La rensión salarial por la desviación de la inflación costará a la banca 15.000 millones de pesetas

M.Z./ C. P. La revisión salarial, originada por el incremento de la inflación por encima de las previsiones, costará a la banca 15.000 millones de pesetas según cálculos sindicales. Cada uno de los 150.000 trabajadores del sector debe cobrar 100.000 pesetas de media si, como se espera, el índice de precios al consumo supera a fin de año el 6%. Los sindicatos preparan ya sus demandas para el convenio de 1990, y UGT en concreto va a pedir un incremento salarial del 8%, con una cláusula que garantice un aumento superior en dos puntos a la inflación real.

El convenio de banca vigente para este año precisa que los trabajadores del sector deben recuperar todo lo que suba la inflación por encima del 3% -la previsión inicial del Gobierno- La revisión no se hará efectiva hasta que no se conozca el índice de precios al consumo a 31 de diciembre.Ante la negociación del convenio del próximo año, las centrales elaboran ya su plataforma reivindicativa, y UGT ha enviado a sus cuadros unas orientaciones para que precisen las demandas que defenderán en las negociaciones con la Asociación Española de Banca Privada (AEB). Además del incremento salarial del 8%, la cláusula de revisión salarial vuelve a ser una de las claves negociadoras en la plataforma que ha elaborado la federación ugetista de banca para el próximo convenio, aunque en el primer borrador aún no está cuantificada.

El conjunto de las reivindicaciones que UGT va a defender se apoyan en la Plataforma sindical prioritaria (PSP) y contando con el proceso de unidad de acción con Comisiones Obreras. Respondiendo a esa filosofía, la central quiere aumentar y mejorar el empleo en el sector mediante la protección sindical de los contratos, la información a los representantes de los trabajadores sobre las previsiones de contratación, entrega por los bancos de una copia íntegra de todos y cada uno de los contratos suscritos, e intervención de los sindicatos en los procesos de extinción de las relaciones laborales temporales.

Para la revisión de las modalidades de contratación piden que se aplique la eventualidad en las actividades de naturaleza temporal, potenciar los contratos fijos, establecimiento de un tope máximo porcentual de trabajadores temporales sobre la plantilla de la empresa y contratación indefinida de jóvenes en sustitución de trabajadores jubilados anticipadamente.

La mejora de la financiación para la compra de viviendas será otra de las demandas, junto a la extensión y ampliación de la participación de los trabajadores en las empresas y al reparto del trabajo existente. Este último punto incluye la anticipación de la edad de jubilación, la reducción de jornada a 35 horas, la supresión y eliminación de las horas extraordinarias y la sustitución en cuanto sea posible de las horas estructurales, compensadas con tiempo de descanso.

El punto más controvertido del convenio de 1989, la jornada partida, previsiblemente no se vuelva a abordar ahora, pese a que tan sólo se ha aplicado en un porcentaje entre el 6% y el 9% de las plantillas frente al límite máximo, fijado en el 25%.