Un centenar de fincas tiene abierto un expediente de ruina en el Ayuntamiento

Estos datos, que contrastan con la cifra de 40 expedientes manejada hasta ahora por los grupos políticos, supondrá el desalojo de unas 1.000 familias, según aseguró el portavoz de IU, Francisco Herrera, para quien hay en marcha un auténtico proceso de destrucción de la ciudad.

La creación de una comisión para investigar los expedientes de casas en ruinas, tras el polémico desalojo de cuatro fincas del casco antiguo, ha sacado a la luz una realidad desconocida para los propios partidos políticos. "La dimensión de la destrucción incontrolada de la ciudad es muy superior a lo que nosotros y el movimiento ciudadano conocíamos", aseguró Herrera."Ha habido una auténtica inhibición municipal, achacable a todos, y muy particularmente a quienes han gobernado el Ayuntamiento en los dos últimos años", indicó Herrera, que se ha mostrado sorprendido de que la cifra de 40 expedientes manejada hasta ahora se haya convertido en 96.

Según la información, enviada a los miembros de la Comisión de Casas en Ruina, los casos de Cava Baja, 30; Tres Peces, 24 y 26, y Ribera de Curtidores, 6, son sólo cuatro de los 41 que se han producido en lo que va de año. La última declaración de ruina inminente se produjo el 5 de septiembre, y afectó al número 12 de la calle del Duque de Sevillano.

171 declaraciones

El elevado número de expedientes de ruina inminente no es, sin embargo, algo novedoso. El año pasado se produjeron 68 casos, que se añadieron a los 24 de 1987. En total, 133 fincas en tres años, de las que 66 tuvieron que ser desalojadas de vecinos. El número de fincas ruinosas aumenta hasta 171 si se cuentan las 38 declaraciones favorables decididas por la comisión asesora de expedientes contradictorios, cuya misión es estudiar los casos en que propietarios e inquilinos no están de acuerdo.

Izquierda Unida asegura que la situación puede verse agravada en los próximos me ses, a la vista de los 96 expedientes de ruina abiertos actualmente en el Ayuntamiento, que afectan a 102 fincas. "Si no se adoptan medidas urgentes, unas 1.000 familias madrileñas pueden verse desalojadas en breve de la casa en que viven, en un proceso similar al de Cava Baja o Tres Peces", aseguró Herrera."El Ayuntamiento puede obligar al propietario a hacer las obras de reparación necesarias, y en caso contrario, acometerlas directamente en acción sustitutoria", indicó Herrera. "También la Empresa Municipal de la Vivienda puede comprar los edificios afectados para su posterior rehabilitación, y si ello no es posible, en último caso puede acudirse a la expropiación. Ésta debe aplicarse cuando se descubra que el dueño de una finca con expediente de ruina negocia la venta del inmueble con una inmobiliaria", añadió.

"Uno de los objetivos prioritarios del Plan General de Urbanismo es precisamente mantener la población en su lugar de residencia e impedir la destrucción de la ciudad. Asegurar que este objetivo se cumple, a la vista de los datos ahora conocidos, es un sarcasmo", aseguró Herrera.