Almunia anuncia que los funcionarios militares también cobrarán la deuda social

El ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, anunció ayer en el Congreso de los Diputados que los funcionarios de las Fuerzas Armadas recibirán una paga similar a la pactada entre el Gobierno y los sindicatos para los civiles para solucionar el problema de la deuda social. El Gobierno se comprometió la pasada semana a abonar a todos los funcionarios civiles un pago único de 52.525 pesetas.El ministro comunicó a la comisión de Administraciones Públicas que el Gobierno va a enviar un decreto ley a las Cortes que habilite un crédito extraordinario para cumplir el compromiso de pago a los funcionarios de la denominada deuda social. También comunicó el acuerdo sobre la cláusula de garantía salarial. Almunia se refirió al derecho de negociación colectiva de los funcionarios, contemplado también en el acuerdo, y dijo que con ello queda ya zanjada esa discusión.

El ministro repasó cuáles van a ser las líneas maestras de la política de Administración del Estado para los próximos años. Como objetivos señaló la mejora de la eficacia y trato a los ciudadanos y la profesionalidad de los empleados públicos. Estos objetivos -definidos como "modernización del sector público y no reforma a la antigua usanza"-requieren, dijo, apoyo político, apostar por el medio plazo e involucrar al personal. El ministro pidió el consenso de las distintas fuerzas políticas y dijo que había que plantearse la reforma a 10 años vista. Señaló también la modificación del sistema de oposiciones para titulados universitarios y la creación del cuerpo de informáticos.

Regulación de huelga

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Manuel Chaves, acudió ayer al Congreso con el acuerdo social firmado la pasada semana con los sindicatos. El ministro explicó el contenido del acuerdo y avanzó en lo que a su juicio es competencia del Gobierno en material laboral. Resaltó que se abrirá un debate sobre el ejercicio del derecho de huelga pero puntualizó que si sindicatos y empresarios no se ponen de acuerdo en su autorregulación, el Gobierno "procederá a una regulación a través de una norma legal".En su comparecencia el ministro señaló que la autonomía de empresarios y sindicatos es el eje de las relaciones laborales. No obstante, el ministro considera que existen parcelas competencia del Gobierno que serán abordadas durante esta legislatura. Entre ellas anunció que el Gobierno presentará una norma sobre seguridad e higiene en el trabajo, otra sobre la solución no jurisdiccional de los conflictos laborales, la regulación del derecho de huelga si sindicatos y empresarios no se ponen de acuerdo y, por último, la aprobación de una normativa que respalde los fondos de inversión en las empresas y la participación de los sindicatos en la gestión empresarial. En todos estos aspetos se intentará, no obstante, prolongar el actual clima de diálogo social.

En cuanto a empleo, el ministro dijo que el objetivo para este año es "conseguir una mayor calidad y estabilidad". Anunció para ello la adopción de medidas en los próximos meses que incentivarán la contratación indefinidas de jóvenes y mujeres, mayores garantías de los trabajadores en los procesos de contratación y un mayor desarrollo de la formación profesional.

En el aspecto social, el ministro reiteró que el Gobierno se propone mejorar la actual cobertura del desempleo, en especial el destinado a los de edad avanzada. En cuanto a las pensiones, se propone equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional neto, la extensión de la garantía de revaluación automática a todas las pensiones, la universalización de las no contributivas y extender la protección familiar a quienes no han cotizado a la Seguridad Social.