El Constitucional desautoriza al Congreso por obstruir una demanda

El Tribunal Constitucional ha desautorizado al Congreso en la decisión que tomó el 23 de abril de 1987 por la que no concedió que continuaran unas diligencias judiciales iniciadas contra la diputada socialista y dirigente del PSOE Carmen García Bloise, demandada por el concejal de Gijón y militarte del partido Luis Aurelio Sánchez Suárez. El alto tribunal ordena que prosigan las actuaciones judiciales contra García Bloise, a quien Sánchez Suárez acusó de atentar contra su honor.El origen de este caso fueron unas declaraciones de García Bloise -miembro de la ejecutiva federal del PSOE-, realizadas en 1986 en Asturias, sobre las sanciones impuestas por el partido a Sánchez Suárez. García Bloise acusó la Sánchez Suárez de "mantener relaciones comerciales inaceptables con proveedores municipales".

El concejal entendió que tales manifestaciones "no sólo atentaban contra su honor y dignidad, sino que además eran constitutivas de una imputación falsa de hechos no acaecidos". En consecuencía, Sánchez Suárez presentó una demanda contra García Bloise, quien invocó su condición de diputada.

El juez de primera instancia número 1 de Avilés (Asturias), a quien le correspondió el caso, aplicó la reforma introducida en mayo de 1985 en la ley de protección civil del honor, por la que "no se apreciará la existencia de intromisión ilegítima cuando se trate de opiniones manifestadas por diputados o senadores en el ejercicio de sus funciones". La ley modificada exige para seguir el procedimiento judicial "la previa autorización" parlamentaria.

El 23 de abril de 1987, el pleno del Congreso acordó en sesión secreta que "no procede la concesión de autorización para que continuen las actuaciones judiciales" contra García Bloise. El concejal solicitó entonces el amparo del Constitucional.

En los fundamentos jurídicos de la sentencia del alto tribunal, se recuerda que no existe base constitucional para "condicionar o impedir la prestación de la función jurisdiccional con autorizaciones previas para proceder en el orden civil contra parlamentarios".

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