Un juez en la clandestinidad

Andrés Suárez Niño, de 32 años de edad, juez de Bogotá, presidente de la única asociación profesional de la judicatura de su país, vive prácticamente en la clandestinidad. El pasado fin de semana, Suárez abandonó temporalmente Colombia y se trasladó a Bélgica para entrevistarse con los magistrados europeos y solicitar su ayuda.

Suárez Niño, titular de un juzgado de lo penal de la ciudad de Bogotá y presidente de la asociación profesional de magistrados y funcionarios judiciales de Colombia, decidió el pasado 18 de agosto vivir en la clandestinidad. Ese mismo día los mercenarios del narcotráfico habían asesinado a su amigo y compañero Carlos Enrique Valencia, magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Sólo entonces el juez Suárez decidió tomarse en serio las amenazas que había recibido de los narcotraficantes, abandonar el domicilio familiar, su esposa y sus hijas, de cuatro y siete años de edad, y pernoctar cada noche en una casa diferente, para reaparecer por la mañana en el juzgado.Suárez imparte justicia permanentemente custodiado por tres policías, mientras en el exterior los compañeros y amigos se relevan en un doble servicio de control y vigilancia. Cuando acaba su jornada laboral, el magistrado se pierde en la ciudad en un lugar que muy pocos conocen.

El caso de Andrés Suárez Niño no es una excepción. Así lo explicó el propio magistrado en el transcurso de una asamblea internacional de jueces y fiscales progresistas -Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades- celebrada el pasado fin de semana en Bruselas. El juez colombiano expuso con todo detalle cómo uno de cada tres jueces de Colombia está amenazado personalmente de muerte por los mercenarios o las fuerzas parapoliciales al servicio de los narcotraficantes.

1.600 jueces amenazados

El magistrado aseguró a los reunidos que en la actualidad se encuentran amenazados personalmente de muerte 1.600 jueces, lo que significa un 30% del cuerpo jurídico del país. Recalcó que la situación es "especialmente grave" para cuatro compañeros, que se verán obligados a abandonar el país en los próximos días para eludir las amenazas.Recordó Suárez que desde el 15 de junio de 1980 se ha asesinado en Colombia a 220 jueces y magistrados y que algunos de ellos han optado por exiliarse, aceptando destinos en las delegaciones diplomáticas o, en situaciones extremas, pidiendo la baja en la carrera judicial, como la magistrada Nubia Serrano que le precedió en el cargo de presidente de la Asonal Judicial -Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Jurisdiccional- y que actualmente reside en Madrid.

Antonio Suárez asegura que el propio Gobierno colombiano se ha confesado incapaz de preservar las vidas de sus magistrados por "carecer de recursos económicos" para financiar sistemas de seguridad adecuados. Subrayó que recientemente se había publicado en la prensa que Estados Unidos estaba dispuesto a entregar a Colombia 69 millones de dólares -8.280 millones de pesetas- con los que comprar chalecos antibalas o tanquetas para custodiar a los magistrados amenazados. Pero incluso estas propuestas, que en su opinión hacen ruborizar a cualquier juez demócrata, no llegaron a hacerse realidad.

Con cierta ironía, el juez Suárez acabó explicando a los magistrados europeos que el Gobierno, que había incautado los bienes personales de los narcotraficantes, había decidido recientemente entregar los coches blindados de los barones de la droga a los jueces amenazados %Se imaginan un juez de Bogotá sentado en el volante del carro de Gonzalo Rodríguez Gacha, el Mejicano?", apostilló el magistrado.

El juez interrumpió por un momento su discurso, buceó en el interior de una pequeña cartera de piel negra y de su interior sacó fotocopias de cartas anónimas enviadas en los últimos meses a los empleados de justicia de su país; esquelas mortuorias a nombre de jueces aún vivos, cartas firmadas por un denominado "grupo de farnifiares" de narcotraficantes en trámite de ser extraditados a Estados Unidos o ese singular documento de un mercenario que reclama a su víctima, en una carta redactada en términos muy respetuosos, el pago de 350.000 pesos para compensarle por los prejuicios económicos ocasionados al no haberle podido dar muerte y no haber cobrado el dinero prometido por la mafia de la droga en pago del atentado.

El magistrado Suárez inició con esta exposición, efectuada ante los magistrados en Bruselas, un largo periplo por Europa, durante el cual tiene intención de entrevistarse con las diferentes asociaciones judiciales para recabar su solidaridad y la ayuda económica.

El magistrado tiene también la intención de explicar con todo detalle la actitud, en su opinión farisaica, de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, que "carecen de voluntad política para acabar con el narcotráfico", ya que mientras persiguen a los traficantes de Medellín no hacen nada por encarcelar a los que venden la droga en EE UU.

Pero además, según del juez, la lucha contra el narcotráfico se está efectuando sin garantías procesales, y algunas de las decisiones adoptadas -extradición de los jefes y confiscación de sus bienes- son dudosamente legales y podrían acabar con una resolución favorable a los inculpados, lo que significaría la impunidadjde los narcotraficantes. En el fondo, concluyó el magistrado, se trata de una operación con la que se intenta reestructurar el mercado de la droga y culpabilizar a Colombia de los problemas ocasionados por la drogadicción.

El viaje europeo del magistrado Antonio Suárez Niño no ha hecho más que empezar. Aún ahora en Bruselas se siente inseguro y se sobresalta cuando un automóvil adelanta al taxi en el que viaja e intercepta su trayecto. Es una reacción instintiva. Es el recuerdo de una práctica habitual de los mercenarios, que en su país cruzan inesperadamente un coche en el camino y tirotean a su víctima desde otro vehículo.