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Entrevista:

Laborda: "El Congreso renunciar a debatirlo todo"

El presidente del Senado quiere que participen en la Cámara alta los presidentes de las 17 comunidades

El socialista Juan José Laborda, de 42 años, es el nuevo presidente del Senado en sustitución de José Federico de Carvajal. Su bisoñez en la presidencia la compensa con una larga trayectoria en la Cámara alta, desde las Cortes Constituyentes de 1977, y su trabajo posterior de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Bilbaíno de nacimiento, es un buen conocedor del proceso autonómico y de los retos que plantean las nacionalidades históricas. Cree que en esta legislatura se puede terminar de configurar el mapa autonómico y se inclina porque en el Senado se constituya una comisión de las autonomías con la presencia de los 17 presidentes de las comunidades.

Pregunta. En el discurso que usted pronunció el martes tras su elección como presidente del Senado insistió en que la Cámara alta va a disponer de mayores competencias y convertirse durante esta legislatura en una cámara de representación territorial. ¿Significa ello que el Senado va a dejar de convertirse en una mera Cámara de segunda lectura?

Respuesta. No tenemos en el Senado complejos respecto del Congreso como cámara legislativa. Desde el propio debate constitucional hemos conseguido en el Senado acuerdos importantes como el artículo diez que establece la legislación de derechos humanos, la abolición de la pena de muerte, la investigación de la paternidad o que a ningún ciudadano español se le pueda privar de su nacionalidad. Está, además, todo el título octavo dedicado a las autonomías y, sobre todo, el ajuste del viejo derecho foral al régimen constitucional. Asimismo, hemos aprobado leyes importantes como la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la Ley del Consejo del Estado o la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Ahora se le abre al Senado el horizonte como cámara de representación territorial, de mediadora e impulsora del proceso de autogobierno de las comunidades autónomas.

P. ¿En qué se va a concretar ese horizonte del Senado como cámara de representación territorial, tal y como lo califica?

R. El Congreso debe renunciar a debatirlo todo. Podemos tener en el Senado el debate específico de las autonomías, con unos horizontes amplios y la implicación de los gobiernos de las comunidades autónomas y sus presidentes. Ya existen documentos y la oferta final es constituir una gran comisión, que puede denominarse de las "autonomías", con contenidos concretos a tasar y donde podrían estar presentes los presidentes de las 17 comunidades autónomas, del mismo modo que los ministros participan en el Congreso. En el Senado se debe producir un encuentro entre las comunidades autónomas para que perciban sus diferencias, sus intereses dispares pues en ese contraste está la esencia de la solidaridad.

Ceuta y Melilla

P. ¿Cree que el Congreso va a ceder esa competencia al Senado?

R. Espero que el Congreso entienda el papel del Senado tanto en su papel de cámara territorial como en su labor complementaria en debates de interés interadministrativo que el Congreso no alcanza a estudiar. Me estoy refiriendo a cuestiones concretas -como la repercusión en España de la nueva situación creada en la Europa del Este o el mismo tema del impacto tecnológico. El Senado tiene que recoger esas inquietudes que existen en la calle y a las que no accede la actividad del Congreso.

P. ¿Con qué problemas concretos se enfrenta el papel del Senado al encarar el proceso autonómico en estos momentos?

R. Soy partidario de que se confiera un régimen autonómico a Ceuta y Melilla. Los temas de financiación de las comunidades autónomas tienen un sedimento tranquilizador en el cuadro de la solidaridad. En lo competencial, lo tenemos claro. Este Estado en su funcionamiento acabará siendo homologable a un Estado federal.

P. ¿Va a ser una homologación pura con otros estados europeos federales o se van a producir diferencias?

R. España no es un Estado federal por su origen. En los estados federales, las soberanías las ceden las comunidades al Estado. Aquí ha sido al revés. Desde el punto de vista competencial no va a haber diferencias con los estado federales. Aquí se plantea un elemento diferencial con la existencia de partidos nacionalistas, sobre todo en el País Vasco y Cataluña, lo que requiere un esfuerzo de imaginación en su tratamiento.

Nacionalidades históricas

P. ¿Esa especie de Estado federal hacia el que usted apunta que marcha el proceso autonómico va a mantener las especificidades de las nacionalidades históricas de España? ¿No existe el riesgo de que ese proceso aboque al "café para todos" como despectivamente han manifestado ocasionalmente los líderes de los partidos nacionalistas históricos, como vascos y catalanes?

R. La Constitución española, al reconocer los antecedentes republicanos, las quiso integrar a partir del reconocimiento de sus peculiaridades, empezando por las propias lenguas. Con ello se produce, también, el reconocimiento de la contribución política de los partidos nacionalistas en la reinstauración de la democracia en España. Ahora bien, también tengo que decir que después de doce años de régimen democrático, más que la reclamación de nuevas competencias, lo que va a ser objeto de valoración en las urnas es la gestión de esas competencias. Tampoco hay que olvidar las transformaciones que va a producir la integración europea efectiva en 1992. Pero el proceso de descentralización política al que hemos asistido en estos últimos diez años resulta increible a los ojos de los políticos europeos.

P. Usted manifestó en el discurso, tras su nombramiento, que el Senado va a impulsar su papel canalizador en materia de comisiones de investigación. ¿Va a tener un papel protagonista o, subalterno?

R. Vamos a reclamar la exclusiva al Congreso y ya contamos con importantes precedentes esta legislatura con la creación de comisiones como las de violelicia en el deporte, aeropuertos o drogodependencias, de la que salió el Plan Nacional de la Droga.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 25 de noviembre de 1989