La creación de otra emisora institucional provoca duras críticas a la Generalitat

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) calificó ayer de radiogate el acuerdo entre la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV) y la empresa radiofónica privada Canal 13 por el que la primera alquila las frecuencias y emisores de la segunda por siete años y 550 millones de pesetas. El director general de la CCRTV, Joan Granados, aseguró que este acuerdo "es la única posibilidad que tiene la Corporación de ampliar la oferta pública de radiodifusión".

"Y es la única oportunidad", dijo Granados, "porque la Generalitat no tiene competencias para otorgar licencias a emisoras públicas". Los socialistas denunciaron ayer que el acuerdo CCRTV-Cadena 13, cadena de emisoras con fuertes pérdidas y a cuyo Consejo de Administración están o han estado vinculados dirigentes de Convergència, como el actual conseller de Industria, Antoni Subirà, demuestra una vez más que "se ha hecho un mal uso de la Administración pública". Los responsables de las emisoras de la Generalitat y de la CCRTV contraatacaron afirmando que en las negociaciones con Cadena 13 han tenido muy claro lo que es "interés público e interés privado".Granados afirmó: "Estamos seguros de que aprovechamos la única oportunidad que tenemos de ampliar la oferta. Hemos actuado únicamente guiados por criterios de gestión y profesionales". Jordi García Soler, miembro del Consejo de Administración de la CCRTV por el PSC, afirmó que el acuerdo es un "escándalo sin precedentes en la comunicación", semejante a la adjudicación de las loterías de la Generalitat a la empresa privada Luditec. "Será la primera vez que una emisora pública no sea propietaria de sus frecuencias ni de sus emisores". Según Soler, es un fenómeno insólito que "una radio pública, en lugar de obtener las frecuencias de su propio Gobierno, las tenga que alquilar a una empresa privada a la que su propio Gobierno las concedió hace seis años".

Interés público y privado

El secretario de organización del PSC, Josep Maria Sala, afirmó que se trata de una nueva maniobra del Gobierno de Convergència para "nacionalizar las pérdidas de una empresa privada", y demuestra una vez más que "los altos cargos del Gobierno catalán no tienen una idea clara de la frontera que existe entre intereses públicos y privados". Sala puso como ejemplo de la confusión que existe entre interés público y privado los avales concedidos en su día por la Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial de Cataluña (CARIC) a empresas, algunas de ellas vinculadas a Convergéncia, que no podrán devolverlos porque han quebrado. "Son casi 1.000 millones perdidos", afirmó.El acuerdo entre CCRTV y Cadena 13 discrimina, además, según Sala, a empresas privadas que también optaban a quedarse con Cadena 13. Granados afirmó que el contrato con Cadena 13 por siete años y 550 millones de pesetas ofrece "un balance económicamente positivo". Y explicó que se había descartado la opción de comprar la cadena porque significaría también comprar "sus deudas, instalaciones y personal". En cuanto a la situación financiera de Cadena 13, afirmó: "No quiero saber nada de la situación de Cadena 13, porque no la compramos". Según estimaciones socialistas, las pérdidas de Cadena 13 asienden a unos 400 millones de pesetas.

Granados dijo que se había descartado la compra de las frecuencias en lugar de alquilarlas porque Cadena 13 no estaba dispuesta a ello, ya que "no podría recuperar la emisora dentro de siete años". A la pregunta de qué pasará con Catalunya Informació dentro de siete años, dijo: "Si dentro de siete años Cadena 13 no quiere alquilar, no habrá nada que hacer".