La oposición exige una investigación parlamentaria sobre las concesiones del juego en Cataluña

ENRIC COMPANY Las fuerzas de la oposición, excepto el Partido Popular (PP), solicitaron ayer la creación de una comisión parlamentaria para investigar las concesiones del juego y las loterías de la Generalitat a Casinos de Cataluña y Luditec, empresas controladas por Arturo Suqué, acusado de desviar por lo menos 598 millones de pesetas hacia dos personas del aparato de Convergència Democràtica (CDC), el partido de Jordi Pujol. El Partit dels Socialistes (PSC) exigió la inmediata rescisión de los contratos de la gestión de las loterías catalanas con las citadas empresas. Inverama, SA, el holding que agrupa a los tres casinos que operan en Cataluña, replicó a las acusaciones, formuladas en una querella presentada por Jaime Sentís, ex director financiero de Casinos, asegurando que son una maniobra para ocultar que el querellante desvió fondos hacia su patrimonio.

La opinión coincidente de todos los partidos de la oposición era ayer que las acusaciones contenidas en la citada querella reabren el debate político sobre las concesiones del juego y las loterías de la Generalitat, porque confirman las abundantes sospechas y anteriores acusaciones sobre irregularidades. Tanto el PSC como Iniciativa per Catalunya (IC) anunciaron ayer que interpelarán al Gobierno catalán sobre esta cuestión.El secretario de organización del PSC, Josep Maria Sala, declaró que "la información que hoy [por ayer] se ha publicado demuestra que es absolutamente intolerable y constituye una vergüenza nacional para Cataluña, que el señor Suqué, un hombre vinculado a la mafia corsa del juego, continúe gestionando las loterías de la Generalitat".

Sala añadió que tenía confianza en la vía judicial, pero sostuvo también que el "volumen de información fidedigna y no desmentida" sobre las sociedades controladas por Suqué es suficiente para que el Ejecutivo autonómico actúe. "En consecuencia exigimos", dijo, "la inmediata rescisión de los contratos de la Generalitat con Luditec para la gestión de las loterías catalanas , la no renovación de la concesión a Casinos de Cataluña SA de dos casinos de juego y la denuncia de la concesión del tercer casino, que les fue renovada el año pasado".

Pérdida de legitimidad

El dirigente socialista manifestó que su partido está conforme con la creación de una comisión de investigación, solicitada por IC, Esquerra Republicana (ERC) y Centro Democrático y Social (CDS), pero advirtió que la experiencia indica que la mayoría absoluta de CiU puede limitar su efectividad.

Acerca de la acusación de desvío de 598 millones de pesetas de estas empresas hacia dos personas de Convergéncia, Sala dijo: "Si se confirma esta acusación, estaríamos ante un hecho tan grave que pondría en crisis a la institución de gobierno de Cataluña. Por esta razón nos abstenemos de pronunciarnos sobre ella hasta que se tengan elementos de juicio definitivos". Para precisar el sentido de sus palabras añadió que, de resultar cierta la acusación, "este Gobierno [el de Pujol] y la mayoría que lo apoya [CiU] perderían toda legitimidad moral y política".

El presidente de IC, el comunista Rafael Ribó, declaró que Casinos de Cataluña SA es una sociedad en situación ilegal porque ocupa un monopolio, "explícitamente prohibido por la ley", dado que la entidad tiene el control de los tres casinos catalanes.

El secretario general de ERC, Angel Colom, declaró que desde hace años "existe la certidumbre de que distintos aspectos de las concesiones administrativas de la Generalitat rozan la alegalidad jurídica y la ética política". Colom dijo que es necesario aclarar estas cuestiones "en bien de la higienización mental y social del país" y porque niegan "la credibilidad democrática que tantos esfuerzos ha costado".

El portavoz del CDS, Xavier Latorre, insistió también en que es necesario "acabar de una vez con las sospechas que rodean la cuestión del juego en Cataluña".

Los dirigentes de estos partidos fueron muy cautos sobre la acusación de desvío de fondos hacia dos personas de CDC, de la que dijeron que sólo opinarían si se demostraba que respondía a hechos comprobados.

El presidente del Partido Popular (PP), Jorge Fernández Díaz, anunció que mientras la cuestión esté en manos de la justicia su partido se abstendrá de formular juicios sobre algo que de momento es "una pelea dentro de una empresa".