El Gobierno fomentará el alquiler de las VPO para familias de rentas más bajas

El ministro de Obras Públicas, Javier Sáenz Cosculluela, anunció ayer que las familias de rentas más bajas podrán alquilar viviendas de protección oficial (VPO) en lugar de tener que comprarlas. Esta novedad, que intenta que el acceso a la segunda vivienda no se ciña a la compra, está incluida en el nuevo plan de la vivienda, aún en fase de estudio en el MOPU. Sáenz Cosculluela también adelantó que se modificará el actual esquema de financiación de las viviendas protegidas, desde el sistema de subsidio de tipos de interés hacia ayudas personales.

El responsable del MOPU -aseguró en el Congreso de los Diputados que hay que ampliar- la oferta de viviendas en alquiler. La compra no debe ser, según el ministro, el único método para acceder a una vivienda protegida, para quien 1as viviendas de promoción pública no deberían venderse, sino ofrecerse en régimen de arrendamiento". A esta ampliación de la oferta colaborará -dijo- la nueva ley de arrendamientos urbanos (en la actualidad en fase de anteproyecto), que sustituirá a la actual legislación, de la que forma parte el decreto Boyer, que liberalizó el precio de los alquileres.El actual sistema de financiación para la compra de una vivienda protegida no es adecuado, en opinión del ministro de Obras Públicas, porque traslada el coste de las ayudas hacia generaciones futuras. Para salvar este problema Sáenz Cosculluela propuso ayer, ante la comisión de Industria y Obras Públicas, pasar de la subvención de tipos de interés a un sistema de ayudas personales económicas que garanticen un precio inferior al del mercado, complementado con un sistema de ayudas fiscales.

Sáenz Cosculluela responsabilizó a la falta de entendimiento entre la Administración central y las comunidades autónomas de la baja ejecución del programa de construcción de viviendas de promoción pública. "En 1989 estaba presupuestado el inicio de 15.000 viviendas de promoción pública y tendremos que conformamos con la mitad porque no se promueven directamente por la Administración central".

Ley del Suelo

La ley del Suelo, que aún no ha sido debatida en el Parlamento, fue mencionada por Sáenz Cosculluela, quien la calificó como "traumática para los especuladores". Con todo, dijo, tendrán que ser los ayuntamientos y las comunidades autónomas quienes decidan si llevan los instrumentos que pone en sus manos la ley hasta sus últimas con secuencias.

La política de carreteras también fue analizada por el responsable del MOPU ante los diputados de la comisión. Avanzó que el presupuesto de 1990 ampliará en 46.867 millones de pesetas el gasto en carreteras respecto al de 1989. Este año, además, se aprobará el segundo plan de carreteras; un compromiso electoral que decidirá la construcción de 4.300 nuevos kilómetros de autovías entre los años

1992 y 2000. La aprobación de ese segundo plan dos años antes de su inicio tiene el objetivo de licitar los proyectos con 18 meses de antelación.

El ministro de Obras Públicas analizó el grado de ejecución del primer plan de carreteras (1986-1992). Este primer plan prevé la construcción de 3.537,9 kilómetros de autovías, de los que sólo 724,5 kilómetros están ya en servicio, aunque entrarán otros 800 kilómetros a lo largo de este año.

El objetivo de la política hidráulica que seguirá el MOPU pretende que "el principio de igualdad de los españoles se plasme también en la disponibilidad de agua". El desarrollo del Plan Hidrológico Nacional, será, según el ministro, la vía para lograr ese objetivo. Como balance de la anterior legislatura afirmó que se han construido 37 pantanos y que hay otros 37 en ejecución, a los que se suma el proyecto de construcción de otras 35 presas.