

El control sindical se extiende a una futura colaboración con la Inspección de Trabajo, mediante la consulta preceptiva a las centrales sobre los planes en materia de control de las contrataciones y la capacidad de personarse en los expedientes y actuaciones respecto a denuncias presentadas. Asimismo los inspectores comunicarán a los representantes de los trabajadores su presencia en el centro de trabajo, a fin de que puedan acompañarle durante el desarrollo de la visita.

El ministro de Trabajo, Manuel Chaves, cree que se trata de un importante acuerdo, satisfactorio para el Gobierno, que desarrolla y no modifica el Estatuto de los Trabajadores, y en línea con el papel que tienen empresarios y sindicatos en otros países de la CE. Él espera que "la CEOE no reaccione mal" y que esos controles permitan detectar el fraude de ley que, a su juicio, no es generalizado.

Agustín Moreno, representante de Comisiones Obreras, asegura que estos pactos satisfacen el punto 1 de la Propuesta sindical prioritaria, ponen en marcha la protección sindical de los contratos, permiten frenar las irregularidades y el fraude, y garantizan la intervención de los representantes de los trabajadores para que avalen la normalidad de las relaciones laborales.

Reforma estructural

El dirigente ugetista, Apolinar Rodríguez, está convencido de que se trata de un gran pacto de calado estructural que no va contra nadie, aunque sospecha que va a haber personas que no entiendan su alcance, en alusión indirecta a CEOE.

Tanto el ministro de Trabajo como los sindicalistas coinciden en que los controles establecidos no van a afectar al fomento del empleo. Manuel Chaves sí cree que puede afectar en cambio la modificación del marco jurídico de las modalidades de contratación. Ello dio lugar a un desacuerdo en la reunión de ayer, ya que el Gobierno se resiste a la demanda sindical para que se eliminen algunas de las 16 modalidades de eventualidad. Ese punto se discutirá en una nueva reunión y la propuesta de la Administración es crear previamente una comisión de expertos que estudien la incidencia que tiene cada tipo de contrato y su utilización, mientras que las centrales piden que la modificación sea inmediata. Manuel Chaves presume que aquí "difícilmente va a existir aproximación".