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Pujol, dispuesto a negociar el traslado de 'etarras' después de las elecciones

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, manifestó ayer estar dispuesto a negociar con el Gobierno central el eventual traslado de presos etarras a cárceles catalanas después de las próximas elecciones, según declaró a través de la emisora institucional Catalunya Ràdio. La falta de acuerdo entre ambas administraciones es la causa, también, de que la recientemente inaugurada prisión de La Roca permanezca vacía, pese a que su puesta en marcha es fundamental para descongestionar la cárcel Modelo.Jordi Pujol, en una de sus regulares intervenciones en las emisoras de la Generalitat, se mostró "dispuesto a hablar" sobre la admisión de presos etarras en las prisiones catalanas y apoyar, en este sentido, la política de dispersión de los terroristas iniciada por el Gobierno central el pasado mes de abril,, pero impuso como condición que esta eventual negociación se produzca "después de las elecciones y no bajo presión". Pujol criticó la forma en que la Administración central ha tratado esta cuestión y acusó a sus responsables de "negligencia y olvido de los derechos de la Generalitat".

El traslado de presos procedentes del resto de España a Cataluña -única comunidad autónoma que tiene competencias plenas en materia penitenciaria- está regulado por el Real Decreto de 20 de junio de 1984, donde se delimitan las circunstancias que deben concurrir en casos de este tipo: el recluso debe tener vinculación familiar o laboral con el territorio de destino, o bien ser requerido judicialmente. El traslado puede producirse a petición del interno o por necesidad de las administraciones implicadas.

Entre el 27 de junio y el 4 de septiembre pasados, responsables de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia enviaron hasta cuatro cartas consecutivas a la dirección general homóloga de la Generalitat solicitando la admisión de un número determinado de presos etarras, que finalmente se fijó en 12, en las cárceles Modelo y Lérida 2. Pocos días después de la última misiva, el Departamento de Justicia de la Generalitat comunicó su negativa acogiéndose a lo dispuesto en el mencionado decreto.

Antes de producirse la respuesta oficial, sin embargo, medios próximos a la Presidencia del Gobierno de la Generalitat habían utilizado como argumento el estado de congestión en que se encuentran las prisiones catalanas, y habían sugerido la conveniencia de que la negociación para el eventual traslado de presos de la organización terrorista ETA a Cataluña incluyera asuntos como la financiación de las dotaciones de Mossos d'Esquadra encargadas de la vigilancia de centros penitenciarios.

La falta de acuerdo en esta cuestión es la causa de que la nueva prisión de Quatre Camins, en La Roca del Vallès, permanezca vacía, pese a que ya deberían haberse iniciado los primeros traslados de 900 reclusos procedentes de la Modelo. La Generalitat exige al Ministerio del Interior una partida presupuestaria extraordinaria para financiar la dotación de mossos encargada de vigilar la cárcel de La Roca.

La Administración central se ha negado hasta ahora aduciendo que los acuerdos de la Junta de Seguridad sólo la obligan a pagar en los casos en que la policía autonómica ejerce funciones encomendadas anteriormente a la Guardia Civil.

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