Redondo no permitirá que UGT abandone su definición socialista y se convierta en un sindicato plural

Nicolás Redondo ha dejado cerrada la posibilidad de que la UGT se convierta en un sindicato de ideologías plurales y también ha cortado el camino a los dirigentes que aún quedan en el sindicato defensores del "seguidismo partidario". En el informe de gestión que presentará el próximo día 13 al comité confederal, el secretario general ugetista deja clara para el debate que se abre con vistas al congreso de la organización que "UGT sigue siendo un sindicato de orientación socialista, como lo ha sido desde que nació, hace más de un siglo. No existe ningún motivo para pensar que tal circunstancia vaya a cambiar en el futuro".

La definición socialista la deja tan precisa en su informe Redondo como que "no aceptamos ni aceptaremos ningún tipo de seguidismo partidario. Plantear debates centrados en torno a estas cuestiones no sólo implicaría una regresión, sino una verdadera distracción de esfuerzos que no puede favorecer al sindicato".Ello deja, en cambio, un amplio espacio para que sus cuadros y delegados decidan si se opta por una organización socialista totalmente desvinculada del PSOE o, sin porier en cuestión la autonomía, realizar algún tipo de acercamiento al partido socíalista desde una postura crítica.

El máximo dirigente de UGT marca así el margen de maniobra para un debate ya iniciado que ocupará a la organización en los meses que restan hasta abril y corta de raíz cualquier posibilidad de que UGT vuelva a practicar una política seguidista del PSOE o gire en sentido contrario y pase a admitir corrientes e ideologías plurales.

En su informe de gestión, Redondo reconoce que "nuestra postura sindical ha provocado ciertamente algunas convulsiones en el seno de la organización pero las hemos superado bien" Por ello pide a los afiliados que tengan en cuenta "cuándo se plantean debates falsos" y prosigan en el modelo de unidad de acción, autonornía sindical y de fensa de planteamientos firmes y coherentes.

Nicolás Redondo apunta otras cuestiones que debe discutir la organización en su próximo congreso, previsto entre los días 12 y 15 de abril de 1990, aunque es el comité confederal el que ha de decidir las ponencias en las que van a trabajar los delegados durante los próximos meses, como son la acción sindical, la política institucional, la modificación de los estatutos y el empleo. Se trata de un congreso decisivo para la organización con el que además se inicia, según su deseo, el último mandato de Redondo.

En un informe denso, el máximo dirigente tigetista se detiene en problemas que preocupan a los ciudadanos y en los que cree que se debe implicar el sindicato porque afectan a la calidad de vida. Entre ellos considera a los servicios públicos, que califica de importantes para los trabajadores, dado que son los que más necesitan de ellos, o la atención a los ancianos. Le preocupa especialmente la sanidad, y crítica que los responsables políticos anuncien un día la extensión de la asistencia sanitaria pública a los ciudadanos con recursos escasos, para a continuación proponer la limitación de sus prestaciones.

También hace una defensa de la empresa pública ante lo que define como "una acelerada ca rrera por privatizar", y cita los ejemplos de la venta de una parte de Repsol o el caso de Renfe, donde "se están realizando estudios tendentes a privatizar aquellas partes y actividades rentables, como es el trayecto Madrid-Barcelona del tren de alta velocidad".

Redondo afirma que, "en muchos supuestos, lo que hay que cambiar son los gestores y no la propiedad", y apuesta por un sector público fuerte para romper monopolios, establecer la competencia, romper las fuentes de ganancia especulativa y sustituir a la iniciativa privada cuando ésta no esté dispuesta a colaborar. Él recomienda que no se olviden "algunas consecuencias de la furia privatizadora de la señora Thatcher en el Reino Unido; importantes empresas como British Telecom han funcionado peor después de pasar a manos privadas".

Plataforma unitaria

El resto de las líneas que deben marcar la acción sindical a corto y medio plazo están recogidas en la plataforma unitaria que Redondo recuerda que corresponde a una iniciativa hecha por UGT a Comisiones Obreras. En su informe al comité confederal asegura que la Propuesta sindical prioritaria es "una clara expresión de que el movimiento sindical rechaza -ofreciendo alternativas al mismo tiempo- una política económica y social injusta, insolidaria, y que no logrará, si no se modifica, invertir los desajustes y las desigualdades".

Otro logro que considera importante será superar lo que viene denominando como "déficit democrático" y que consiste en evitar que las decisiones empresariales se adopten unilateralmente y habilitar mecanismos de información, consulta y negociación; asegurar la participación de los trabajadores en el control de las sociedades y establecer un derecho de negociación de los empleados públicos.

Al analizar el desarrollo de los meses pasados se detiene en las mesas de concertación sobre el empleo y la formación profesional, abiertas en la primavera con el Gobierno y los empresarios, y que, a su juicio, "pudieron haber concluido con acuerdos positivos para los trabajadores". Redondo justifica el fracaso en "la imposición de hechos consumados a los negociadores y por las declaraciones del ministro de Trabajo, que se alineaba con la patronal en temas de importancia: negativa a medidas de reparto de trabajo y a mejoras del marco jurídico contractual".

Considera que la mesa de empleo no ha sido del todo inútil porque "ha extendido la conciencia en nuestra sociedad acerca de la necesidad de acabar con dos lacras sociales sobre las que se apoya la. actual política de empleo: el enorme fraude en la contratación laboral y un asistencialismo a las empresas, a todas luces abusivo, que es preciso corregir".

Sobre la negociación colectiva de este año, afirma que se han cumplido los objetivos y destaca que, mientras el incremento medio en los convenios ha sido del 6,79%, los aumentos pactados en la empresa pública son algo superiores (el 7,13%).

Nicolás Redondo recuerda que ha sido precisamente en una parte del sector público donde la negociación fue más conflictiva, al mantener el Gobierno durante meses ofertas salariales en tomo al 4%, mientras la inflación se situaba por encima del 6%, lo que califica de "clara provocación que respondía a motivaciones políticas, ya que lo único que se conseguía era la degradación de los servicios públicos".