Las tres asociaciones judiciales reprochan al Gobierno que su imprevisión colapse la justicia

Las tres asociaciones judiciales coinciden en criticar al Gobierno por los riesgos de que a partir del 28 de diciembre se colapse la justicia por la imprevisión de la llamada reforma Múgica en la creación de juzgados de lo penal. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, coincide con la progresista Jueces para la Democracia en la denuncia, con distintos matices, de "responsabilidades políticas", mientras la moderada Francisco de Vitoria califica la reforma de "precipitada y defectuosa", pero pide que los jueces colaboren con lo que llama "un reto ineludible".

La posición de las tres asociaciones se centra en la puesta en marcha de los 220 juzgados de lo penal, que se encargarán de juzgar el 80% de los casos penales, prevista para el 27 de diciembre. Igualmente aluden a la conversión de los actuales juzgados de distrito en juzgados de primera instancia e instrucción o en juzgados de paz. Tales reformas significan para la APM, que "la justicia penal en España, en cuestión de 48 horas, experimentará uno de los mayores cambios desde 1870".La ubicación de los juzgados de lo penal en las capitales de provincia "implica alejar la justicia de los ciudadanos", señala la APM, que expone un catálogo de dificultades: "penosos desplazamientos para inculpados, víctimas, testigos -incluidos miembros de las fuerzas de seguridad-, peritos y abogados, lo que implicará un encarecimiento de los gastos y el peligro de suspensión de vistas por incomparecencias". Para la APM, "tales peligros no desaparecerán" con la fórmula de que los jueces se trasladen a las poblaciones de la provincia para celebrar vistas.

La APM reprocha a la clase política su indiferencia sobre los problemas de la justicia, puesta de manifiesto en el reciente debate parlamentario de investidura, y hace un llamamiento "a quienes desde el Gobierno o fuera de él detentan", dice, "responsabilidades políticas, para que tomen conciencia de que con el actual modelo de organización judicial, la consecución del Estado de derecho deseada por la Constitución no pasará de ser un buen deseo".

Jueces para la Democracia arranca de las críticas realizadas a las leyes que ahora se ponen en marcha sobre las competencias desmesuradas de órganos unipersonales que se alejan del ciudadano, pero reconoce el esfuerzo realizado en la creación de nuevos órganos e incremento del número de jueces y funcionarios Perfecto Andrés Ibáñez, portavoz de la asociación judicial progresista, destacó que en el momento de aplicar la reforma "se hace patente de forma aparatosa la ineficacia y la pobreza de la gestión burocrática y el agarrotamiento de los servicios centrales a los que se les escapa de las manos en gran medida la puesta a punto de las reformas proyectadas".

Jueces para la Democracia atribuye estas deficiencias "a falta de previsión, pero también", añade, "a una razón política de fondo: el afán de mantener en una sola mano la administración de una infraestructura que sin duda habría sido gestionable más eficaz y racionalmente desde los correspondientes ámbitos autonómicos".

La asociación judicial Francisco de Vitoria estima falta de "previsión y reposado estudio" una reforma ya anunciada des de hace tiempo, pero considera que su puesta en vigor a finales de diciembre significa "un reto ineludible". En consecuencia, estima "necesario que los jueces y los órganos de gobierno del poder judicial hagamos un alarde", dice, "de nuestra capacidad de imaginación y esfuerzo para conseguir que tal reforma legislativa, que sin duda es precipitada, defectuosa, criticable en muchos aspectos, pero también necesaria e impuesta por el avance social, responda en su aplicación a las exigencias constitucionales" de la justicia.

Vicente Ortega Llorca, portavoz del colectivo moderado, apuesta por que las nuevas reformas se realicen con "medios humanos y materiales" suficientes y pide a los jueces y magistrados que las aborden con dignidad y "tratando de que se resienta lo menos posible el ritmo normal de trabajo".

El plazo se cumplirá

La denominada reforma Múgica tiene su origen en la sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de julio de 1988, que en defensa de la imparcialidad judicial declaró que el juez que instruye una causa penal no puede juzgarla. La aplicación de esta doctrina significó una transformación en el sistemajudicial vigente y la solución que se adoptó fue la ley orgánica de 28 de diciembre de 1988, que creó los juzgados de lo penal, encargados sólo de juzgar delitos con penas de hasta seis años de cárcel. La puesta en marcha de los 220 juzgados de lo penal, inicialmente prevista para septiembre, se ha retrasado al 27 de diciembre próximo, fecha de dificil cumplimiento, según las asociaciones judiciales y el propio Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio de Justicia insiste en que se cumplirá la fecha legal prevista.Ante las críticas judiciales, EL PAÍS recabó ayer información del departamento afectado y el director general de Servicios, Ramón Jiménez de Muñana, aseguró que "no va a haber problemas para la entrada en funcionamiento el 28 de diciembre, incluso en Barcelona y Sevilla, donde se han superado las dificultades existentes".. El alto funcionario de Justicia admitió que algunos jueces sufrirán "incomodidades o problemas de acomodo, como en cualquier casa donde se hacen obras".

Trabajo pendiente

Junto a la desconfianza en que se cumpla el plazo previsto, fundamentalmente por falta de locales, las asociaciones judiciales muestran su alarma ante las competencias que asumirán los juzgados de lo penal, órganos unipersonales que asumirán funciones que antes tenían atribuidos tribunales colegiados. Recuerdan que, como consecuencia de la sentencia del alto tribunal, muchos asuntos quedaron paralizados, para no incurrir en que el juez que había instruido una causa también la juzgara.Las asociaciones judiciales señalan también que el Constitucional ya venía anunciando desde hace años su pronunciamiento, para acoplar la justicia española a las exigencias del Convenio Europeo de Derechos Humanos.