El Ayuntamiento de León ocupa un río
La Comisaría de Aguas del Duero dice que hay peligro para la población de la zona
La Comisaría de Aguas del Duero ha impuesto al Ayuntamiento de León multas por valor de casi cuatro millones de pesetas, a las que se añadirá otras de mayor cuantía en las próximas semanas, por la ocupación ilegal del cauce del río Torío en un tramo de cinco kilómetros en los alrededores de la ciudad y en otros municipios vecinos. Los documentos en los que se comunican las sanciones aseguran que "se está estrechando peligrosamente el cauce y en caso de fuertes avenidas el río se desbordaría y podrían peligrar viviendas y vidas humanas".
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, José María de la Guía, ha manifestado que "según mediciones y estudios técnicos más recientes, el riesgo no es alarmante, aunque sí existe una seria preocupación".La alarma por la ocupación de los terrenos naturales del río fue dada, según las mismas fuentes, por los guardas de la Confederación, a cuyas denuncias han seguido numerosas multas: 1,5 millones de pesetas el 19 de abril por la construcción de un polideportivo municipal en pleno lecho del río, al que se le restaron cerca de 80.000 metros cuadrados en la barriada de Puente Castro (rellenados con escombros procedentes del servicio de recogida de basuras); 1,5 millones más el día 20 del mismo mes, por una infracción similar a pocos centenares de metros de distancia; un millón de pesetas en una zona verde conocida como La Candamia, con requerimiento de "retirar los materiales arrojados al cauce en el plazo de 15 días", y una última sanción de 25.000 pesetas, a modo de recordatorio de todas las anteriores, en la que se insistía en la urgencia de reponer el cauce del Torío a sus dimensiones históricas.
Peligro para la zona
Según los guardas, una gota fría con apenas la mitad de intensidad de lluvias que la que recientemente azotó la zona mediterránea, amenazaría varios barrios y pueblos de la periferia leonesa, con consecuencias imprevisibles.El Ayuntamiento de León, sin embargo, no ha pagado ninguna de las multas ni tampoco ha retirado las escombreras, cuya ubicación es dada ya como irreversible, hasta el punto de que hace sólo un mes la Confederación acordó autorizar a posteriori las obras, aunque manteniendo las sanciones iniciales. Según De la Guía, esta decisión se ha adoptado por informes técnicos de última hora que contradicen la alarma de las primeras denuncias o, al menos, la relativizan. "Si los técnicos dicen que las obras no revisten peligro, debemos fiarnos de ellos". No se dan otras explicaciones.
Tanto la Confederación como la Comisaría de Aguas del Duero prefieren centrar a partir de ahora sus controles en una cuarta escombrera, situada en terrenos particulares, tres kilómetros aguas arriba de las anteriores. La finca, una antigua gravera que ocupaba una isleta del río frente a la pequeña localidad de Villamoros, fue adquirida hace 10 años en subasta pública a la junta vecinal del lugar por tres particulares. Ahora ha desaparecido uno de los dos brazos del río y el otro, frente al pueblo, corre el riesgo de ser semicegado. Uno de los propietarios, Juan Antonio Gallego Moris, reconoce haber comprado los terrenos para convertirlos en urbanizables, partiendo de una superficie inicial de 128.000 metros cuadrados.
La zona está siendo rellenada por el Ayuntamiento también con escombros procedentes de su servicio de recogida de basuras, de forma gratuita para los propietarios, que habían pagado por todo el terreno sólo nueve millones de pesetas "cuando no los quería nadie. Sólo cuando se nos prometió de palabra, como golosina, la posibilidad de convertirlos en urbanizables - lo que todavía está en trámite- se presentaron dos ofertas más de constructores, aunque al fin ganamos nosotros. De momento nos conformamos con rellenar el terreno, porque ir más allá requiere inversiones que por ahora están fuera de nuestro alcance", dice Gallego.
Los propietarios de la zona niegan haber comido terreno alguno al río y dicen respetar escrupulosamente las lindes que figuraban en el pliego de condiciones de la subasta.
La Comisaría de Aguas, por el contrario, insiste en que uno de los dos brazos del cauce ha sido completamente cegado y que el otro se ha estrechado considerablemente. "Se trata de un desmadre que tenemos que atajar y para ello vamos a endurecer los expedientes sancionadores".
