El fiscal afirma en sus conclusiones que Barreiro cometió una "palmaria injusticia"

El fiscal del Tribunal Superior de Galicia, Antonio Couceiro, reiteró ayer la solicitud de seis años y un día de inhabilitación para Xosé Luis Barreiro por un presunto delito de prevaricación antes de quedar visto para sentencia el juicio del sumario del juego. Couceiro señaló que el ex vicepresidente de la Xunta cometió una "palmaria injusticia" al adjudicar la lotería instantánea a la Sociedad General del Juego de Galicia (SGJG), e incluso señaló que si el acusado es absuelto debería revisarse en las Cortes la figura de prevaricación. La defensa solicitó la absolución señalando que Barreiro actuó velando "por los intereses generales".

A lo largo de tres horas, Couceiro desgranó la historia de lo que definió como "gran chapuza". Según las conclusiones finales del fiscal, Juan Carlos Olano, un ingeniero químico titular de la SGJG supo que iba a ser aprobado el reglamento de un juego de boletos en Galicia cuya concesión podría vender ventajosamente al grupo catalán CIRSA, una de las mayores empresas del juego, con la que tenía contactos.A finales de 1985 contactó con Barreíro, a la sazón vicepresidente de la Xunta, gobernada por AP. El encuentro tuvo lugar gracias a la intervención de Javier Rosón, hermano de¡ entonces presidente de¡ Parlamento autonómico, Antonio Rejón. "Celebrada personalmente la entrevista con el procesado y explicados por el señor Olano sus proyectos", señaló el fiscal, "consigue de aquél [Barreirol], bien sea por la intervención de los hermanos Rosón, bien porque como parece más verosímil por una contraprestación o por otra causa que lógicamente ninguno ha querido aclarar, la promesa firme de serle concedida a él la autorización".

El 18 de marzo de 1986 después de que AP renovase su mandato en la Xurita, Barreiro firmó la concesión a la SGJG una empresa con un capital social de 100.000 pesetas quegestionaría en régimen de monopolio un juego que estaba previsto pond.ría en circulación 60 millones dle boletos al año, con unos ingresos estimados de 6.000 millones de pesetas anuales. Según el fiscal, la concesión se otorgó a una sociedad "que sólo existía en la imaginación del señor Olano". Intentar dar una cobertura jurídica a esta pr:imera concesión apresurada provocó un largo cúmulo de ir-regularidades, a juicio de¡ ministerio público.La sociedad (que en esa época ya era propiedad de CIRSA y Reereativos Franco) obtuvo la autorización definitiva en octubre de 1986, en supuesta concurrencia con otras 21 solicitudes examinadas en una sesión de la comisión del juego, cuyas actas fueron falseadas, siempre según el fiscal.

Los abogados defensores Horacio Oliva y José Antonio Lois señalaron que el fiscal formuló su acusación a partir de una "concatenación de presunciones" que no tienen razón de ser si no se demuestra que Barreiro actuó por un móvil económico. Sin embargo, la investigación del patrimonio del ex vicepresidente no ha logrado descubrir niriguna irregularidad, lo que ajuicio del letrado Horacio Oliva convierte a Barreiro, "en une de los pocos políticos con carné de identidad de honradez en el bolsillo".

En cuanto a que la sociedad beneficiaria de la concesión no estaba constituida, la defensa destacó que tampoco cumplían este requisito el resto de las empresas optantes. Asimismo, Oliva acusó al fiscal Couceiro de "agitar el fantasma del cohecho, acusación ya sobreseida" y "utilizar el ardid de la culpabilidad moral".

El acusado hizo uso de su derecho de dirigirse al tribunal antes de finalizar la vista. Xosé Luis Barreiro visiblemente emocionado citó unas declaraciones suyas al principio del caso en las que aseguraba que me siento protegido y no perseguido por la Justicia". Según el ex vicepresidente, el juicio que ayer finalizó estaba dírigido más que contra su persona contra el funcionamiento de una Administración autonómica "imberbe e impotente".