Objetores aparcados
LA REGULACIÓN legal de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio ha llegado tarde y mal en España. El retraso ha supuesto que miles de jóvenes -se calculan en unos 24.000- tengan pendiente el saber si, finalmente, van a librarse de tener que interrumpir situaciones laborales y familiares consolida das para dedicar 18 meses de su mejor tiempo a las tareas del servicio social sustitutorio en los organismos públicos o privados decididos a acoger a los objetores. De otra parte, la ley y el reglamento sobre objeción de conciencia han atraído sobre sí el rechazo del movimiento organizado de objetores, alentando la creación de una fuerte corriente de insumisión y, en definitiva, anegando las esperanzas sobre una salida razonable y socialmente aceptada a un problema enquistado desde hace lustros en España.La incertidumbre y la inseguridad de esta situación se han acentuado todavía más en los últimos tiempos a raiz del debate electoral desencadenado sobre el futuro del servicio militar. Las reformas, grandes o pequeñas, que se introduzcan en el actual sistema obligatorio de la mili afectarán inevitablemente a la prestación social sustitutoria, entre otras razones, a causa del mimetismo respecto de lo militar -organización, valores de jerarquía y disciplina, régimen ¿le sanciones y situaciones de disponibilidad, actividad y reserva- con que los legisladores se han empeñado en articular el servicio social de los objetores. Cualquier disminución del tiempo del servicio militar obligatorio deberá repercutir en un recorte del amplio período de 18 meses con que, de hecho, se penaliza en la actualidad a los jóvenes llamados a filas que deciden ejercer el derecho de objeción de conciencia.
Pero mientras la evolución del servicio civil de los objetores es una cuestión sometida a los vaivenes de la presión social, a las opciones políticas de las distintas alternativas de Gobierno y a la capacidad de los propios poderes públicos para poner en pie la infraestructura adecuada a las demandas de quienes se niegan a empuñar las armas, la situación irregular de la gigantesca bolsa de 24.000 jóvenes objetores formada a la espera de la solución legal del problema no admite más demoras.
Parte de estos jóvenes -los estudiosos calculan en torno a los 7.000 los que tienen una edad superior a los 29 años- proceden de una época inmediatamente anterior a la promulgación de la ley de Objeción de Conciencia de 1984. A ellos hay que añadir los 17.000 objetores entre 20 y 27 años, acumulados en el tiempo transcurrido desde el momento de la entrada en vigor de esta ley hasta finales de 1988, en que se inician los primeros ensayos del servicio social sustitutorio. En uno y en otro caso la rémora legislativa y gubernamental no puede volverse en su contra, salvo que se les sitúe ante el dilema de la desobediencia o la aceptación resignada de una tarea que distorsione su pro ceso de integración en la sociedad.
Todo parece indicar que al Gobierno también parece preocuparle la suerte de los objetores históricos, pero nada ha hecho para aclarar su situación. Las promesas realizadas hace un año de que se daría una salida legal no se han cumplido. Quizás lo que se pretende es dar tiempo al tiempo y que el pase a la reserva sea quien resuelva el problema, sin necesidad de recurrir a una decisión política que podría no ser bien vista en ámbitos militares. Sería una postura prudente, pero a costa de prolongar algunos años más la situación de inseguridad en la que viven los miles de jóvenes afectados.
La objeción de conciencia, como el propio servicio militar, se configura como uno de los temas a debatir en el marco del nuevo Parlamento, siquiera con el ánimo de que las instituciones democráticas y el sentir de los ciudadanos se aproximen de nuevo, y no sólo en períodos electorales.
