Demetrio Madrid dice ante los jueces que quiso mantener a los obreros de su empresa

El Tribunal Superior de Justicia de Burgos inició ayer la vista del juicio contra el primer presidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid López, acusado de un delito social consistente en la supuesta venta fraudulenta de una empresa textil de su propiedad, Pekus, radicada en Zamora. Madrid se ratificó en sus anteriores declaraciones, manifestando que su voluntad en todo momento fue mantener los puestos de trabajo y por ello no adoptó ninguna de las otras opciones legales que le hubieran sido menos gravosas.

Junto a Demetrio Madrid -el socialista que tuvo la presidencia del Gobierno castellano-leonés de 1983 a 1986-, para quien el ministerio fiscal pide tres meses de arresto mayor y multa de 300.000 pesetas, fueron juzgados ayer su hijo Adolfo Madrid y Esteban Cisneros gerente de Pekus, a quien le fue vendida la citada empresa. El juicio, al que comparecen 25 testigos, continuará a lo largo del día de hoy.Demetrio Madrid fue procesado en 1986 a raíz de una querella criminal interpuesta en 1985 por 11 de las 13 trabajadoras de la empresa que consideraron que la venta no fue real, sino simulada, con la intención de defraudar los derechos de las trabajadoras, que dejaron de percibir sus salarios un mes después de efectuarse la venta. A lo largo del juicio, la abogada de las querellantes, María Jesús Díez-Astrain, intentó probar que Demetrio Madrid estaba detrás de la operación, efectuada por su hijo Adolfo, y seguía vinculado a la empresa una vez vendida.

Según intentó demostrar la defensa, que ostenta el abogado José María Mohedano, Demetrio Madrid, ante la incompatibillidad de seguir al frente, de su empresa una vez nombrado presidente autonómico, decidió en 1983 otorgar poderes a su hijo Adolfo para que buscase salidas al negocio, que ya presentaba dificultades económicas. Adolfo Madrid, que segun sus testimonios ofertó infructuosamente a las trabajadoras el constituirse en cooperativa, vendió finalmente la socledad a Esteban Cisneros. En el momento de la venta, Pekus tenía deudas por valor de unos 30 millones de pesetas. Según Cisneros, la empresa, no obstante, era viable y achacó a la falta de interés de las trabajadoras el que Pekus no siguiese adelante. La venta se produjo en junio de 1985 y pocos meses después las trabajadoras presentaron una querella criminal que culminó con el procesamiento de los encausados por la Audiencia Territorial de Valladolid, que estimó la existencia de indicios de delito tipificado en el artículo 499 para defraudar lo derechos de las trabajadoras.

El procesamiento tuvo como consecuencia inmediata la dimisión de Demetrio Madrid y el alejamiento de su partido.