El Gobierno aumentará su control sobre Barcelona 92

El Gobierno aumentará su control sobre el desarrollo general y el cumplimiento de los plazos de ejecución de los proyectos que convergen en los Juegos Olímpicos de 1992 como consecuencia de las deficiencias organizativas y de los incidentes políticos que dieron al traste con la inauguración del estadio de Montjuïc. El Gobierno considera que, tras el fiasco de Montjuïc, "se está comprometiendo la imagen y el prestigio de España", según fuentes gubernamentales.

Si no fuese por la convocatoria anticipada de elecciones generales, el fracaso de la inauguración del estadio Olímpico ya habría desembocado con toda probabilidad en una nueva crisis en la organización de Barcelona 92, según coinciden diversas fuentes implicadas en el proyecto o4mpico. La cita electoral ha aplazado, por razones obvias, la adopción por parte del Gobierno de medidas para incrementar su control sobre la organización de los Juegos.Las mismas fuentes estiman que lo más factible es que la comisión interministerial que debe coordinar los trabajos gubernamentales relacionados con Barcelona 92 -que, a pesar de que su creación fue anunciada a finales del año pasado, aún no ha sido constituida- sea el organismo a través del cual se arbitrará la fiscalización de la Administración central sobre Barcelona 92.

Comisario

La principal duda que pesa sobre la futura comisión interministerial es si dicho organismo sería presidido por el propio presidente del Gobierno, Felipe González, o bien por un ministro. Medios gubernamentales no descartan que dicha comisión interministerial pudiera crear en Barcelona una infraestructura propia y delegar sus funciones ejecutivas en un comisario de la Administración central.Esta última posibilidad no sería aceptada de buen grado por el alcalde de Barcelona y presidente del comité organizador de los Juegos (COOB), Pasqual Maragall, quien ya a finales del año pasado, en medio de la crisis más virulenta de cuantas ha atravesado el COOB hasta ahora, se negó tajantemente a aceptar la creación de una vicepresidencia ejecutiva en el organigrama del comité organizador, idea que compartían el Gobierno, la Generalitat, el Comité Olímpico Español y el propio Samaranch. A pesar de su soledad frente a aquella ofensiva, Maragall consiguió que el Gobierno aflojase la presión y le extendiera un cheque en blanco para resolver y cerrar la crisis a su modo. El cheque, sin embargo, tenía fecha de caducidad: un año.

Ahora, cuando ese plazo está a punto de expirar, en medios gubernamentales se entiende que las deficiencias y los incidentes que rodearon la inauguración de Montjïc pusieron de manifiesto que "la crisis se cerró mal".

La tarea de fiscalización del Estado sobre Barcelona 92 pondrá énfasis en dos aspectos: que los calendarios de ejecución de proyectos se cumplan según las previsiones y que la organización de los JJ OO trabaje en la promoción de la cita olímpica de 1992 en toda España. Esta última cuestión inquieta al Gobierno, especialmente después de los silbidos al Rey y a los atletas españoles en la inauguración del estadio de Montjuïc. Este suceso, según fuentes gubernamentales, ha multiplicado un cierto sentimiento de desapego en el resto de España respecto a los Juegos de Barcelona; sentir que se traduciría en la creencia popular de "allá se lo hagan los catalanes con sus Juegos".

El Ayuntamiento de Barcelona defiende el modelo organizativo actual, basado en el liderazgo municipal. Maragall saludaría la creación de la comisión interministerial como una muestra "positiva" de la implicación del Gobierno, así como que dicho ente fuese presidido por González, aunque rechazaría la hipótesis de un comisario gubernamental.