No más juicios por aborto

Los días 24, 25 y 26 de enero se celebra en Pamplona el juicio contra tres encausados por un supuesto delito de aborto ilegal. El hecho en sí mismo no parece tener demasiado de novedoso si se tiene en cuenta la frecuente intervención de la policía y de la judicatura contra centros que realizan abortos. Sin embargo este caso reúne unas peculiaridades que lo hacen especial.La primera es las múltiples irregularidades producidas en el procesamiento. El aborto, realizado hace tres años en el caso de una joven a la que se le realizaron 15 radiografías en la quinta semana del embarazo, el período más radiosensible para el feto en cuanto a posibles malformaciones, se acogió al supuesto de "presunción de graves taras físicas en el feto" y siguió todos los pasos que marca la normativa vigente: informe de dos facultativos distintos de los que realizan el aborto, de la comisión de evaluación del hospital, etcétera.

Sin embargo, y a instancias de una denuncia de Acción Familiar, se procesa año y medio después al ginecólogo que realizó el aborto, a las dos ginecólogas que hicieron los informes, al presidente de la comisión de evaluación y director del hospital donde se realizó el aborto y a la propia mujer, a la que se acusa de someterse a las pruebas a sabiendas de que estaba embarazada, con la intención de abortar.

A pesar del informe fiscal, que solicita el sobreseimiento de la causa, se procesa en firme a los tres ginecólogos implicados, a los que se fijan fianzas de cuatro millones y medio de pesetas, motivo por el que se embargan las viviendas de dos de ellos, a los que se pide nada menos que 12 años de prisión y 14 de inhabilitación profesional.

Problemas psiquiátricos

Por el medio se ha producido algún incidente, como el procesamiento y posterior anulación del mismo, de una conocida abogada que hizo público que el juez instructor había estado apartado temporalmente del servicio por problemas psiquiátricos. ¡Así va la justicia!.

La segunda peculiaridad de este juicio es que se realiza contra tres ginecólogos que trabajan en el sector público y que el mismo se había practicado en la sanidad pública. Es bien conocido que la mayor parte de los abortos legales que se realizan hasta ahora en España se hacen en clínicas privadas, debido a la incapacidad de la Administración sanitaria, que en este asunto, como en otros temas de su competencia potencialmente conflictivos, ha respondido con la más absoluta inhibición, desprotegiendo a los profesionales y desatendiendo las necesidades sociales.

Por fin se trata también del primer juicio que se realiza en un caso de aborto practicado después de la reforma de 1985 y realizado precisamente al amparo de la misma; a la vez que no se recurre al "peligro para la salud psíquica de la madre", lo que viene sucediendo en el 90% de los abortos legales en España, igualando así de una manera peligrosa aborto con locura.

Evidentemente, no se puede dejar de lado los efectos intimidatorios que estos juicios producen. Para las mujeres, que ven su vida privada y hechos especialmente dolorosos de ésta, convertidos en pública almoneda. Para los profesionales, porque el simple cumplimiento responsable de su deber les provoca molestias sin cuento, persecuciones seudolegales, peligrosas postergaciones en su profesión y a veces incluso insultos y amenazas.

No cabe duda de que existen grupos fanáticos en la sociedad, y en algunos sectores reducidos de la judicatura, que tienen su cruzada particular en impedir el ejercicio del derecho al aborto en nuestro país. Tampoco, que la mayoría de los ciudadanos ha asumido el aborto como un hecho normal, cuando incluso el principal líder de la derecha declara su aceptación a la legislación vigente en la materia.

Legislación inadecuada

Pero mucho menos, existen dudas de que la mayoría de los problemas provienen de una legislación inadecuada; que ya lo era cuando se produjo; que no responde a las demandas sociales y que deja desprotegidos a ciudadanos y profesionales. La cuestión afecta a una Administración timorata e incapaz de afrontar la situación.

Pensamos que para que hechos como el que comentamos no se repitan más es preciso un cambio en la legislación que asegure el derecho a la libre decisión de las mujeres en las 12 primeras semanas, complementada con las indicaciones actuales para momentos posteriores, con la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y asegurando su cobertura por el sector sanitario público.

Tal cambio en la legislación resulta imprescindible para evitar la actual situación de continuas agresiones e intimidaciones contra las mujeres que quieren abortar en nuestro país y contra los profesionales sanitarios que están dispuestos a colaborar. De otra manera, se estará potenciando no sólo, como ya sucede, la realización de abortos fuera del sector público, sino también volver a que quienes deseen abortar busquen fuera de nuestras fronteras la seguridad jurídica y personal que aquí se les niega. De suceder así, un supuesto derecho se habrá convertido en una humillante farsa. Sería importante, también, la normalización de las prestaciones de orientación y planificación familiar, que actualmente sólo cubren las necesidades de un 8 % de la población y de manera desigual en las distintas comunidades autónomas.