El Defensor del Pueblo acusa a la Administración y a Gas Madrid de no cumplir con sus obligaciones

El Defensor del Pueblo ha elaborado un informe crítico sobre el conflicto del gas en el que acusa a Gas Madrid y a la Administración de no haber cumplido con sus obligaciones respecto a las inspecciones de instalaciones domésticas. El Defensor cree que "la urgencia con que se hacen las inspecciones, empleando el elemento de fuerza de suspender el suministro, no permite ignorar el factor desencadenante de esta campaña: la modificación del tipo de gas a suministrar". Gas Madrid ha negado reiteradamente que las inspecciones y el cambio de gas estén relacionados.

El informe del Defensor lo originó una queja dél abogado de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAV), José Antonio Jiménez Jiménez, a raíz de los cortes de suministro de gas que se producían en numerosos domicilios. Esta suspensión del servicio se hizo después de que los inspectores de Gas Madrid detectaran fugas de gas durante las pruebas de estanqueidad que se realizaban en las conducciones domésticas. Estos problemas y la discusión sobre quién debía pagar las reparaciones motivaron la campaña de la FRAV de pedir a los vecinos que cerraran las puertas a los inspectores.El Defensor del Pueblo, Álvaro Gil-Robles, hace constar en su escrito que "buena parte" de los problemas que están surgiendo con las revisiones "proceden, en principio, de la escasa diligencia de la empresa" y de la falta de un firme seguimiento del proceso por parte de las administraciones públicas competentes.

A juicio de Gil-Robles, "no parece equitativo pretender que las modificaciones y reparaciones a realizar en las instalaciones de los particulares ahora se sufraguen a costa del usuario, desentendiéndose la empresa concesionaria de toda responsabilidad cuando no se han exigido [las reparaciones] en su momento precisamente porque no se había cumplido debidamente con la obligación de inspeccionar".

Este planteamiento fue recogido por Gas Madrid, antes de conocer el informe del Defensor, al firmar un acuerdo con varias asociaciones de consumidores para financiar parte de los gastos de reparación. La FRAV se autoexcluyó de este convenio porque no recogía sus planteamientos.

El Defensor añade en su escrito que en la inobservancia de las previsiones de mantenimiento e inspección "parece haber una importante cuota de responsabilidad de la empresa suministradora, así como de la Administración, que debería haber supervisado la actividad de aquélla".

Abandono

Igualmente señala que la situación actual radica en la decisión unilateral de la empresa de cambiar el tipo de gas, lo que ha puesto de manifiesto "el estado de abandono de algunas instalaciones por no haberse observado las normas de mantenimiento preventivas reglamentariamente establecidas".Mientras, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha incoado diligencias informativas a Gas Madrid ante la denuncia presentada por la FRAV en la Fiscalía General del Estado, órgano que la trasladó a su homónima del Tribunal Superior.

En la denuncia se hace constar que los cortes de suministro prolongados a los usuarios en cuyas instalaciones se detectan fugas podrían constituir algún tipo de coacción y que con esta actuación Gas Madrid está consiguiendo que los abonados paguen las reparaciones con el fin de que se les restablezca el suministro.

El fiscal del Tribunal Superior de Justicia ha pedido un informe técnico a la Dirección General de Industria de la Comunidad y ha tomado declaración a directivos de Gas Madrid. Según informa Europa Press, uno de los directivos de la suministradora manifestó que las inspecciones tienen como único motivo garantizar la seguridad de los usuarios y negó que las reparaciones que los abonados deben realizar para reparar las fugas sean necesarias para recibir gas natural cuando se acometa la sustitución del gas ciudad.