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Expedientados dos empleados de un hospital de Cádiz por abuso sexual de enfermas mentales

La Diputación Provincia¡ de Cádiz ha expedientado a dos trabajadores de¡ hospital Mora, ubicado en la capital, al ser acusados por médicos y enfermeras de cometer abusos sexuales con enfermas internadas en la unidad de salud mental de] centro, dependiente de la citada institución. "s expedientados, pese a que la Diputación se negó a dar los nombres, son J. L. B. y J. C., ambos auxiliares de clínica y adscritos al turno de noche. El primero es afiliado a USO, y de momento ha sido trasladado, junto a su compañero, a otra sección del hospital hasta que se esclarezcan los hechos.

Antonio Fernández, vicepresidente de la diputación y responsable del área de Personal, informó ayer que el primer expediente se inició el pasado día 16 de agosto, a raíz de una comunicación del personal facultativo y de enfermería. En sus primeras declaraciones, el denunciado, en este caso J. L.B., padre de familia numerosa, rechazó, al parecer, las acusaciones, aunque reconoció que "tan solo toqué a una enferma para comprobar si se había orinado en la cama".La denuncia contra el mismo está apoyada por los testimonios (le varios médicos y enfermeras de la Unidad de Salud Mental del hospital gaditano. Esta versión de lo sucedido ha sido calificada por el propio Fernández como "rara", aunque, según sus palabras, la denuncia tiene indicios de ser cierta.

Luis Carneiro, presidente del comité laboral del Hospital Psiquiátrico El Madrugador, un segundo centro de enfermos mentales donde anteriormente desempeñaban su labor los dos expedientados, dijo a este periódico que "es muy frecuente que se produzca este tipo de denuncias por parte de las internas e internos hacia sus cuidadores". Carneiro precisó que "lo hacen muchas veces, quizás por sistema", y advirtió que, pese a ello, no deja de ser "un asunto rnuy serio y muy grave que, en caso de ser cierto, habrá de castigarse como es debido".

Por otra parte, José Toledo, representante de CC OO en la junta de personal de la Diputación, irisistió en la necesidad de que se actuara con el máximo rigor en caso de comprobarse la veracidad de las denuncias formuladas. No obstante, ayer se percibía en el seno de la plantilla laboral del Hospital Mora un gran hermetismo sobre este asunto y, especialmente, en torno a los dos expedieritados. Responsables del centro gaditano consultados por este periódico se negaron a facilitar información alguna sobre los hechos.

Precisamente, el próximo 9 de octubre concluye el plazo administrativo dado a J. L. P, el primero de los expedientados, para que presente el correspondiente pliego de descargo, tras lo cual, la Diputación determinará si eleva el caso a los tribunales. La segunda denuncia, en la que se involuera a J. C., se produjo también por la declaración de una enferma, avalada por una médica del centro. Este trabajador ha rechazado las acusaciones y ha reclamado una intensa investigación para determinar la veracidad de la denuncia presentada.

Investígación de la serenidad

La Diputación de Cádiz se vio obligada hace dos años a despedir a otros dos trabajadores adscritos al centro de educación especial de El Madrugador, el primer complejo psiquiátrico de la provincia, por cometer abusos sexuales con un joven deficiente mental. Al igual que en esta ocasión, los responsables de esta institución actuaron con todo sigilo hasta que finalmente se determinaron, por medio de la investigación administrativa, las responsabilidades que dieron lugar al despido de ambos empleados.Hasta la fecha, los hechos ocurridos en la unidad de Salud Mental del Hospital Mora no han sido puestos en conocimiento de la autoridad judicial por no estar concluidas aún todas las diligencias de caracter administrativo que se han de efectuar en el seno de la Diputación.

Según informó Antonio Fernández, vicepresidente de la Diputacion, se requiere, conforme a la nueva normativa sobre los delitos contra la libertad sexual, conocer con precisión, a traves de los informes psiquiátricos necesarios, la capacidad legal que tienen las enfermas para presentar por sí solas las denuncias, así como la disposición de sus familiares a iniciar estos trámites ante la Justicia. Fernández resaltó ayer que "la Diputación ha actuado con celeridad, diligencia y serenidad, teniendo en cuenta que las personas afectadas son psíquicamente débiles y cualquier comentario sobre este particular les puede dañar o causar un perjuicio irreparable".

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