La espiral de la provocación

TRES ATENTADOS terroristas producidos en el plazo de horas en Madrid, Valencia y Vizcaya han tenido como objetivo a otros tantos miembros de las Fuerzas Armadas. Concretamente, un comandante, un coronel y un sargento. Un policía nacional perdió ambas manos cuando trataba de desactivar el explosivo colocado en el coche de este último. Las fuerzas de seguridad consideran probable la intervención de los GRAPO en el atentado de Valencia y no descartan que también hayan podido ser responsables del realizado en Madrid. El tercero sería obra de ETA. Además, la policía desactivó en la capital un artefacto casero destinado -según la llamada que, en nombre de los GAL, alertó sobre su existencia- a los abogados que ejercen la acción popular en el sumario contra los presuntos dirigentes de dicha organización terrorista, José Amedo y Michel Domínguez. La mera enumeración resulta bastante reveladora de la dialéctica de la desestabilización en que coinciden las fuerzas interesadas en acabar con el régimen de libertades.No es una novedad. A comienzos de la década, los terroristas de ETA, con el ocasional refuerzo de los GRAPO, concentraron su actividad criminal contra miembros de las Fuerzas Armadas, con la esperanza de suscitar una reacción golpista desde el seno del Ejército. Pretendían demostrar con ello que nada había cambiado, que España seguía siendo una dictadura militar que justificaba su persistencia en el recurso a las armas. A su vez, los golpistas se acogieron a la bandera de la necesidad de acabar con el terrorismo para preparar la conspiración que culminó el 23-F. Acontecimientos de diverso orden, desde la dimisión de Suárez hasta el asesinato mediante tortura del activista Joseba Arregui, pasando por la provocación de Herri Batasuna ante el Rey en Gernika, contribuyeron a crear el clima de crispación y desconcierto que terroristas y golpistas deseaban para desacreditar el sistema y tratar de deslegitimar a las instituciones.

La estrategia de los desestabilizadores es transparente. Si en este país algo se ha aprendido de la experiencia, es preciso evitar situaciones que favorezcan esa estrategia. Episodios como la fuga de Ángel Alcalde, destinada a ridiculizar a las fuerzas de seguridad; torpezas como la incoherente actitud de los nacionalistas catalanes y vascos en relación con la autodeterminación; irresponsabilidades como la siembra de dudas por parte de dirigentes del Partido Popular sobre la limpieza del proceso electoral; espectáculos como el de los policías acosando al diputado de Herri Batasuna Jon Idígoras en las calles de Bilbao; frivolidades como las escuchadas o leídas con motivo del arresto del coronel Martínez Inglés, y desafortunadas declaraciones de miembros destacados del Gobierno sobre el poder judicial, son factores, de diversa naturaleza, que contribuyen a enturbiar el panorama político y a mermar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Es cierto que la fortaleza de éstas es hoy incomparablemente mayor que a finales de 1980. Pero ello no es suficiente garantía si los responsables políticos, y en general las personas con influencia en la opinión pública, no son conscientes de la provocación ni capaces de oponer a ella la defensa de los valores democráticos y su firmeza en la denuncia de quienes, por intereses miserables, frivolidad, oportunismo o mala fe, tratan de obtener ventajas de la inquietud y desconcierto sembrados por los enemigos de la libertad de todos.