Leguina ofrece a UGT y CC OO un acuerdo limitado a las actuales competencias de la Comunidad

La Comunidad de Madrid no tiene impuestos propios. Tampoco gestiona por completo la sanidad, y su control sobre la economía regional gira sobre el eje de la política de suelo. Con estas y otras limitaciones, el presidente regional, Joaquín Leguina, inició el pasado miércoles negociaciones con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras para alcanzar la concertación social, que continuarán esta semana en las reuniones de las cinco mesas sectoriales, entre la confianza y un cierto escepticismo sindical.

., El secretario general de CC OO en Madrid, Rodolfo Benito, sostiene que de los 20 puntos planteados en la Propuesta Sindical Prioritaria (oferta de acuerdo social) tan sólo 11 pueden ser asumidos por la Comunidad. Mientras tanto, el responsable de UGT en la región, José Luis Daza, prefiere no .echar las campanas al vuelo" y seguir con cautela el curso de las negociaciones.Rodolfo Benito subraya que aspectos como la protección social, la redistribución de la renta o la participación sindical en las empresas escapan a las competencias de la Comunidad. A su juicio, la concertación social en Madrid queda circunscrita a la política de empleo, las retribuciones de los funcionarios y a determinados aspectos de política social, como sanidad, medio ambiente, transportes y vivienda.Sin embargo, vislumbra un sustancial avance en las negociaciones sindicatos-Comunidad: la creación del Consejo Económico y Social de Madrid. La puesta en marcha de este foro permanente de negociación entre los representantes empresariales, de los trabajadores y la Administración ha sido siempre retrasada a la espera de la regulación del consejo nacional. "Habrá que empezar a dar pasos al margen de lo que se decida en el ámbito estatal", apunta el secretario regional de CC OO.Por el contrario, se muestra "muy escéptico" ante la efectiva asignación del denominado salario social para los madrileños sin recursos económicos. Benito critica la actitud electoralista" de la consejera de Integración Social, Elena Vázquez, por plantear la cuestión a corto plazo, cuando no hay presupuesto ni previsiones para el próximo ejercicio. CC OO propone un salario social de 35.000 pesetas mensuales, con 14 pagas.Benito reconoce que existe "fluidez en las relaciones con Leguina", pero descarta que se trate de "una entente sindical con la Comunidad", especialmente ante la posibilidad de que se esté utilizando a los sindicatos para reforzar la figura política de Leguina, en un momento en el que atraviesa dificultades con la organización del partido socialista.

José Luis Daza, secretario general de UGT de Madrid, resalta que el PSOE ha dejado de ser la primera fuerza política en la Comunidad. En vísperas del proceso congresual del sindicato socialista, Daza recuerda que UGT no quiere ser la correa de transmisión de ningún partido político y que actuará con independencia. Pero, en su opinión, Leguina "tiene más sensibilidad para lo social y para la negociación que el Gobierno de Felipe González, y la concertación en Madrid puede llegar a convertirse en referencia de obligado cumplimiento para el resto de los poderes pú blico y, sobre todo, para el Gobierno central".Especulación inmobiliaria

Daza critica especialmente la gestión del equipo municipal socialista de Juan Barranco, a quien considera políticamente responsable de la pérdida de votos progresistas en Madrid tras "la expulsión de 300.000 trabajadores de la ciudad a causa de la especulación inmobiliaria".El secretario regional de UGT reconoce que en aspectos como la fiscalidad o la contratación eventual no hay posibilidad de acuerdo con la Comunidad, porque carece de competencias, pero reitera que "Leguina ha sido el primero en salir a la palestra y responder al ofrecimiento de negociación de las centrales sindicales". Y concluye: "No se puede hacer política desde una ideología de izquierda en contra de los sindicatos".

Por su parte, el Sindicato Independiente de la Comunidad de Madrid (SIM-CSIF), ha acusado al presidente regional de "oportunismo político al intentar sostener su delicada situación en base al diálogo con CC OO y UGT, con la exclusión de CSIF". Este sindicato destaca que Leguina quiere dar una imagen dialogante con las fuerzas sociales, distante de la del Gobierno de Felipe González. La CSIF considera sectaria esa actitud y anuncia que denunciará en los tribunales cualquier acuerdo que afecte a los intereses de los funcionarios regionales tomado sin el consentimiento de CSIF.