El papel de la Cruz Roja Española

En estas últimas fechas se ha desatado una fuerte polémica en la opinión pública por la distribución efectuada por el Ministerio de Asuntos Sociales de los fondos provenientes del 0,52% del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF), destinados a "otros fines de interés social". El origen del debate se sitúa en la cantidad de la ayuda recibida por Cáritas Española y su comparación con los fondos distribuidos entre otras entidades. Yo no voy a entrar en esta cuestión -ni puedo ni debo hacerlo-, pero sí me siento en la obligación de exponer a la opinión pública la posición de Cruz Roja ante el reparto de los mencionados fondos.La Cruz Roja Española, desde la aprobación de su Documento de objetivos de 1986, ha optado por robustecer su presencia en la solución a los problemas sociales que azotan a la sociedad moderna y en la lucha contra la marginación. No ha querido que esto quedase en una mera declaración de intenciones, sino que ha intentado buscar los fondos presupuestarios necesarios para desarrollar programas de intervención social sólidos y eficaces.

La perspectiva que se abrió con la disposición adicional quinta, apartado uno, de la Ley 33/ 1987, de 23 de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado para 1988 y con el Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, por el que se regulaban los fines de interés social de la asignación tributaria del IRPF, nos convenció de que esta vía nos permitía obtener dotación económica para satisfacer demandas sociales. Es más, en este decreto se especificaba expresamente que se considerarían como otros fines de interés social "los programas sociales desarrollados por la Cruz Roja Española y otras organizaciones no gubernamentales".

El decreto, de alguna manera, ya adelantaba la prioridad que se otorgaría a la Cruz Roja Española y a los programas que presentase, si éstos resultaban de interés social reconocido.

Este hecho no es un fenómeno que nazca del capricho, sino que se enraiza con una trayectoria de compromiso con los desfavorecidos desarrollada por la Cruz Roja en sus 125 años de historia. Y también con la obligación que tiene el Estado español y su Gobierno, sea del color que sea, de proteger y desarrollar la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, como consecuencia de haber suscrito los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales.

Algunas voces, desconocedoras de las peculiaridades de Cruz Roja, han querido ver en este especial trato no la consideración históricamente mantenida hacia la institución por los Gobiernos de España, sino un inconfesable deseo de favorecer el prestigio del actual equipo directivo.

Quienes así opinan desconocen la tradición española en favor de su Cruz Roja, que este Gobierno no sólo ha conservado, sino potenciado en un gesto de comprensión y apoyo a la labor histórica y actual del amplio y plural conjunto de socios y voluntarios de la institución.

De otro lado, la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Teherán en 1973, declaró que las sociedades nacionales actuarían como auxiliares de las autoridades públicas, con la misión de cooperar en las esferas de sanidad y desarrollo social., La XV Conferencia Internacional, que tuvo lugar en Tokio en 1943, ya invitaba a las sociedades nacionales a llenar los vacíos existentes en cada país en estas materias, en cooperación con las agencias gubernamentales. En coherencia con esto, la Cruz Roja es la única organización no gubernamental española que estatutariamente se manifiesta -consecuente con la Cruz Roja Internacional- como "auxiliar y colaboradora de los poderes públicos", con las obligaciones y esfuerzos de todo tipo que lleva aparejado.

Actividades solidarias

Tras la aparición del decreto, la Cruz Roja se puso a dibujar los programas que se podían presentar dirigidos a ancianos, disminuidos, incapacitados, toxicómanos, marginados sociales y actividades de solidaridad ante situaciones de necesidad. Terrenos en los que la Cruz Roja presenta una larga experiencia contrastada.

Presentamos al Ministerio de Asuntos Sociales una petición de fondos que ascendió a 5.604.528.201 pesetas, de los cuales nos fueron concedidos 3.033.775.574, un 54% de la cantidad que solicitamos.

Mi obligación como presidente de Cruz Roja es conseguir lo mejor para la institución y, en este caso que nos ocupa, la mayor dotación de fondos. En este sentido, reconociendo el esfuerzo realizado por el Ministerio de Asuntos Sociales con nosotros, puedo afirmar que me siento moderadamente satisfecho de ese 54% de dotación que hemos recibido, pues estoy convencido de que disponemos de experiencia y capacidad para haber incrementado al ciento por ciento los programas que presentamos.

De esta capacidad darán prueba nuestras más de 900 asambleas locales, los casi 600.000 socios colaboradores y los más de 100.000 voluntarios que reciben a diario la aprobación de sus conciudadanos y de los representantes de las distintas Administraciones que forman parte de los órganos de dirección de la Cruz Roja y que someten a control nuestros presupuestos y actuaciones.

Sí me congratula que el ministerio haya considerado lo suficientemente sólidos nuestros proyectos como para haber trasladado lo que era el espíritu y la letra del decreto a lo que han sido las ayudas definitivas. Cruz Roja ha conseguido el 39,78% de la cantidad distribuida por Asuntos Sociales. Esto, como presidente de la institución, supone un motivo de honda satisfacción.

Programas aprobados

El espacio del artículo de prensa no permite una explicación exhaustiva sobre los programas que desarrollaremos con estos 3.000 millones, pero sí me parece necesario hacer una enumeración de los mismos. El hilo conductor no es otro que el de buscar respuesta a demandas sociales en cuestiones como la ayuda a domicilio, la intervención comunitaria, la presencia del voluntario en las cárceles, la prevención de la marginación infantil y juvenil, la formación en socorros y emergencias, prevención, atención y recuperación social de toxicómanos, repatriación de enfermos y ancianos, asistencia a domicilio para enfermos de SIDA, prevención del embarazo en la adolescencia, retorno temporal de antiguos refugiados y asistencia socio-sanitaria a los emigrantes marroquíes y argelinos en tránsito por España. Esto, a grandes rasgos, es la labor que realizará la Cruz Roja con los fondos recibidos del 0,52% del IRPF.

Cáritas Española se ha sentido discriminada por la cantidad recibida y ha emprendido las acciones que ha creído pertinentes. Me consta, porque así me lo ha comunicado su presidente, Alfredo Marugán, que no objeta para nada el trato recibido por Cruz Roja. No puedo entrar a juzgar, pues ignoro la entidad de los programas presentados por Cáritas y los criterios seguidos por el ministerio con otras organizaciones distintas a Cruz Roja. La cuestión ha entrado en los tribunales, y serán los jueces quienes digan la última palabra. No obstante -y sin ningún ánimo de polemizar-, no podemos obviar que la ciudadanía, en el momento de enfrentarse a su declaración de la renta de 1988, optó entre dedicar su aportación a la Iglesia o a "otros fines de interés social". Y cabe suponer que quienes se inclinasen por la opción religiosa pensasen que, entre otras, dedicaban su aportación a la labor social que realiza la Iglesia a través de las organizaciones a las que está vinculada. Asimismo, quienes se decantaron por la opción laica dirigieron su aportación hacia la casilla de "otros fines de interés social".

Lo que ni Cáritas ni Cruz Roja ni otras organizaciones no gubernamentales pueden hacer es entrar en una disputa por ver quién sienta al pobre a su mesa. Lo que necesitan los sectores desfavorecidos de la sociedad es la colaboración y el apoyo entre todos nosotros y con las autoridades públicas. Este es el camino emprendido, al menos, por Cruz Roja.