Trabajo estima que la junta rectora de la cooperativa Pablo Iglesias continúa en el ejercicio de sus funciones

El alcalde de Getafe, Pedro Castro, propietario de una de las viviendas de la cooperativa Pablo Iglesias afectadas por un embargo judicial, y Jesús Neira, concejal de Urbanismo y otrora ligado a la dirección de la entidad, afirmaron ayer que la Dirección General de Cooperativas debería liquidar la entidad y utilizar su patrimonio para pagar las deudas. La dirección general, sin embargo, en un informe enviado a Castro en 1987, sostiene que la junta rectora "continúa en el pleno ejercicio de sus funciones". Pero los miembros de ésta abandonaron de hecho la gestión hace tres años tras intentar sin éxito su disolución.

El alcalde de Getafe, Pedro Castro, es uno de los 172 cooperativistas afectados por la orden de embargo preventiva contra sus viviendas ordenada por el Juzgado número 1 de Instrucción de Madrid. El embargo está motivado por la deuda de 230 millones de pesetas que la cooperativa mantiene con la empresa Contractor.Castro afirmó ayer: "La Dirección General de Cooperativas debería intervenir para hacer la liquidación del activo y pasivo de la cooperativa y que se pague a Contractor".

Algunos afectados de la promoción de Getafe criticaron con mucha dureza la actuación, o mejor la falta de actuación, de la junta rectora, que ha abandonado sus funciones de hecho desde la asamblea general de enero de 1987. Los afectados han puesto el caso en manos de un bufete de abogados.

Por otra parte, el concejal de Urbanismo de Getafe, Jesús Neira, que reune la condición de afectado por el embargo y antiguo directivo de la entidad afirmó ayer: "Actualmente hay una situación de desgobierno, ya que no se sabe si existe junta rectora o no". Ayer no fue posible hablar con la Dirección General de Cooperativas. El director y el subdirector, según informaron, no estarán en sus despachos hasta el próximo miércoles.

Desbarajuste legal

Los socios de Getafe reunen estos días documentos que puedan arrojar alguna luz sobre el momento legal de esta cooperatíva, promovida por el PSOE y la UGT. Uno de estos documentos, firmado el 21 de julio por el director general de Cooperativas, del Ministerio de Trabajo, señala: "En la actualidad, el consejo rector existente en la Cooperativa Pablo Iglesias en la fecha origen de las actuaciones (junio de 1986) continúa con el pleno ejercicio de sus fíanciones".El informe de la Dirección General narra que, el 3 de julio de 1986, el presidente de la Pablo Iglesias pidió la intervención de la Dirección General de Cooperativas, que convocó la asamblea extraordinaria. de enero de 1987, que acabó sin acuerdo entre la directiva y los socios asistentes. Paralelamente, una inspección realizada por inspectores de Trabajo reveló diversas infracciones en el funcionamiento de la entidad, por las que se impusieron dos multas por un valor total de 505.000 pesetas. La Dirección General de Cooperativas remitió los informes de la inspección, el 19 de enero de 1987, al fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Madrid, que lo remitió al Juzgado de Guardia.