Autodeterminación

La resolución aprobada por una comisión del Parlamento de Cataluña, con el voto en contra de los socialistas, la ausencia del PP y el voto favorable de los demás grupos, declarando que Cataluña no renuncia al derecho de autodeterminación ha provocado una gran conmoción en el resto de España. En Cataluña, en cambio, donde ya estamos acostumbrados a esta especie de ducha escocesa en la que los grandes principios aparecen y reaparecen en función de intereses coyunturales, ha generado una mezcla de desorientación, de sorda indignación y de satisfacción poco entusiasta, según los sectores. Precisamente por eso hemos sido muchos los que hemos optado en un primer momento por no entrar en la polémica, porque en política, como en todo, en las polémicas se debe entrar cuando uno quiere, no cuando te intentan meter a empujones. Pero dado el cariz que ha tomado la cuestión quizá conviene aclarar algunas cosas.La primera es que sobre el derecho de autodeterminación en sí hay poco que discutir en este asunto. En todo caso son los que han planteado el tema y lo han aprobado en el Parlament los que tienen que explicar por qué lo han hecho y qué sentido le dan. Y lo cierto es que hasta ahora se han callado o han intentado desviar los tiros.

El derecho de autodeterminación como concepto general tiene diversas acepciones. Pero hay un hecho inequívoco: que nuestra Constitución no lo contempla y que en el momento en que se estaba elaborando se rechazó de manera explícita su inclusión. Las razones de este rechazo fueron y son muy claras: la Constitución intenta resolver los contenciosos históricos sobre la identidad nacional en España manteniendo la integridad territorial del Estado, haciendo compatibles la idea de nación española con la de nación o nacionalidad o región catalana, vasca, gallega, andaluza, etcétera, y organizando para ello el Estado como un sistema general de autonomías. Ésta fue la opción, aprobada por consenso de las fuerzas políticas y por el referéndum de los ciudadanos españoles. Y si se rechazó el derecho de autodeterminación es porque éste representa una opción. totalmente diferente. El derecho de autodeterminación implica la posibilidad de la separación de una o dos o todas las nacionalidades y regiones, y por eso no es compatible con el sistema diseñado en la Constitución, porque no era ni es lo mismo decir que el contencioso histórico sobre la identidad nacional se puede resolver con la creación del Estado de las autonomías o bien con la posible desmembración del mismo y la creación de varios Estados en su ámbito. Una cosa o la otra, pero no las dos a la vez.

Sin embargo, si alguien considera que debe seguir luchando por el derecho de autodeterminación y por el consiguiente cambio de la Constitución está en su pleno derecho. Pero lo mínimo que le podemos exigir, en este caso, es que nos diga por qué, con qué objetivo político y con qué medios. Hasta ahora, la única respuesta explícita es la de ETA: la autodeterminación quiere decir, para ella, crear un Estado vasco independiente, y para conseguir este objetivo utiliza el terrorismo y también hace que fuerzas políticas afines utilicen las elecciones. En los demás casos, el derecho de autodeterminación se utiliza como un instrumento político arrojadizo, pero sin aclarar nunca qué se entiende con ello. Y ahora, en el caso de Cataluña, hemos asistido al espectáculo de que las mismas fuerzas que lo votaron favorablemente en comisión, al día siguiente se callaron o lanzaron globos al viento en el solemne acto de conmemoración del décimo aniversario del Estatut de Catalunya, celebrado en el propio Parlament. Por consiguiente, antes de entrar en la polémica conceptual, esperemos lo que nos tienen que decir estas mismas fuerzas. Y en función de lo que digan, veremos si vale o no la pena.

Sin embargo, es cierto que la votación del Parlamento de Cataluña ha planteado un importante problema político. Y éste se tiene que aclarar sin mayor tardanza porque no es un problema de grandes conceptos ni de grandes estrategias, sino de estrategia parlamentaria muy a ras de suelo. A mi entender, la razón de este pronunciamiento sobre el derecho de autodeterminación se ha de buscar en la situación creada en el Congreso de los Diputados de Madrid después de las últimas elecciones, y muy especialmente después de la anulación de los resultados de tres circunscripciones, que dejan la mayoría absoluta del PSOE en el aire.

Convergència i Unió -que, como es sabido, ha ganado todas las elecciones autonómicas, pero ha perdido todas las elecciones legislativas y las municipales frente al Partit dels Socialistes (PSC-PSOE)- lleva años intentando salir de su aíslamiento, en la política española porque sabe, como ha sabido siempre el nacionalismo catalán de derecha, que éste es su auténtico terreno político. En Cataluña, CiU reúne un voto contradictorio que le lleva a una permanente ambigüedad política, pero que no puede perder si no quiere convertirse en una fuerza secundaria: la derecha no nacionalista le vota para que gobierne o influya en el resto de España, y el electorado nacionalista justamente para lo contrario, porque necesita mantener viva la idea de un enemigo exterior permanente. En las recientes elecciones, y una vez comprobada la imposibilidad de forjar una alternativa de centro-derecha frente al PSOE, toda la estrategia de CiU ha pasado por defender con uñas y dientes su base electoral anterior y conseguir que el PSOE perdiese la mayoría absoluta, con la esperanza de que el PSOE se viese obligado a pactar de algún modo con ella en Madrid. Es la única manera de mantener los votos de la derecha no nacionalista, impaciente por influir en Madrid, y a la vez descolocar a los socialistas catalanes y cambiar la correlación de fuerzas en Cataluña. Pero en la medida en que no lo consigue y constata que el PSOE puede seguir gobernando solo o, si no puede, prefiere buscar el apoyo de otras fuerzas, su estrategia se encamina a romper estos posibles apoyos.

En este momento, el PSOE mantiene un pacto de gobierno en el País Vasco con el PNV, y es indudable que tiene en dicho partido a uno de sus interlocutores -no el único, desde luego- con vistas a posibles acuerdos futuros. Pues bien, si CiU ha planteado ahora el tema del derecho de autodeterminación, utilizando como mascarón de proa a los jóvenes radicales de otras formaciones, es porque sabe que éste es precisamente el tema que más le puede complicar las cosas al PNV y que más tensiones puede generar entre este partido y el PSOE en Euskadi y en el conjunto de España. Nada lo demuestra mejor que la rapidez con que otras formaciones vascas, como HB, o Eusko Alkartasuna, que mantienen una dura pugna con el PNV, han saludado la iniciativa del Parlamento de Cataluña, y los equilibrios con que algunos dirigentes del PNV están intentando hacer frente a la situación.

Se me podrá aducir que se trata, en todo caso, de unas estrategias parlamentarias perfectamente legítimas, y esto es totalmente cierto. Nada tengo que objetar. Lo que sí tengo que objetar es que para ello se instrumentalice al pueblo de Cataluña y sus instituciones y se introduzcan temas de esta envergadura -que afectan a situaciones políticas muy delicadas, como la del País Vasco- en nombre de intereses partidistas a muy corto plazo, sobre todo cuando nada se dijo al respecto en la reciente campaña electoral, que era una buena ocasión para hacerlo si el tema se considera de verdad tan trascendental. Si un partido quiere reivindicar la autodeterminación está en su derecho, a menos que recurra a la violencia, en cuyo caso todo cambia. Pero no es de recibo que uno o varios partidos instrumentalicen a una institución que tanto deben respetar, como es el Parlamento de Cataluña, sobre todo cuando un Gobierno, como el de CiU, se ha permitido el lujo, antidemocrático a todas luces, de mantenerlo cerrado durante cinco meses para que no le molestase en sus cuitas electorales.