Fuera Pirineos

A PARTIR de principios del año próximo, España y Francia habrán dado un paso definitivo para que la barrera natural que representan los Pirineos nunca más pueda seguir asociándose a un obstáculo insuperable que alimente las tendencias de aislamiento y de desconocimiento entre los dos países. Resulta preciso señalar que, previamente a la decisión de los Gobiernos, el desarrollo de las comunicaciones, el turismo y los intercambios comerciales habían liquidado buena parte del mito fronterizo. Es probable que en esas fechas españoles y franceses puedan ir ya libremente de uno y otro lado de la frontera sin verse obligados a enseñar sus papeles y sin que ningún agente de aduanas les obligue a abrir sus maletas. Y lo mismo les ocurrirá a los ciudadanos de los otros países de la CE que utilicen en sus desplazamientos la frontera franco-española.La decisión de los Gobiernos de Francia y de España de suprimir su frontera interior como ensayo de lo que preceptivamente debe producirse el 1 de enero de 1993 denota una actitud previsora de estar preparados para cuando llegue el momento. Es lamentable, sin embargo, que la línea fronteriza que discurre por el País Vasco y Navarra haya quedado marginada de la medida ante el temor del Gobierno galo, según fuentes oficiales españolas, de que la policía aproveche las nuevas facilidades para aventurarse en territorio francés en persecución de etarras. El grado de desconfianza que denota esta actitud pudo estar justificado en el pasado, pero de ninguna manera hoy, tras el cambio radical operado sobre ETA por parte de las autoridades francesas y cuando los dos países han puesto en pie instrumentos de colaboración contra el terrorismo en los que se respetan escrupulosamente las respectivas autonomías.

La desaparición de fronteras entre países miembros de la CE nunca debiera implicar facilidades a las policías nacionales para deambular sin requisitos previos por el ámbito comunitario en busca de delincuentes probados. Mucho menos si los ciudadanos son simples sospechosos o indeseables desde la exclusiva óptica policial. Precisamente, el rechazo de Francia a reconocer el pretendido derecho policial de persecución transfronteriza -que constituiría un auténtico abuso en tanto no exista una instancia judicial europea con capacidad de control de legalidad y de tutela en cuestiones de seguridad- es el principal obstáculo que se levanta frente al intento del llamado grupo de Schengen (Francia, la República Federal de Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) de suprimir sus respectivas fronteras interiores con tres años de antelación al 1 de enero de 1993. España, que ha solicitado su ingreso en este grupo de naciones, debe contribuir a reforzar la posición de aquellos países comunitarios que consideran que la supresión de fronteras no debe significar la creación de otras -informáticas o no- que sirvan de criba invisible al derecho a la libre circulación de determinadas personas o grupos de población.