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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Estrategia de tensión

NINGUNA PERSONA sensata puede ignorar la gravedad de la situación creada por el atentado que ha costado la vida al parlamentario electo de Herri Batasuna Josu Muguruza y causado heridas de gravedad a su compañero Iñaki Esnaola. Un atentado que, como afirmábamos en el editorial de nuestra segunda edición de ayer, lleva el signo inconfundible del fascismo. La desestabilización del sistema democrático, apoyada en la búsqueda deliberada de reacciones de pánico entre la población, es la única estrategia de esos enemigos de la libertad. Tanto la significación de las víctimas como el momento elegido por los pistoleros y quienes los dirigen ponen de manifiesto su voluntad de tensar la vida política hasta el extremo y de cortar de raíz las esperanzas de normalización de la situación vasca que apuntan tras la vacilante pero elocuente decisión de HB de incorporarse a las instituciones parlamentarias.Vacilante porque persisten contradicciones manifiestas, como la de pretender que los 346 diputados restantes de la Cámara, representantes legítimos de millones de ciudadanos, deban plegarse a las exigencias de los cuatro que han obtenido la confianza de esos 216.000 electores que se identifican con el radicalismo vasco. Pero elocuente porque la decisión de acudir al Parlamento se produce tras vencer considerables resistencias de los sectores más doctrinarios y fanatizados del mundo radical vasco. Y sobre todo porque significa admitir que la búsqueda de una salida dialogada del laberinto de la violencia -objetivo prioritario proclamado por HB- pasa por las instituciones representativas de la democracia. Ese cambio de actitud, cuyas consecuencias últimas están todavía por ver, resultaría incomprensible sin las transformaciones producidas estos últimos años en la conciencia de los ciudadanos vascos, y en particular de los sectores identificados con los valores y pautas de comportamiento del nacionalismo democrático. La firmeza con que las fuerzas mayoritarias de Euskadi han reaccionado frente al empecinamiento de los violentos y de quienes les aportan cobertura política ha forzado al segmento menos cerril de HB a dar un paso al frente y defender en voz alta lo que antes sólo en conciliábulo sostenía: la necesidad de dar prioridad a la lucha política frente a otras formas de actuación.

Es cierto que ese segmento del radicalismo no ha renunciado a capitalizar políticamente la violencia; y que, por ello, su posición es aún contradictoria con los valores de una sociedad abierta y democrática. No es pretendiendo ignorar esas contradicciones o, menos aún, halagándoles de manera oportunista como se ayudará a tales sectores a superar las resistencias que se oponen a la necesaria perestroika de HB. Pero la firmeza en los principios puede hacerse compatible con una cierta flexibilidad que estimule un proceso que, de todas formas, favorece una creciente autonomización de los políticos respecto a los generales que tradicionalmente han llevado la voz cantante. Que la intención subjetiva de los dirigentes de HB es la instrumentalización del Parlamento como cámara de resonancia es algo más que una presunción. Pero experiencias múltiples a lo largo de más de un siglo de vida parlamentaria en numerosos países indican que la propia lógica de la democracia acaba con frecuencia imponiéndose, incluso en la conciencia de los más reticentes a ella.

Una fórmula aceptable

De ahí que nos parezca relativamente secundaria la fórmula concreta de acatamiento constitucional que empleen los electos de HB para adquirir la condición jurídica de diputados. Entendemos las razones que mueven a los dos principales partidos de la Cámara a rechazar la pretensión de HB de singularizarse mediante una formulación reticente. Tal vez una postura de firmeza al respecto ayudase a HB a tomar conciencia de la falsa situación en que se encuentra. Tal vez, pero no es probable. Más bien podría pensarse que, para llegar a acatar -aunque sea "por imperativo legal"- una Constitución cuyos contenidos se rechazan, los sectores partidarios de hacer política desde las instituciones habrán tenido que vencer las marciales resistencias de quienes, poco sutiles, confunden acatamiento con identificación. Además, la expresión que pretenden utilizar los parlamentarios de HB no es sino la redundancia de una realidad: en efecto, todos los parlamentarios, y no sólo ellos, deben expresar públicamente el acatamiento de la Constitución porque así lo establece la ley, es decir, por imperativo legal. Al admitir esa fórmula no se quebrantan los principios, y en cambio se da oportunidad a las instituciones de integrar paulatinamente a la principal fuerza antisistema que subsiste en nuestra sociedad.La principal, pero no la única. Los pistoleros que actuaron la noche del lunes en el hotel Alcalá de Madrid no podrán ampararse en consideración política o moral alguna para justificar el crimen. La prudencia, como recordó ayer Julio Anguita, se impone a la hora de imputar la responsabilidad última a quienquiera que sea. No porque resulte inverosímil una conspiración de altos vuelos, sino porque no es imprescindible que tal conspiración haya existido para hallar una explicación verosímil. Las manifestaciones de algunos portavoces de HB que han hablado de "crimen de Estado" revelan irresponsabilidad y escasa perspicacia. Desgraciadamente, matar es demasiado fácil, como lo demuestran, por ejemplo, los crímenes de ETA en territorios en los que carecen de apoyos significativos o complicidades de la población.

En todo caso, la respuesta del sistema democrático ante este nuevo desafio debe manifestarse, en primer lugar, en la eficacia policial en la investigación del crimen . y puesta a disposición de lajusticia de los asesinos. La característica fundamental del Estado de derecho es su capacidad para detener el mecanismo circular de la venganza mediante la intervención de una instancia, la judicial, la única legitimada para aplicar una represalia. Junto a ello, la firmeza democrática debe expresarse de manera prioritaria en un esfuerzo por mantener el normal funcionamiento de las instituciones. Ello es particularmente necesario en Euskadi. La oportuna iniciativa del lehendakari, José Antonio Ardanza, de convocar a las fuerzas firmantes del pacto de Ajuria Enea debe servir para reafirmar los principios allí establecidos y orientar a la población vasca en momentos propensos a todo tipo de desbordamientos emocionales.

Ese desbordamiento explica en parte algunas manifestaciones salidas ayer de labios de compañeros de Muguruza y Esnaola . Pero aun compartiendo su emoción e indignación, no es posible ignorar la incoherencia manifiesta de quienes consideran compatible la condena del atentado del lunes con el silencio ante el de tres días antes en la misma ciudad. Reprochar a las fuerzas democráticas una doble moral tras reafirmar su propio derecho al silencio ante los crímenes de ETA más parece un sutil reconocimiento de que no se pisa terreno firme. Además, se equivocan: los demócratas condenan el atentado que ha costado la vida a Josu Muguruza con la misma fuerza y convicción con que ayer condenaron el que acabó con la de Yoyes, o con la de los clientes de Hipercor, o con la de las niñas del cuartel de Zaragoza, o todos los demás. Porque lo que defienden y aquello en lo que creen es tan incompatible con la violencia ciega de los comandos de ETA como con la de los escuadrones de la muerte. El llamamiento de HB a la calma y a actuar "evitando a toda costa la generalización del conflicto hacia cotas irreversibles de enfrentamiento civil en el seno de la sociedad vasca", así como la ratificación de su propósito de acudir al Parlamento, permite mantener la esperanza de que en su seno se abre paso la comprensión de esa realidad.

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