Leguina pide ayuda al Gobierno para evitar la bancarrota de la Comunidad

El presidente del Gobierno regional, Joaquín Leguina, remitirá la próxima semana una carta a Felipe González en la que expondrá la grave situación económica de la Comunidad de Madrid, que se halla "en puertas del estrangulamiento financiero". La carga heredada de la antigua Diputación provincial, la infravaloración del coste de los servicios prestados a la Administración central y la deuda del Estado por las subvenciones a la vivienda y al transporte (unos 45.000 millones) agobian las arcas autonómicas y bloquean su capacidad de inversión.

El consejero de Hacienda, Luis Alejandro Cendrero, recuerda que el período transitorio de financiación de las autonomías finaliza con el año 1990. Además, la Comunidad de Madrid es la única autonomía que no tiene impuestos cedidos.La cobertura de los costes asistenciales (hospitales, guarderías, residencias de ancianos...) heredados de la Diputación Provincial de Madrid se vio afectada por la sustitución del impuesto general de tráfico de empresas (ITE) -un porcentaje del cual se destinaba a la financiación se las diputaciones- por el impuesto sobre el valor añadido (IVA). La Comunidad ha visto cómo se congelaba esta vía de financiación a pesar de los incrementos de la recaudación en una región como Madrid, que registra un fuerte crecimiento de la actividad económica. Según Cendrero, "esta situación produce un efecto financiero negativo que sólo en 1989 supondrá un drenaje de 10.000 millones de pesetas para la Comunidad". Las cargas absorbidas de la Diputación exigen un esfuerzo presupuestario de aproximadamente el 60% del gasto corriente no financiero.

Por otro lado, las comunidades autónomas pretenden plantear a partir de 1990 un sistema de financiación definitivo basado en la participación en la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

Pero el Estado también es deudor de la Comunidad. El consejero de Hacienda sostiene que para cubrir el coste real de los servicios que presta el Gobierno madrileño hay que tomar como referencia la evolución de los ingresos y no la de los gastos. Aunque las cifras "todavía no están muy bien definidas", una primera valoración de la deuda de la Administración central revela su magnitud.

En primer lugar se produce la "aberración" de que se esté subvencionando al Insalud que, según Cendrero, sólo paga la mitad de los servicios que reciben los beneficiarios de la Seguridad Social en los centros sanitarios de la Comunidad.

En cuanto a la cobertura de los costes del transporte colectivo en la región, la Administración central tampoco cumple sus compromisos. En la actualidad adeuda a la Comunidad un total de 21.000 millones de pesetas, cantidad que ha generado unos intereses de 6.000 millones. A juicio del consejero de Hacienda, el vigente mecanismo de financiación del transporte supone que "cuantos más viajeros lo utilizan resulta más deficitario el servicio, al subvencionarse el precio del billete. Es necesario que el Estado pague también por cada viajero".

Remodelación urbana

La vivienda es otro de los renglones del saldo deudor del Gobierno central. Sólo en la operación de Barrios en Remodelación -destinada a disolver las bolsas urbanas de infraviviendas y realojar a sus moradores-, el Estado debe unos 15.000 millones. También faltan por cubrir otros 3.000 millones por el patrimonio inmobiliario que se transfirió al Instituto de la Vivienda.Sin embargo, los problemas económicos que aquejan a la Comunidad surgieron con la puesta en marcha de las instituciones autonómicas. En 1985, el Estado asignó 27.000 millones para los servicios prestados por la Comunidad que entonces tenían un coste que ascendía a 45.000 millones. "Se empezó a trabajar en una situación ruinosa", confiesa Cendrero. En su opinión, si no se resuelven las carencias de financiación antes de 1991, la Comunidad va a necesitar medidas de auxilio económico.

El comité regional de la Federación Socialista Madrileña (FSM) reforzó el pasado 3 de diciembre en Alcobendas la estrategia de financiación de 1as grandes ciudades". Según las conclusiones adoptadas por la FSM, los problemas de crecimiento de la región madrileña exigen "un esfuerzo político y económico por parte del Gobierno nacional".

La organización regional del PSOE reconoce que las carencias en materia de transportes, viviendas y servicios asistenciales "reclaman una apuesta decidida y de choque" para afrontar las elecciones autonómicas y locales previstas para la primavera de 1991. Tras solicitar "una dirección política más activa", la FSM alerta contra 1as políticas contradictorias" desarrolladas por las diferentes administraciones gestionadas por equipos políticos socialistas y que han acarreado "una pérdida de imagen" constatada en las últimas convocatorias electorales.